María Marván Laborde
Excélsior
21/12/2017
Entre la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados recortaron al INE 800 millones de pesos de su presupuesto para 2018, que, por cierto, es año electoral.
El decremento del presupuesto es tan severo que atenta contra la autonomía del instituto. Hace casi una década, Lorenzo Córdova, entonces académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en coautoría con César Astudillo tomaron una radiografía a los institutos locales.
Detectaron que la insuficiencia presupuestaria de la mayoría de ellos favorecía la subordinación a los gobernadores. Los Congresos locales asignan presupuestos bajos y los consejeros están obligados a hacer antesala en la Secretaría de Finanzas para poder completar los gastos del año.
No cabe duda de que las crisis económicas a veces ofrecen la oportunidad de ordenar los gastos. Cuando se fundó el IFE, en 1990, la Secretaría de Gobernación, por órdenes del presidente Salinas, compró la paz con los partidos de oposición a punta de billetazos. Todo cuanto pidieron los partidos corrió por cuenta del erario federal, desde entonces se asignó presupuesto a los consejeros electorales y sus asesores.
A partir de 1994 los consejeros de los partidos y del Poder Legislativo perdieron el voto en el Consejo General, pero no se les retiró el presupuesto. En 1996 el financiamiento de los partidos se incrementó de manera sustancial, tampoco en ese momento se aprovechó la oportunidad para que cada partido asumiera la responsabilidad de los gastos de sus representantes y asesores.
La anomalía es grave. Por 27 años, el INE ha estado obligado a pagar salarios de un grupo, nada pequeño, de personas que contrata y despide cada partido de manera absolutamente discrecional.
No son pocas las veces que el INE ha sido obligado a pagar por demandas laborales por un personal que no tiene la responsabilidad de contratar ni de correr. Tampoco puede exigirle cuentas, ni vigilar si trabajan o son, cínicamente, aviadores.
Para ajustar sus gastos a la nueva base de ingresos, el Consejo General del INE decidió que la nómina del personal de los consejeros del Poder Legislativo no podía seguir corriendo por cuenta del INE.
De acuerdo con información de transparencia, mes con mes el instituto paga a cada consejero del Poder Legislativo cinco asesores, tres con sueldo de $93.626.00, uno de $80,848.00 y una secretaria de $23,408.00.
Cinco personas por partido, por nueve partidos suman al año 55.79 millones de pesos. Gasto que se duplica idéntico para los consejeros de los partidos que, lamentablemente, en 2018 seguirá siendo responsabilidad del INE. Desaprovecharon la oportunidad de erradicar el vicio completo.
Los asesores tienen como obligación fundamental ayudar al consejero a preparar sus sesiones de Consejo.
Por ello, creo que vale la pena revisar la bajísima asistencia de los consejeros del Poder Legislativo a las sesiones del Consejo General. De 49 sesiones del Consejo General que se han celebrado en 2017, el PAN ha asistido a 31, 63.2%; el PRI y Nueva Alianza han ido a seis, 12.2%; el PRD y Movimiento Ciudadano, a cuatro sesiones, 8.2%;
Morena sólo a tres, 6.1%, el PVEM a 21, 42.8%, y Encuentro Social ha asistido 22 veces, es decir, 44.9%.
Mucho se ha criticado la doble representación de los partidos en el Consejo General. Cada partido tiene un consejero nombrado por el partido y cada fracción del Congreso tiene otro consejero del Poder Legislativo. Creo que este nivel de (in)asistencia comprueba que con un sólo un representante por parte de los partidos sería más que suficiente.
Por supuesto, los asesores han cobrado quincena a quincena con independencia de si su asesorado asistió o no a la sesión del Consejo General.