Jacqueline Peschard
La Crónica
18/11/2020
El pasado fin de semana largo mostró una vez más que ocho meses de pandemia que han dejado ya más de un millón de contagiados confirmados y cerca de 100 mil muertos, según los registros oficiales, no han sido contundentes para animar a la población a la disciplina social y hoy sabemos que, para reducir los efectos nocivos de la crisis sanitaria, necesitamos dos ingredientes fundamentales que están interconectados: autoridades responsables y transparentes y una sociedad disciplinada.
Es difícil imaginar que sociedades tan individualizadas como la nuestra puedan desarrollar hábitos de disciplina social, sin que haya una conducción firme e inequívoca del Estado para impulsarla. A diferencia de otras latitudes donde invasiones extranjeras (Vietnam), o experiencias recientes con otras pandemias (Japón) han entrenado a la población a asumir una disciplina social en situaciones de emergencia, logrando abatir sensiblemente el daño de la enfermedad sobre la población, en México requerimos de una dirección clara y sin mensajes contradictorios de los gobernantes para normar nuestra conducta en circunstancias críticas como las que vivimos.
Diversas imágenes del centro de la Ciudad de México revelan la desesperación de las personas por salir del encierro, pasando por encima de los insistentes llamados de la Jefa de Gobierno para evitar reuniones masivas, guardar la debida distancia y utilizar el cubrebocas. Sin embargo, sus directrices chocan con las del gobierno federal que sigue minimizando la gravedad de la pandemia, afirmando que se tiene control de la misma, sin considerar que en México, ésta alcanza los niveles de letalidad más altos del mundo (10%).
La disciplina social exige la colaboración de la ciudadanía con las autoridades para aceptar masivamente los sacrificios y las restricciones a nuestras libertades y derechos que nos impone la crisis sanitaria. Sin información pertinente y confiable y sin una dirección coordinada de parte de quienes nos gobiernan, no hay posibilidad de que esta disciplina social prospere.
Trabajar a favor de la disciplina social implicaría lograr, al menos tres objetivos:
1) que el gobierno federal difunda el conocimiento que se ha ido adquiriendo sobre el comportamiento de este coronavirus y sólo a partir de ahí defina su estrategia de conducción;
2) dejar de lado las teorías conspirativas que afirman que es falso que exista el Covid 19, o que es un invento de grandes laboratorios para obligar a las personas a adquirir las vacunas, o bien que hay remedios caseros a la mano (nanogotículas) para contenerlo; y
3) asumir la responsabilidad gubernamental de convocar a la población a protegerse y a proteger a los demás.
Está claro que ni el gobierno federal, ni el de la capital del país han querido reconocer abiertamente que estamos en una fase de rebrote declarado de la pandemia, porque ello obligaría a poner en rojo el semáforo epidemiológico, con el consiguiente cierre de las actividades económicas y la afectación a nuestra maltrecha situación económica, con el impacto adicional que ello tendría sobre importantes sectores de la población.
Pero, aún reconociendo esta dificultad, existe el gran problema de que nuestras autoridades no han mostrado capacidad para que los distintos sectores de la población acaten las alertas y limitaciones al despliegue de sus actividades.
El propio gobierno de la Ciudad de México que ha explicitado su criterio de la ocupación de camas en los hospitales para determinar el semáforo epidemiológico, no se anima a dictar medidas de emergencia, claramente restrictivas, para no exponerse a demostraciones de desacato generalizado a las instrucciones gubernamentales.
El gobierno federal ha utilizado un esquema de comunicación sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 que ha apostado, más a la cobertura mediática cotidiana y centralizada, con un sitio de internet denominado “El pulso de la salud”, pero que está lejos de ser una fórmula de transparencia que se haga cargo de la diversidad de circunstancias que enfrentan las distintas regiones y localidades del país.
El compromiso es más con la imagen de un gobierno que le habla a la población desde la más alta tribuna pública, explotando los espacios mediáticos, que con la obligación de someterse al escrutinio público sobre la manera como ha manejado la enfermedad para corregir decisiones que han probado su ineficacia.
Hay quienes sostienen que la responsabilidad para evitar el contagio es estrictamente de cada persona en particular, fiel a nuestra imagen de una sociedad profundamente individualizada. Sin embargo, si el gobierno persiste en su obstinación de no corregir la manera como ha venido administrando la pandemia, lo que incluye desde la asignación de un mayor presupuesto para la salud, hasta el mecanismo de comunicación sobre la evolución de la enfermedad, para abrirse a una interlocución con grupos de científicos y expertos, seguiremos muy lejos de vislumbrar la posibilidad de edificar la disciplina social que reclama la pandemia.
No podemos seguir dejando que las cifras de enfermos y decesos aparezcan como parte de un escenario normal, cuando se trata de una situación criminal. Hay que insistir, el gobierno tiene la responsabilidad central y directa de fomentar la disciplina social para frenar la cauda irrefrenable de pérdida de vidas humanas.