María Marván Laborde
Excélsior
09/04/2015
Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otras personas cuyos principios no soportan ser publicados.
Immanuel Kant
La paz perpetua
La fiscalía de la República tiene como política pública la transparencia, los fiscales son entrenados en técnicas de comunicación para que sepan transmitir mensajes precisos a la prensa, pero sobre todo, para poder darles a las víctimas el trato adecuado y proveerles de información clara y certera, aun de investigaciones en proceso. A partir de una lógica de apertura el fiscal está entrenado y facultado para mantener en reserva aquello que considere vital para el buen curso de la investigación, pero el secreto es la excepción, la transparencia, la política pública.
Desde luego, el lector ya imaginó que no estoy hablando de México. Ésta es la realidad de la fiscalía francesa, su Código Procesal Penal, que data de 1957, reconoce la vital importancia que tiene el acceso a la información para el desempeño y legitimidad de su trabajo. En su artículo 11 se establece que tener una política de transparencia sirve para evitar la propagación de información parcial o inexacta que puede ser más perjudicial que benéfica para la propia investigación.
El fiscal de Marsella, encargado de la investigación del accidente de Germanwings en los Alpes franceses, salió, a las 48 horas de lo ocurrido, a dar explicaciones a la prensa de lo que se sabía hasta el momento. Por respeto a las víctimas, antes de hacer la mínima declaración a los medios dedicó todo el tiempo necesario a los familiares de quienes fallecieron en el avionazo. Trató de explicar lo inexplicable: el accidente fue un suicidio-homicidio perpetrado por el copiloto, más tarde se daría cuenta de su depresión crónica que pasó inadvertida para la compañía en la que trabajaba.
El periódico español El País (29/marzo/2015) describe al fiscal Brice Robin como una persona de gran calidad humana y con una empatía remarcable. Sin demérito de sus cualidades humanas, que quedaron más que probadas, le respaldan las leyes, la política pública y el entrenamiento adecuado. El fiscal no es un improvisado, tiene una larga carrera profesional que le ha permitido ascender a este puesto por sus méritos. Investiga bien y comunica mejor.
En México pocas dependencias son más opacas y menos legítimas que la Procuraduría General de la República. Sistemáticamente, los ciudadanos buscan información a través de la Ley de Transparencia, y una y otra vez se les contesta que se trata de información reservada. No importa qué pregunte el solicitante, por instinto la información se reserva. No es exageración decir que el Comité de Información, con todo y el aval de la Contraloría, ha negado información estadística, en algunos casos, información que se había entregado a través de boletines de prensa.
Paradójicamente, en la Procuraduría pecan tanto por defecto como por exceso. La falta de una política clara de información de la dependencia tiene graves consecuencias para la sociedad; la falta de confianza que los ciudadanos tienen en el sistema de procuración de justicia en gran medida está alimentada por su opacidad y sus imprudencias. Las consecuencias sociales son graves, pero mucho más preocupantes los daños causados a las personas involucradas.
No existe el mínimo cuidado ni respeto para el indiciado, con exasperante frecuencia nos muestran rostros en los medios para que todos seamos conscientes de que han atrapado a tal o cual secuestrador o narcotraficante. El indiciado es exhibido como culpable y sentenciado por los medios de comunicación sin prueba alguna. En caso de que la Procuraduría sea incapaz de demostrar su culpabilidad no hay resarcimiento al daño que se le ha causado. Se pone en libertad al detenido sin una disculpa y sin explicación a la sociedad.
No existen, o no se cumplen, protocolos precisos para que las partes de un proceso tengan acceso al expediente. Amparados en la secrecía de la investigación, los ministerios públicos suelen tener la capacidad de extorsionar a demandante y demandado.
Múltiples solicitudes y recursos de revisión dan cuenta de la utilidad de la Ley de Transparencia para que los indiciados conozcan el estado procesal en el que se encuentra su caso. Millares de expedientes duermen el sueño de los justos porque nadie se dignó a dictar el no ejercicio de la acción penal, nadie manda al archivo definitivo las averiguaciones de delitos prescritos.
Los procuradores, uno tras otro, protegen a los ministerios públicos cuando se resisten a entregar información que el IFAI ya ordenó hacer pública. La Contraloría, que debería sancionarlos, se convierte en su cómplice.
La Fiscalía General de la República, que está por sustituir a la PGR, necesita aprender del Código Procesal Penal Francés y de sus buenas prácticas. Es evidente que hay momentos en que la secrecía de una averiguación previa es la clave de su éxito, sin embargo, si se adoptara la transparencia como la regla y la reserva como excepción, muy probablemente sería menos complicado que la sociedad tuviese confianza en esta nueva institución.