PEMEXGATE Y AMIGOS DE FOX
A relación siempre conflictiva entre dinero y política, es decir, la manera en que se financian los partidos políticos y la forma en que son fiscalizados por la autoridad, es de la mayor importancia: la probidad en las conductas financieras de los partidos políticos gravita directamente sobre su credibilidad, y de la legitimidad de los partidos depende en última instancia el apoyo de la ciudadanía al sistema democrático.
La denuncia, investigación y sanción de dos tramas de financiamiento ilegal a propósito de las campañas a la presidencia de la república en el año 2000, que involucraron al PRI y al PAN, desembocaron en multas que sin lugar a dudas pueden considerarse como históricas: 1 000 millones de pesos al PRI (la más alta de las que se tenga noticia en los sistemas democráticos) y 545 millones a los partidos de la coalición, alianza por el cambio (conformada por el PAN y el PVEM, que había llevado, a la presidencia al titular del ejecutivo en funciones). Ello demuestra que en México el marco legal e institucional para detectar y sancionar ilícitos en materia de financiamiento electoral funciona; pero la misma experiencia de esos dos casos también arroja lecciones sobre los límites e insuficiencias de las normas vigentes, que sugieren una serie de cambios a la ley para dar una vuelta más a la tuerca que quiere garantizar que la política sea eso: un ejercicio de ciudadanía entre iguales.