Jacqueline Peschard
La Crónica
12/08/2020
A la par que la semana pasada se aprobaba en el INE el proyecto de financiamiento público para los partidos políticos en 2021, que deberá aprobar el Congreso, los institutos políticos anunciaban que cederían sus tiempos en televisión para contribuir al programa de la SEP de impartición de clases por ese medio, seguramente para limpiar su conciencia, sabedores del enorme desprestigio que pesa sobre sus espaldas. El financiamiento público que les corresponde a los partidos por mandato constitucional y legal para el año entrante asciende a $7,220 millones de pesos, mientras que los espacios a los que tienen derecho en radio y televisión no significan erogación alguna para ellos, porque son asignados directamente por la autoridad electoral. De hecho, desde 2007, los partidos no pueden comprar espacios de publicidad en medios masivos de comunicación, por un principio de equidad, es decir, para que nadie con más dinero pueda beneficiarse de una mayor exposición mediática. Empero, resulta difícil pensar que este acto de generosidad pueda contribuir a mejorar la deteriorada imagen de los partidos políticos.
Pero, vale la pena repetirlo, el financiamiento público de los partidos no es determinado por el INE, sino por la Constitución, aunque con mucha frecuencia se responsabilice a la autoridad electoral por los elevados volúmenes de recursos que se distribuyen. La autoridad electoral únicamente aplica la fórmula establecida en el artículo 41 constitucional para calcular el monto de recursos a repartir, así como la proporción que le corresponde a cada instituto político, por el método de 70% proporcional a la votación obtenida en la elección federal previa y 30% igualitario. Sin embargo, cada año que el INE hace este ejercicio de aplicar la norma, vuelve a debatirse el tema del dinero en la política y la mala valoración de los partidos impacta tanto a la autoridad electoral que los regula, como a la percepción de los ciudadanos sobre la democracia. Hay que recordar que según los datos del informe más reciente de Latinobarómetro (2018), en México sólo el 38% de la población respalda a la democracia como forma de gobierno, mientras que en América Latina, lo hace el 48% por ciento, que por cierto es la valoración más baja de los últimos veinte años.
No cabe duda, la bolsa de recursos públicos para los partidos en 2021 es muy elevada y, además, es 37% superior a la de 2020, aunque, de nuevo, son razones legales las que explican este incremento. El año entrante es un año de elecciones federales intermedias y los partidos reciben, además de dinero para actividades ordinarias, un 30% adicional para gastos de campaña y la base para calcular el financiamiento es el número de personas inscritas en el padrón electoral que año con año crece al incorporar a los que cumplen 18 años. De hecho, comparado con 2018, el padrón, hoy, tiene más de 3,600 mil nuevos ciudadanos.
El financiamiento público dominante de los partidos políticos se incorporó a la Constitución y a la ley en 1996 con objeto de asegurar que todos los partidos tuvieran recursos para competir en condiciones de equidad y la fórmula resultó virtuosa porque, en efecto, permitió que la alternancia en el poder se normalizara en los distintos niveles de gobierno en el país. Hay que recordar que sólo en cinco de las 32 entidades federativas no ha habido aún alternancia en la gubernatura. Sin embargo, en el imaginario social está viva la idea de que el dinero que va a la política no sirve para robustecer la relación entre las fuerzas políticas y los ciudadanos para que éstos conozcan mejor a los candidatos y a sus programas, sino para engrosar los bolsillos de los actores políticos y se ha podido comprobar que los grandes escándalos de corrupción, articulados alrededor de redes de complicidad, suelen estar cobijados por redes de protección política.
A pesar de que, en distintos momentos, las propias fuerzas políticas han propuesto devolver parte de sus prerrogativas, o impulsar reformas legales para reducir los montos de financiamiento, sólo se han quedado en discursos que aspiran al relieve mediático.
Algunos han propuesto, como se hizo en Jalisco, que el cálculo del financiamiento no se haga con base en el padrón de electores —hoy es de 92,983,286 ciudadanos—, sino respecto de la lista de votantes en la elección previa —56,611,027 votantes en 2018—, a fin de reducir la bolsa de financiamiento, a la vez que para servir de incentivo para que los partidos trabajen más activamente a favor de la participación electoral.
El debate sobre el financiamiento de los partidos ha sido recurrente, pero no ha dejado de ser un tema de coyuntura, animado por la específica correlación de fuerzas del momento.
El problema es que año con año, las cifras del financiamiento público de los partidos políticos gravita negativamente, no sólo alrededor de ellos, sino de las instituciones electorales que son un pilar central de nuestra incipiente democracia.