Jorge Javier Romero Vadillo
Sin Embargo
05/11/2020
Mientras escribo, sigue en vilo el ganador de las elecciones en los Estados Unidos. El sistema electoral del siglo XVIII, abigarrado e inequitativo, va arrojando lentamente los resultados estado por estado, con su terrible veredicto sobre el ganador que se lleva todo, mientras que el segundo lugar, aunque esté a solo unas centésimas de su competidor se queda sin un solo voto en el colegio electoral. Cansinamente vemos cómo, a pesar de estar casi cuatro millones de votos ciudadanos arriba del energúmeno contra el que compite, Biden aún puede perder la Presidencia, aunque el optimismo mueve a pensar que logrará finalmente abatir a la bestia.
Ese sistema de voto, con retruécanos que permiten a la Suprema Corte decidir que se suspenda el cómputo en un estado aún cuando queden votos por contar, como ocurrió en la malhadada elección de 2000, cuando Gore podía ganarle a Bush Jr., fue lo que llevó al gran politólogo Robert Dahl a preguntarse qué tan democrática era la Constitución de los Estados Unidos. Para responder la pregunta elaboró uno de sus últimos libros, brillante y acucioso, en el que mostraba el enorme déficit de la histórica democracia en América respecto a la de los países más desarrollados de Europa, no solo por su sistema electoral, sino también por su añejo presidencialismo que una y otra vez lleva al conflicto paralizante entre ejecutivo y legislativo.
De ahí que los resultados no sean promisorios incluso si finalmente logra ganar Joe Biden, pues es casi seguro que los republicanos mantengan el control del Senado, con lo que el nuevo Presidente se quedaría sin posibilidades de impulsar una agenda de reformas sustantivas en sanidad o educación y mucho menos podría cambiar el abusivo arreglo fiscal que le heredaría Trump.
Un sistema elitista y conservador, heredero de la república patricia imaginada por los padres fundadores, en el que es posible crear distritos con forma de salamandra con tal de dividir el voto de la población negra o de las comunidades minoritarias y agrupar el de los blancos anglosajones para garantizar el statu quo.
El nerviosismo y el pesimismo que acompañan el seguimiento de la elección, cuando aún puede ser que Donald Trump consiga cuatro años más para ejercer su poder atrabiliario y abusivo, se atempera al ver los otros resultados electorales, los de los referendos sobre diversas proposiciones de leyes locales, como la del aumento del salario mínimo en Florida, voto progresista que contrasta con el triunfo de Trump en ese estado. Pero las mejores noticias vienen de ahí donde se votaron proposiciones relativas a la política de drogas, pues en ahí donde se propusieron medidas de regulación no prohibicionista estas avanzaron.
En primer lugar, destaca la decisión de los ciudadanos de Oregon de despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de todas las drogas ilegales. Con ese cambio, aquel estado de la costa oeste toma el camino de países como Portugal o Suiza, que han dejado de criminalizar a los consumidores y han dejado de usar los delitos de posesión de drogas como instrumento de control poblacional contra los grupos más vulnerables.
Me dirán que en México esa medida ya fue adoptada desde hace años, cuando se estableció la tabla de umbrales de posesión para consumo inmediato de sustancias ilegales, pero en realidad aquí no se despenalizó la posesión para el consumo personal: solo se estableció el no ejercicio de la acción penal y en la práctica, los umbrales bajísimos sirven como rasero para la extorsión de los usuarios de drogas que caen en manos de las policías. Además, Oregon es pionero en los Estados Unidos, donde la criminalización de la posesión de drogas se ha usado de manera racista para acosar y reprimir a los jóvenes negros y latinos, mientras es mucho menos común que se acuse de posesión a consumidores blancos. Las cárceles de todo el país están llenas de consumidores y pequeños traficantes. Oregon ha decidido dejar de gastar recursos en una política que solo causa sufrimiento y agrava los riesgos del consumo, pues los usuarios problemáticos no se acercan a los servicios de salud por el temor de ser encarcelados.
También en Oregon se dio otro avance pionero: la legalización de la psilocibina, el componente activo de los hongos alucinógenos, para uso médico. La prohibición de las drogas psicodélicas, desde los años de la guerra de Nixon, causó un retroceso enorme en la investigación tanto con psilocibina como con LSD para la atención de condiciones neuropsiquiátricas, como depresiones profundas o síndromes de estrés postraumático. Ahora en aquel estado del Pacífico se podrán desarrollar nuevos tratamientos promisorios, al tiempo que comienzan a diluirse los prejuicios basados en falsedades sobre las drogas psicodélicas.
En cuatro estados más, Arizona (donde la propuesta perdió una votación previa), Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur, votaron por legalizar el uso adulto de la mariguana. Con estos, suman ya 15 los estados donde se ha regulado de manera integral la mariguana, desde la producción hasta la venta a los consumidores mayores de edad, con reglas que restringen el acceso a menores –cosa que ningún traficante hace– y que reducen sustancialmente el negocio de las organizaciones criminales, al tiempo que permiten el libre desarrollo de la personalidad de los consumidores informados. También el Distrito de Columbia votó en una elección previa la legalización plena de la mariguana, pero no la ha podido poner en práctica por restricciones federales, dada su condición de sede de los poderes.
En Dakota del Sur se votó además la regulación del uso medicinal del cannabis, al igual que en Mississippi. Así, ya son 33 los estados que tienen regulado el acceso a la mariguana con fines terapéuticos. La mayoría de la población de los Estados Unidos ha dejado atrás los prejuicios respecto al cáñamo y ha aceptado su uso psicoactivo y medicinal, lo que representa un paso más en el desmantelamiento de la prohibición de las drogas, ese absurdo de políticas públicas, impulsado por Estados Unidos, que ha causado grandes males y cientos de miles de muertos en el mundo.
El avance de la regulación de la mariguana en cinco estados más y la despenalización de todas las drogas en Oregon muestran claramente que se puede superar el prohibicionismo sin esperar a la reforma de los tratados internacionales, pretexto al que se suele recurrir en México.
Ojalá nuestros legisladores vean este resultado y se den cuenta del despropósito de mantener la prohibición de la mariguana en México. El dictamen congelado en el Senado debe discutirse ya en lo particular, para eliminar sus rasgos absurdos, que benefician a las grandes compañías extranjeras, y dar por fin el paso que convertiría a México en el tercer país del mundo con una regulación integral sobre cannabis. La prohibición ya no se sostiene y la Suprema Corte la ha declarado inconstitucional, pero los legisladores mexicanos siguen rizando el rizo.