Jacqueline Peschard
La Crónica
27/05/2020
Los integrantes de la mayoría legislativa del partido en el gobierno más que proponer iniciativas legales que contribuyan a enfrentar eficazmente la crisis, o analizar y abrir a debates a fondo las que envía el Ejecutivo, se afanan en respaldarlas acríticamente, como si de lo único que se tratara es de congraciarse con el Presidente
Los problemas de salud y económicos que han derivado de la pandemia del COVID-19 parecen estar dejando a nuestro Congreso federal ante el dilema de optar entre la subordinación y la impotencia, triste papel para la institución que es la expresión más clara de nuestra pluralidad política.
Por un lado, los integrantes de la mayoría legislativa del partido en el gobierno más que proponer iniciativas legales que contribuyan a enfrentar eficazmente la crisis, o analizar y abrir a debates a fondo las que envía el Ejecutivo, se afanan en respaldarlas acríticamente, como si de lo único que se tratara es de congraciarse con el Presidente.
Por otro, la oposición parlamentaria fragmentada, cuando no paralizada o ausente, da muestras de su impotencia, ofreciendo un terreno propicio para que el poder presidencial continúe concentrando funciones en sus manos.
El problema de esta concentración no es sólo de falta de equilibrios y contrapesos, como lo dicta un sistema democrático, sino que no hay lugar para que se tiendan puentes para armar una amplia deliberación con el mayor número de actores posibles que enriquezca la búsqueda y permita la articulación de respuestas a los problemas que ya nos aquejan y que, como todos sabemos, se irán agravando día con día.
Dos iniciativas de decreto recientes dan cuenta de un Congreso sometido, cuando no pasmado:1) el recorte de 75por ciento a los gastos de operación de las dependencias gubernamentales que propone la reducción “voluntaria” de sueldos y la supresión de aguinaldos de funcionarios públicos, de subdirector para arriba, y 2) la extinción de fondos y fideicomisos públicos que son instrumentos financieros que sirven para cumplir fines públicos, tales como el desarrollo científico y tecnológico, o el respaldo a la promoción de derechos humanos.
Ambos proyectos de decreto tienen en común que revelan la estrategia obstinada del gobierno federal de allegarse de recursos económicos para enfrentar la emergencia exclusivamente a través de recortes generales al gasto público, sin que medie un análisis profundo del impacto que tendrían las medidas sobre las diversas áreas afectadas.
También muestran la errática, cuando no deficiente, actuación de nuestro Congreso, que parece estar renunciando a ser la instancia por excelencia para la deliberación pública.
En este espíritu se inscribe la iniciativa presidencial del pasado 23 de abril para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para facultar a la SHCP a determinar ajustes y reasignar presupuesto durante la emergencia.
Los mecanismos propuestos obligarán a las dependencias y entidades de la APF a reducir sus recursos y a traspasarlos a Hacienda, quien determinará su utilización.
Esta iniciativa deja manos libres al gobierno para reorientar el gasto sin la intervención del Congreso, invadiendo competencias expresas de la Cámara de Diputados, que es la instancia encargada de discutir, aprobar y vigilar la aplicación del presupuesto federal, lo cual implica un franco atropello a nuestra división de poderes.
Lejos de cualquier debate serio, algunos legisladores de Morena han salido en defensa del decreto para alinearse al planteamiento del gobierno, mientras el Congreso se mantiene en silencio. En cambio, la SHCP ya giró oficios a los encargados de la administración de dependencias y entidades del gobierno federal para que recorten el 75 por ciento en sus gastos de operación, lo cual puede dejar virtualmente paralizadas a muchas de ellas, sin esperar a que se procese la iniciativa en el Congreso.
El otro decreto lanzado por el Presidente el pasado 2 de abril plantea la extinción de fondos y fideicomisos públicos que no estén establecidos en ley, lo cual afecta directamente a centros de investigación científica, a la atención a desastres naturales, a la industria cinematográfica, a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, entre otros, con el argumento de que hay corrupción y opacidad en su manejo.
Este decreto no se corresponde, sino que contradice la Ley Federal de Austeridad Republicana de noviembre pasado, que planteaba analizar la eficacia y eficiencia puntual de los fideicomisos, no eliminarlos de un plumazo y sin criterios de evaluación precisos.
Para respaldar la propuesta del Ejecutivo, la diputada Dolores Padierna, de Morena, presentó una iniciativa para reformar 14 leyes y eliminar 44 fideicomisos, con una falta total de claridad sobre los procedimientos que se van a seguir para eliminarlos, las implicaciones van a tener, así como el desconocimiento de a dónde se van a destinar los recursos que se obtengan.
El escándalo que ha generado la iniciativa entre la comunidad académica, la opinión pública y conocidos cineastas llevó a Mario Delgado, líder de los diputados de Morena, a frenarla para abrir a la deliberación con las entidades involucradas con la cancelación de los fondos y fideicomisos públicos.
El mundo al revés, primero se presenta la iniciativa y después se somete a discusión, contrariando lo que fue una conquista de nuestra transición a la democracia, que el Congreso se convirtiera en actor políticamente relevante, dejando atrás el papel de mera caja de resonancia del Poder Ejecutivo.
En los veinte años de vida democrática, el Congreso fue asumiendo sus facultades constitucionales para ser factor de contrapeso y control sobre el Ejecutivo y los ciudadanos y los grupos organizados lo fueron identificando como un interlocutor con peso propio, al que se podía recurrir para impulsar normas y políticas públicas que recogían diversas demandas sociales.
Hoy, con el pretexto de la fragmentación de nuestra representación política y la emergencia económica y social provocada por la pandemia, el Congreso se ha conformado con ser un actor redundante del poder presidencial.