El IETD comenzó sus actividades como asociación civil con un pronunciamiento, análisis y respuesta a la crisis político electoral de 1988 envuelta -esa sí- en un cúmulo de irregularidades que culminaron con la “caída del sistema” y que privó de información electoral crítica a toda la nación durante la noche misma de los comicios.
Poco tiempo después, en los documentos fundadores de nuestro Instituto, se esgrimió una idea central según la cual, México y sus fuerzas políticas tenían la obligación de embarcarse en una ruta de diálogo y acuerdos que crearan un nuevo sistema electoral capaz de organizar comicios de manera confiable, un sistema que diera garantías a la pluralidad política que estaba en pleno ascenso. La edificación electoral, sería la clave para hacer rodar los otros engranajes propios de la democracia que, en el caso de México, sí estaban en la Constitución: federalismo, división de poderes, gobiernos divididos, cambios pactados, en definitiva, la distribución efectiva del poder. A esa ruta, que buscaba por sobre todas las cosas evitar la violencia política y crear un nuevo marco de convivencia pluralista, le llamamos transición democrática.
Lo que vino después es una historia zigzagueante, con altos y bajos, momentos dramáticos y también grandes acuerdos que acabaron por abrir las compuertas de la democracia en México.
De modo que los 35 años de vida del Instituto han sido suficientes como para haber padecido un régimen autoritario (años 80-90), para haber visto culminar la transición democrática (1997), para participar dentro de una vida democrática incipiente, un breve período de consolidación y ahora, un deslizamiento hacia un tipo de autoritarismo que no es una vuelta al PRI, sino hacia algo más tosco y primitivo.
En el período democrático fueron creadas muchas instituciones fundamentales para el control del poder y aparecieron prácticas novedosas como las alternancias pacíficas, los obligatorios grandes acuerdos, una libertad de expresión nunca antes vista y una sociedad civil activa y alerta. A su lado, sin embargo, se desarrollaron otros componentes, mucho más corrosivos de la vida y de los humores públicos: la persistencia de la pobreza, la desigualdad, la violencia, una inseguridad desbordada y una corrupción comprobable y ostensible que ha resultado -incluso en el presente sexenio- extensa, reiterada y por momentos, casi inverosímil por su magnitud.
En diferentes momentos, desde el IETD llamamos la atención en contra de estos serios problemas, desatendidos por gobiernos, por el parlamento y por un sistema de partidos cerrado e indiferente a una situación de ansiedad y malestar de masas; problemas agravados por la persistencia de políticas económicas y sociales impermeables e incompatibles con la equidad, el bienestar o la redistribución del ingreso, lo que a su vez, minó y desacreditó a la democracia misma.
Así las cosas, la flecha del cambio político en México ha invertido su sentido y se encamina a crear una realidad distinta que merece su propio análisis, su propia agenda y contiene su propio marco de graves preocupaciones.
En modo alguno estamos hablando de una hipótesis o de una especulación. La erosión de la democracia en México es un proceso en acto (que desde el Instituto hemos intentado documentar a través de múltiples análisis, discusiones, foros, libros[1] y comunicaciones diversas), un proceso cuya dinámica no se ha detenido sino profundizado y que ha doblado sus apuestas. Si durante los cinco años y medio del gobierno del presidente López Obrador la situación política podía resumirse como un gobierno autoritario que se mueve dentro de un régimen constitucional democrático, a partir de las elecciones del 2 de junio nos hallamos en una ruta en la que se pretende modificar nuestro marco jurídico vital para formalizar e instituir un régimen autoritario, esto es, un régimen que centraliza el poder, lo personaliza, rechaza los controles, desequilibra la competencia electoral, reduce al mínimo la división de poderes y al mismo tiempo comprime al pluralismo político hasta hacerlo irrelevante. Esto es lo que buscan las reformas promovidas desde la presidencia de la República y son las que anuncia la mayoría en el Congreso de la Unión.
Se trata pues, de otra transición, pero ya no a la democracia, sino a un estadio histórico en el que el gobierno se ha convertido en un agente de subversión contra los principios, leyes, prácticas e instituciones democráticas.
Vale la pena cobrar conciencia de esta circunstancia a la que el país arribó -incluso antes de 2018- pero que fue acelerada en el sexenio que termina. Por eso, desde el IETD adoptamos una agenda de elaboración y de acción que nos permita, a nosotros también, transitar por esa era de continua erosión, desmantelamiento pieza por pieza de la institucionalidad estatal y democrática, pero también resistencia y oposición, tanto teórica como práctica.
El futuro político de México no está decidido y si bien hay fuertes tendencias hacia la erosión de la democracia, también hay fuerzas que participan y expresan las energías del pluralismo.
Las coordenadas fundamentales de esta nueva agenda no pueden ser otras que las de una defensa coherente y sistemática de la democracia en México y que se desdobla en los siguientes temas:
Uno. La división de poderes, el federalismo, el pluralismo, el combate a la corrupción, las elecciones libres, limpias y equilibradas y el fortalecimiento de las instituciones garantes de los derechos fundamentales.
Dos. La agenda social y económica de México que incluye la reducción de la desigualdad, la erradicación de la pobreza y la creación de un Estado de Bienestar, social, democrático y de derechos, cuyos ejes principales no pueden ser otros que un sistema de salud eficaz, robusto, universal y la educación pública accesible y de calidad.
Tres. La comprensión de la sociedad mexicana contemporánea, el tipo de pueblo que conforma a la nación, luego de los grandes procesos demográficos, sociales, económicos que cimbraron a nuestra sociedad de entre siglos. Los votantes mexicanos son ciudadanos con ideas e intereses propios, el entendimiento de su opinión y decisión es crucial para que la cuestión social forme parte ineludible también, de la cuestión democrática.
Cuatro. La máxima atención al medio ambiente, a la sustentabilidad del desarrollo, la prevención y el control de la contaminación, la protección de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y el combate al cambio climático, que constituyen las grandes amenazas globales y existenciales de nuestro tiempo.
Cinco. El reconocimiento del ascenso autoritario, populista y patrimonialista y de los fenómenos que presenciamos cuya tendencia es minar al orden democrático y las instituciones del Estado profesional e impersonal, esto es, el orden de la voluntad mayoritaria dentro de un marco de dispersión y contrapesos al poder político, incluyendo, muy especialmente, el respeto a las minorías.
Seis. La creación continua de espacios de diálogo, cruces, encuentro y conversación del pluralismo y de la diversidad política, social y cultural de México. Sin deliberación y sin búsqueda de acuerdos, ni siquiera es posible hablar de vida democrática.
Siete. La reconstrucción de las capacidades civiles del Estado para el mantenimiento de la paz, el combate a la delincuencia, la reducción de la violencia criminal y la procuración y administración de justicia. Detener la espiral de violencia y conjurar los riesgos de las soluciones militares.
Esta agenda en sus trazos más gruesos, sin embargo, se enfrenta a un contexto de destrucción institucional nunca antes vista, al menos desde hace un siglo, pero que no ocurre a la manera de un shock violento repentino, sino a través de los recursos que la propia democracia dispone. En ese sentido presenciamos la destrucción de la democracia desde el interior de la democracia misma, y este es probablemente el fenómeno político fundamental de nuestro tiempo.
Así, desde una democracia novicia e imperfecta, entre brumas, aparece un régimen que podemos denominar provisionalmente autocracia electiva.
Creemos que el análisis, la investigación, las iniciativas y las acciones por venir deben tomar en cuenta obligatoriamente esta nueva circunstancia que, como decimos, no sólo es nacional, sino un proceso vivido en amplias regiones del mundo, al menos desde la segunda década del siglo XXI.
Si de democracia hablamos, no son tiempos promisorios, pero por eso mismo, exigen un redoblado esfuerzo de comprensión y elaboración, tenacidad y acción.
Es verdad que en muchos países del mundo, las líneas rojas contra la democracia se siguen cruzando para llevarlas a los regímenes híbridos o autocracias que -aún si celebran elecciones- cancelan derechos, atentan contra la libertad de expresión, deslegitiman a la oposición, hacen uso faccioso de los presupuestos y de las instituciones públicas y en el extremo, adquieren un cariz netamente despótico, represivo y militarista. Existen evidencias y casos demasiado cercanos, como para que los países de la región, no se sientan aludidos y atiendan a esas lecciones para cerrar el paso a transiciones autoritarias.
En los momentos en que suscribimos y hacemos público este documento (mediados de agosto de 2024), se desarrolla una discusión crucial que marcará la política en los meses y años venideros: si la coalición gobernante se hace de una mayoría calificada que los votos efectivos no le dieron, si esa sobrerrepresentación se materializa, el gobierno actual y su continuidad ostentarán un grupo congresual que le permitirá modificar a la Constitución en solitario, sin ningún tipo de diálogo, consumaría un golpe decisivo al pluralismo y con ello, la regresión política más grave en generaciones. Será entonces que el autoritarismo en México habrá entrado en una fase más aguda.
Si el gobierno y su partido consiguen de manera inconstitucional la mayoría calificada, el efecto automático es la cancelación de todo diálogo posible y la irrelevancia legislativa y política del conjunto de la oposición que, sin embargo, obtuvo el 41.5 por ciento de los votos para el Congreso. En paralelo, se está abriendo paso un programa constitucional que incluye la apropiación del poder judicial, el desmantelamiento del sistema electoral, la consolidación del poder militar en la vida civil, la cancelación de las diputaciones y senadurías de representación proporcional, las senadurías de primera minoría y los organismos de control del poder presidencial que aún funcionan. Si esto avanza, habremos entrado a otro régimen político, a una inaudita concentración del poder que representa lo contrario de lo que quiso y edificó la democracia mexicana.
Firman:
Adrián Acosta, Carlos Alvarado, Hugo Andres Araujo, Cecilia Azuara, Antonio Azuela, Arturo Balderas, Patricio Ballados, María Dolores Becerril Carmona, Carlos Bravo Regidor, Jorge Bustillos, Roberto Cabral, Elsa Cadena, Rosaura Cadena, Julia Carabias, Esperanza Carrasco, Rolando Cordera Campos, Lorenzo Córdova, Carmen Cruz de Araujo, María Cruz Mora, Salomón Chertorivski, Carolina Farías, María Teresa Fernández, Carlos A. Flores Vargas, Antonio Franco, Jesús Galindo López, Christian Uziel García Reyes, Carlos Garza Falla, Luis Emilio Giménez Cacho, Francisco Gómez Ruíz, Anamari Gomís, Fabián González, Asmara González Rojas, Germán González-Dávila, Gilberto Guevara Niebla, Tonatiuh Guillén López, Paulina Gutiérrez, César Hernández González, Jorge H. Hernández Luna, Edmundo Jacobo, Rollin Kent, Laura Koestinger, Sergio López Ayllón, Mauricio López, Javier Martín Reyes, Eduardo Martínez Leyva, María Marván Laborde, Mauricio Merino Huerta, Rosa Elena Montes de Oca Luján, Paloma Mora, Rodrigo Morales, Ciro Murayama, Patricia Ortega Ramírez, Itzel Ortiz Zaragoza, David Pantoja, María José Pantoja, María de los Ángeles Pensado Leglise, Adrián Pérez Cortés, Jacqueline Peschard, Lorenzo Alfredo Popoca García, Enrique Provencio, María Carmen Rodríguez, Rosa Rojas Paredes, Alejandra Rojas Pérez, Jorge Javier Romero, Oscar Romero Rojas, Pedro Salazar, Guadalupe Salmorán Villar, Arturo Sánchez Gutiérrez, Máximo Sánchez Moreno, Mariano Sánchez Talanquer, Hortensia Santiago Fragoso, Raúl Trejo Delarbre, Jaime Trejo Monroy, Fernando Tudela, Manuel Vargas Mena, Paula Sofía Vasquez y José Woldenberg.
Ricardo Becerra (Responsable.)
[1] Equidad social y Parlamentarismo. Siglo XXI editores, 2012. Informe sobre la democracia mexicana en una época de expectativas rotas. Siglo XXI, 2017. Balance temprano. Desde la izquierda democrática. Grano de Sal, México, 2020. El daño está hecho: balance y políticas para la reconstrucción. Grano de Sal, México, 2024.