Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
26/09/2016
La manifestación de los intolerantes fue un fracaso social. Sus organizadores esperaban centenares de miles y acudieron unos cuantos miles de personas. A pesar del respaldo que la iglesia católica y otras corporaciones religiosas otorgaron a las campañas de odio en las que se apoyó la difusión de esa marcha, los asistentes fueron pocos en comparación con las abultadas expectativas que la precedieron.
Sin embargo los intolerantes ganaron una presencia pública que antes no tenían, o que habían dejado de tener. Las exigencias para que toda la sociedad se comporte de acuerdo con los prejuicios y/o costumbres de esos manifestantes han sido rechazadas por los mexicanos pero ganaron espacio en las calles y visibilidad en los medios. Se trata de un repunte de la derecha que siempre ha existido pero que se encontraba replegada ante las convicciones de un país mayoritariamente liberal y laico, independientemente de las creencias religiosas que cada quien tenga o decida no tener.
Esa derecha cruza por varios partidos políticos, entre ellos Acción Nacional y Encuentro Social (impulsado por miembros de iglesias cristianas y evangélicas), tiene antecedentes en grupos sinarquistas y cristeros y está relacionada con organizaciones similares en otros países.
“El Yunque”, presente desde hace rato en el PAN aunque no se limita a ese partido, es una de las organizaciones que promueve la descalificación de toda forma de convivencia legal que no se ajuste al esquema de la familia tradicional. Entre sus derivaciones internacionales se encuentra el llamado Tea Party de España, surgido hace pocos años a imitación del grupo ultra conservador que influye en el Partido Republicano en Estados Unidos.
Durante la manifestación del sábado se escucharon gritos (proferidos incluso por niños pequeños) que demandaban “¡mueran los gays!”. Al finalizar, una veintena de individuos con camisetas que mostraban la efigie de Adolfo Hitler “levantaron el brazo derecho y cantaron un himno por la familia y la selección natural”, informó La Jornada.
El pretexto para salir a las calles ha sido la iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto para legalizar los matrimonios homosexuales. Sin embargo el llamado Frente Nacional por la Familia también busca descalificar la educación pública y propagar mentiras acerca de las parejas del mismo sexo. Esa coalición ahora quiere que en la Constitución se establezca que el único matrimonio reconocido por la ley es entre un hombre y una mujer. Es decir, quieren imponer a todos los mexicanos su concepción acerca de las familias, desconociendo los derechos de quienes tienen otras preferencias.
La Suprema Corte de Justicia resolvió hace varios meses que las legislaciones locales que no reconocen el derecho de personas del mismo sexo para contraer matrimonio son inconstitucionales. Ahora, sin embargo, el Frente Nacional quiere llevar esa prohibición a la Carta Magna. Más que una disputa por convicciones morales y religiosas, se trata de un forcejeo político para colocar los intereses del Frente y sus dirigentes en la agenda nacional.
La campaña de distorsiones e intolerancia que condujo a la manifestación en la Ciudad de México ha sido favorecida por la escasa aptitud del gobierno y los partidos para defender principios laicos y democráticos en la vida pública mexicana. La iniciativa para el matrimonio igualitario que el presidente de la República presentó el mayo pasado fue desatendida por las fuerzas políticas y sociales que podían haberla respaldado. La suspicacia debido a que se trataba de una propuesta del gobierno, neutralizó a numerosas organizaciones y ciudadanos que en otras circunstancias la habrían defendido como suya. Otros, le regatearon apoyo por temor a los costos políticos que podría implicar el respaldo a una reforma que ha sido combatida por la iglesia católica.
En el Partido de la Revolución Democrática, presuntamente identificado con el reconocimiento de los derechos de las personas, sólo el grupo parlamentario en el Senado asumió como prioridad la defensa del matrimonio igualitario. En Morena, que en circunstancias como esta confirma que se trata de un partido de espaldas a los principios políticos que singularizan a las izquierdas, predominó el silencio acerca de esa propuesta.
El PRI, dejando a un lado las convicciones laicas que alguna vez compartió, cedió a las presiones de los obispos y dejó solo al Presidente de la República en este asunto. La iniciativa presidencial no forma parte de las prioridades del Congreso en donde son mayoría los priistas y sus aliados.
En ausencia de los partidos la defensa de la tolerancia y el reconocimiento de los derechos de todas las personas, independientemente de sus preferencias ideológicas, religiosas o sexuales, ha sido sostenida por otros segmentos de la sociedad. El 21 de septiembre los rectores de la UNAM, la UAM, la Universidad de Guadalajara y la Autónoma de Nuevo León recordaron: “El estado laico constituye una condición necesaria de las sociedades modernas, en la medida en que garantiza la pluralidad de las ideas… un estado laico y democrático debe asegurar los derechos de todos”.
Por su parte el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, sintetizó el dilema que plantean los intolerantes en una afortunada frase: “no hay que confundir a la ciudadanía con la feligresía”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó el 22 de septiembre: “El matrimonio igualitario es un derecho cuya validez y legitimidad han sido reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la interpretación que ha hecho de diversas disposiciones constitucionales, en particular del Artículo 1º que prohíbe todo tipo de discriminación, incluida la motivada por orientación sexual”.
Y la Suprema Corte de Justicia, que el 23 de junio resolvió que para autorizar la adopción de un menor de edad no debe tomarse en cuenta la orientación sexual de quienes quieren adoptar, publicó su tesis constitucional sobre ese asunto precisamente el viernes 23 de septiembre pasado. Se trata de un criterio que causa jurisprudencia:
“La idoneidad de las personas para ser consideradas para adoptar debe atender únicamente a la posibilidad de brindar cuidado y protección al menor de edad, para incluirlo a una familia, y no puede atender, de manera alguna, a la pertenencia a un tipo de familia por un tipo de estado civil (soltero, casado, en concubinato, en sociedad de convivencia), ni por cierta orientación sexual… cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto sexo deben ser consideradas en igualdad de condiciones como posibles adoptantes y lo que debe ser tomado en cuenta en dicho proceso es si la persona o personas cumplen con una serie de requisitos esenciales para ser consideradas como adoptantes, es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para brindarle una familia a los menores de edad. Dentro de dichos requisitos esenciales no puede figurar el tipo de unión civil al que pertenezcan los posibles adoptantes, ni la orientación sexual de éstos, pues estas circunstancias no inciden en su idoneidad para brindar a los niños, niñas y adolescentes una familia en donde éstos se desarrollen integralmente. En ese sentido, es insostenible la interpretación —implícita o explícita— en el sentido de que la homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés superior de los menores adoptados”.
Esa tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tiene “aplicación obligatoria” a partir de hoy, lunes 26 de septiembre de 2016. La adopción por parte de parejas homosexuales es legal. A ese triunfo de la legalidad para todos se opondrán los intolerantes que, ahora como antes, marchan a contracorriente de la sociedad.
El desafío que plantea la derecha fanática sólo puede ser enfrentado con argumentos, con una constante reivindicación de la diversidad y con la ley en la mano. Por eso fue muy lamentable la decisión del Frente Orgullo Nacional, que reivindica el matrimonio igualitario, para difundir los nombres de varios sacerdotes presuntamente homosexuales.
Ese Frente quería evidenciar el doble discurso de la jerarquía eclesiástica que se opone a derechos de los homosexuales al mismo tiempo que hay ministros religiosos con esa preferencia sexual. Pero al llevar ese litigio al plano del chismerío y la venganza Orgullo Nacional infringió derechos de las personas así mencionadas, independientemente de la veracidad o no que pudieran tener tales versiones.
El respeto a la libertad de todos los individuos para tener las costumbres sexuales y formar el tipo de familias que quieran, es el principio cardinal del empeño por el matrimonio igualitario. Con la difusión de esos nombres Orgullo Nacional desdeñó tales coordenadas. Los medios de comunicación que reprodujeron las acusaciones de ese grupo se pusieron al servicio de una campaña de estigmatización, que calumnia o se entremete en la vida privada de varias personas, e incurrieron en una falta ética y posiblemente legal.
Nuevos y viejos fundamentalistas, fieles que entremezclan la sacristía con la ideología, neonazis y cristeros que pueden marchar por las calles gracias a las libertades que hemos construido y contra las que ellos mismos atentan, buenas conciencias dominadas por la intolerancia que pretenden que todos nos comportemos de acuerdo con sus juicios y prejuicios: esa es la nueva derecha mexicana que no ha reunido demasiados manifestantes pero tiene capacidad para inhibir el reconocimiento de derechos para todos los ciudadanos.