José Woldenberg
Nexos
19/05/2015
Números y más números
Nos enfilamos a las elecciones concurrentes más grandes de la historia del país. No solo se elegirá a la Cámara de Diputados (500), sino 9 gobernadores (Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora), 16 congresos locales (los anteriores más Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Tabasco, Yucatán y la Asamblea del D.F), 887 ayuntamientos y 20 juntas municipales en Campeche. A nivel federal, en la boleta aparecerán 10 partidos, además de dos coaliciones: PRI-PVEM y PRD-PT (aunque no totales) y por primera vez candidatos independientes.
El listado nominal de electores, es decir, los ciudadanos que potencialmente pueden votar son 83. 6 millones y representan el 95.78% del total de los mexicanos que eventualmente podrían sufragar. Se requerirán 1 millón 251 mil funcionarios de casilla (presidente, secretario, escrutadores y suplentes) para recibir y contar el voto. Se trata de ciudadanos que generosamente aceptan la invitación del INE a fungir como tales y que son fruto de un sorteo y un breve proceso de capacitación. Para ello se contratan un poco más de 38 mil capacitadores.
Se instalarán más de 152 mil casillas a lo largo y ancho del país. En conjunto los partidos recibirán 5.3 mil millones de pesos para sus actividades ordinarias, gastos de campaña, tareas de capacitación e investigación, franquicias postales y telegráficas. Un candidato a diputado federal no podrá gastar más de 1 millón 260 mil pesos en su campaña y el INE es el encargado de administrar el acceso de todos los partidos y candidatos a los tiempos de radio y televisión. El Instituto espera más de 79 mil informes de gastos de campaña sumando las federales y las locales, a los que deberá fiscalizar. El mismo día de los comicios se realizará también una consulta infantil y juvenil.
Más allá de los números
Las dimensiones de nuestras elecciones son de llamar la atención. Pero lo que se encuentra en juego mucho más. Las elecciones intermedias, como se conoce a las federales en las que solamente se elige a la Cámara de Diputados, serán relevantes por varios motivos.
a) Se verá si el respaldo a los partidos del gobierno (PRI y PVEM) crece o decrece. Y además si volveremos a contar con una Cámara en la que ningún partido obtiene la mayoría absoluta de los escaños (como viene sucediendo desde 1997) o si esa situación se revierte. Lo más probable (creo) es que continuemos con una Cámara sin mayoría absoluta de una sola fuerza política. El pluralismo equilibrado es el sello más sobresaliente de nuestro Congreso y es lo que obliga a negociar cualquier modificación constitucional, legal, la ley de ingresos, el presupuesto o la integración de una simple comisión.
b) Lo mismo habrá que ver con los distintos partidos de oposición. En particular, el flanco izquierdo del espectro político aparece dividido luego de la ruptura de Andrés Manuel López Obrador con el PRD. Cuatro partidos (PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y PT), disputarán esa franja de votantes a la que genéricamente llamamos de izquierda. Una división tal no se veía desde 1985, aunque entonces la izquierda partidista tenía una muy débil inserción social.
c) Por primera vez el porcentaje de votos para refrendar el registro será de 3. Todo parece indicar que 5 partidos (PT, MC, PANAL, Encuentro Social y Humanista) tendrán votaciones alrededor de ese porcentaje. Aquellos que no alcancen la cifra necesaria perderán su registro y saldrán del mundo institucional electoral. Y como la puerta para nuevos registros se empezará a abrir hasta 2019, los que revaliden su registro serán los únicos que podrán participar en los comicios de 2018.
Pero si nos asomamos a lo que sucederá en las elecciones locales, vale la pena no perder de vista que ocurrirá con:
a) Los gobernadores. Dos estados (Sonora y Baja California Sur) son gobernados hoy por el PAN, uno por el PRD (Guerrero) y seis por el PRI (Nuevo León, San Luis, Querétaro, Colima, Michoacán y Campeche). Veremos, creo, fenómenos de alternancia y de continuidad. En algunos el formato es básicamente bipartidista (Sonora o Querétaro), en otros las principales fuerzas políticas del país se encuentran más equilibradas (como Michoacán, por ejemplo).
b) Los congresos. En 16 estados, ya lo dijimos, se renovarán los congresos. Importante será ver si alguna fuerza logra mayoría absoluta de escaños o si por el contrario, se reproduce el fenómeno de congresos equilibrados. Sobra decir que para los gobernadores no es lo mismo funcionar en lo que se ha dado en llamar “gobiernos unificados” o “divididos” (estos últimos hacen alusión a que el gobierno no cuenta, en principio, con los votos suficientes en el Congreso como para hacer avanzar sus iniciativas).
c) Los ayuntamientos. Se trata de los gobiernos que son más cercanos a los ciudadanos y se renovarán 887. En ese terreno es de prever que casi todos los partidos obtengan algo, pero más importante será el rediseño territorial de las diferentes corrientes políticas. Se trata de un nivel de gobierno y representación al que no se le presta suficiente atención pero en el cual se despliega la política más próxima a los votantes. En ese espacio, y entre más pequeño más, los candidatos suelen ser más relevantes que los partidos.
d) El D.F. Mención aparte requiere la capital del país. Por primera vez desde 1997 (fecha en que ganó el gobierno de la ciudad el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas), la izquierda va dividida a las elecciones. Será más que interesante conocer cuál de los dos partidos más grandes de la izquierda (PRD o Morena) resulta mayoritario, pero también observar de qué manera su división, eventualmente, puede beneficiar al PAN y al PRI en algunas delegaciones o distritos. Existe la posibilidad de que el gobierno de la ciudad no cuente en principio con mayoría absoluta de legisladores en la Asamblea. Lo que sería una novedad.
e) Los resultados de la izquierda además serán significativos de cara al 2018. No se necesita ser demasiado sagaz para comprender que el partido que obtenga el mayor número de votos podrá decirle a los otros partidos de izquierda que debe llevar mano en la definición del candidato presidencial próximo. En caso, por supuesto, de darse un proceso unitario de cara a las siguientes elecciones federales.
Lo nuevo
Como se sabe, en el actual proceso electoral se están inaugurando varias normas fruto de la última reforma en la materia (2014). La más importante la transformación del IFE en INE. Si bien se mantuvo prácticamente intocada la estructura (se crearon dos nuevas unidades y los consejeros pasaron de 8 a 10) y por fortuna la columna vertebral de la nueva institución sigue siendo el servicio profesional electoral, lo cierto es que ahora el INE, al nombrar a los consejeros de los institutos locales (y al tener la facultad de removerlos), tendrá que ser más vigilante de lo que sucede en los procesos estatales.
Por otro lado, habrá, como hasta ahora, dos tipos de procedimientos sancionadores: a) ordinario y b) especial. El primero lo desahoga el INE y puede ser apelado ante el Tribunal; en el segundo, el INE realiza un “informe circunstanciado” y lo remite al Tribunal, el que sancionará o no. Esto, pensaba, podía tener un efecto positivo, porque los llamados procedimientos especiales sancionadores estaban convirtiendo a la autoridad administrativa en un juez de primera instancia sobre cargado de trabajo, lo cual multiplicaba los conflictos en su seno y las tensiones con el propio Tribunal. No obstante, desde el arranque de las campañas hemos visto fuertes litigios en torno a la propaganda electoral, porque el INE puede tomar “medidas precautorias” y sacar del aire spots, cuando a solicitud de parte se considere que son calumniosos. Me temo que en ese renglón se reproducirán los conflictos.
También se ampliaron las causales de nulidad de una elección. Por rebasar el tope de gastos de campaña, utilizar recursos de procedencia ilícita, aprovecharse del desvío de recursos públicos, compra de cobertura informativa en radio y televisión. “Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor de cinco por ciento”. La idea: que mientras más estricta sea la sanción (en este caso, la anulación de una elección), las probabilidades de que se cometan esas infracciones será menor. Ojala así sea. La otra cara: que al añadir causales de anulación se multipliquen los incentivos para impugnar la elección por parte de los perdedores. Veremos.
Lo más nuevo
Pero quizá el rasgo más sobresaliente del proceso electoral en curso es la ola de malestar que envuelve la actividad política institucional. Fenómenos de corrupción documentados e impunes por un lado, y violaciones a los derechos humanos atroces (cuyo eslabón más tétrico es el caso de los normalistas de Ayotzinapa), por el otro, han generado una espiral de hartazgo, desaliento, crítica, que en algunos extremos han puesto en cuestión la pertinencia de las elecciones o para no ser tan drásticos, el sentido y el significado de votar.
Como si tuviéramos otro expediente a la mano para nombrar gobernantes y legisladores, no son pocas las voces que llaman a ausentarse de las urnas, a anular el voto y en el extremo a boicotear los comicios.
Las primeras dos parten de un diagnóstico que no comparto: que todos los partidos y candidatos son lo mismo. Explotan, eso sí, un sentimiento de desencanto con los políticos y la política, pero (creo) ofrecen una falsa salida. Quien no acuda a votar o quien anule su voto, estará dejando en manos de otros la decisión. Ni el abstencionismo ni el “anulismo” impedirán que tengamos gobernadores, diputados federales y locales y ayuntamientos electos. Por supuesto, si sus porcentajes resultan importantes, serán una llamada de atención, una fórmula para expresar el malestar, pero su traducción no será en términos del mundo de la representación. En todo caso, el voto anulado contará como parte del voto emitido que tiene que tomarse en cuenta para calcular si los partidos obtuvieron más del 3% de la votación.
Quienes han llamado a boicotear las elecciones, no solamente son una minoría que intenta impedir que la mayoría se pronuncie, sino que de conseguir sus objetivos, abrirían la puerta para que el Presidente y el Congreso decreten una especie de estado de excepción que se levantaría una vez que se realizaran nuevas elecciones.
Hay que repetirlo: no se ha inventado, no en México sino en el mundo, un expediente superior al de las elecciones para nombrar a gobernantes y legisladores, para que la diversidad política pueda convivir y competir de manera pacífica y participativa, para dejar en manos de los ciudadanos la decisión de quién debe gobernar y cómo deben estar integrados los cuerpos colegiados legislativos. Y en nuestro caso, las elecciones son realmente competitivas desde hace apenas pocos años y en la boleta aparecen 10 opciones distintas a las que se han agregado ahora algunos candidatos independientes.
Afirmar que todos son lo mismo es o fruto del desconocimiento o expresión de un fastidio que si bien puede tener nutrientes legítimos, acaba por excluir a franjas importantes de potenciales votantes de una serie de decisiones relevantes. (Que de todas formas se van a tomar).
Nota para la Gaceta Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mayo 2015.