Jacqueline Peschard
La Crónica
21/04/2021
Gobernar con base en información oportuna y verdadera es clave para obtener buenos resultados que ataquen eficazmente los problemas de la sociedad. Lo contrario, gobernar manipulando la información, o utilizándola de forma selectiva, puede servir para acumular poder, pero no para sustentarlo en el escrutinio de la sociedad, ni para empoderar a los ciudadanos. Al final, un gobierno que recurre a mentiras, a verdades a medias, o a datos no verificables, podrá mantener anestesiada a la población durante un rato, pero al final, los problemas seguirán ahí y será incapaz de lograr sus objetivos.
De acuerdo con el Reporte 1-2021 de la organización civil, Signos Vitales (SV) que preside Enrique Cárdenas, éste resulta ser el caso del gobierno del presidente López Obrador. Al hacer un balance del primer tercio de su administración, el Reporte identifica que en cada mañanera se miente en promedio 80 veces, porque la información se fragmenta o se disfraza, o porque cada vez hay menos información con datos e indicadores completos sobre los temas de interés nacional.
A partir de recopilar y analizar información sobre hechos comprobables, trabajada por distintos grupos de la sociedad civil, SV se ha propuesto elaborar diagnósticos puntuales sobre los asuntos relevantes de nuestro país. Su objetivo es generar una voz de alerta sobre la asimetría de información, pero también contribuir a tender puentes para un entendimiento mínimo entre la sociedad y el gobierno que permita remontar la honda polarización que existe y que el propio discurso presidencial ha fomentado.
Es cierto, como apunta SV, que el presidente ha mostrado especial sensibilidad para detectar muchos de los males que nos aquejan y que ha adoptado buenas decisiones como el incremento al salario mínimo, o el lanzamiento y/o reforzamiento de programas sociales como el de adultos mayores, o de jóvenes construyendo futuro, pero aún en esos casos, no se han mostrado resultados avalados en bases de datos completas y actualizadas. Los padrones de beneficiarios se han construido con los 22mil servidores de la nación que han asumido tareas de promoción política, lo cual se ha reflejado en la propia estrategia de vacunación contra Covid-19 que se sustentó en el censo del bienestar, levantado por dichos servidores. El abandono del valor de la verdad ha impedido que podamos vislumbrar una recuperación no sólo en materia sanitaria, o económica y social, sino en seguridad pública, o gobernabilidad y los más afectados son quienes ya desde antes carecían de niveles de bienestar.
La información recabada y organizada por SV permite identificar una tendencia del gobierno actual a tomar decisiones unilateralmente, sustentadas en una estrategia de comunicación cotidiana y personalizada. Con el respaldo de “otros datos”, la presentación de los diversos temas en las “mañaneras” ha apostado al impacto propagandístico, más que a alimentar la deliberación pública. La creciente concentración del poder en manos de una sola persona se ha basado en la combinación de decisiones que van desde múltiples modificaciones constitucionales -2019 fue el tercer año con el mayor número de reformas constitucionales desde 1917- hasta reformas legales y reglamentos que se caracterizan por sus deficientes formulaciones normativas. Por ello, la SCJN ha acumulado en estos años 33 controversias constitucionales contra leyes que atropellan las competencias de otros poderes, u organismos constitucionales autónomos y 7 acciones de inconstitucionalidad por transgredir disposiciones constitucionales y de tratados internacionales.
La información analizada por SV muestra que el presidente ha aprovechado su mayoría en el Congreso federal para sacar adelante leyes y reformas que han violentado derechos y libertades establecidas en nuestra Carta Magna. Leyes nacionales como la de Extinción de Dominio, del Uso de la Fuerza, del Registro de Detenciones o del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional han sido impugnadas por violar 25 derechos fundamentales.
El debilitamiento de los contrapesos de poder que son esenciales para frenar sus posibles abusos se ha basado tanto en la captura eficaz de órganos de dirección de entidades con autonomía, como la CRE, la Cofepris, o la propia CNDH; a través de la reducción de sus presupuestos como en los caso del INAI y del INE, al que en un año electoral se le redujeron más de 800 millones de pesos, sin tocar las prerrogativas de los partidos políticos, o mediante un discurso de denostación cuando las resoluciones que se adoptan resultan contrarias al posicionamiento siempre vocal del Ejecutivo.
La descalificación como sustituto de una argumentación fincada en información comprobable también ha afectado al poder judicial, cuando jueces han emitido sentencias adversas a las políticas del gobierno como los amparos en contra de la legislación eléctrica. La concentración del poder en el Ejecutivo ha permitido alianzas perversas con el Poder Judicial, expresada en la extensión por dos años de la presidencia del Ministro Zaldívar que no sólo es una flagrante violación al artículo 97 constitucional, sino que se basó en el ocultamiento del artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitió su aprobación en el Senado.
El Reporte de Signos Vitales ordena y sistematiza proyectos de gobierno en los distintos rubros de la vida pública para mostrar tanto los malos diseños y la deficiente planeación, como la utilización selectiva de la información. Con todo ello, se acata la voluntad del presidente, pero se hipoteca el valor de la verdad.