Ciro Murayama
El Universal
28/05/2015
En México la jornada electoral está directamente a cargo de cientos de miles de ciudadanos que se desempeñan como funcionarios de casilla. Ellos llegan al lugar donde se sufragará con los materiales y la documentación electoral, arman las urnas, abren la casilla, reciben a sus vecinos y comprueban su identidad, entregan las boletas, y más tarde cierran la votación y hacen el conteo de sufragios. Para el 7 de junio el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene previsto instalar 148 mil 954 casillas en todo el territorio nacional, por lo que se necesita 1 millón 209 mil ciudadanos como funcionarios de casilla.
Para seleccionarlos, el INE insaculó y notificó en sus domicilios a casi 11 millones de personas, y capacitó a más de 2.5 millones de ciudadanos.
En la integración de las mesas se conjugan distintos factores, desde la voluntad y el compromiso de quienes aceptan, o no, participar hasta los contextos sociales, económicos y políticos de cada localidad.
En este proceso electoral, en 84% de las secciones del país se obtuvo a más del doble de los funcionarios requeridos (seis por casilla), en 15.9% al número necesario y sólo en 0.09% de las secciones no hubo la cantidad mínima. Las entidades con mayor número de ciudadanos aptos fueron Aguascalientes, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, las que registraron menos fueron Baja California Sur, DF, Nuevo León y Sonora. Todas las casillas que se ubicarán en Guerrero, Oaxaca o Tamaulipas cuentan con los ciudadanos necesarios para instalarlas. No fue el caso para 34 casillas ubicadas en el DF. Particularmente el distrito con cabecera en la delegación Miguel Hidalgo, una zona urbana con alta calidad de vida, es donde se dio la mayor resistencia a ser funcionario de casilla. En Polanco, Lomas de Reforma, San Miguel Chapultepec, Lomas de Virreyes y Bosques de Chapultepec el INE topó con la menor disposición a participar; en cambio en Tlapa, Chilpancingo o Iguala, en Guerrero, ese problema no fue significativo.
En este proceso el INE enfrentó un alza en el número de rechazos (1 millón 192 mil, 16% del total de notificados) y de personas “no aptas” para participar (2 millones 429 mil, 32% del total). Las entidades con mayor índice de rechazo fueron Sonora (28%), Distrito Federal (27.5%) y Baja California (23%); contrastan Tlaxcala (0.49%), Colima (0.51%) y Campeche (0.55%). Guerrero y Oaxaca sólo tuvieron 2% de rechazos y Michoacán 3%.
La principal causa por la que un ciudadano no es apto para participar está ligada al trabajo, porque no cuenta con permiso para ausentarse o porque labora por su cuenta en domingo (1 millón 192 mil).
Paradójicamente, en México las mayores dificultades para contar con ciudadanos que quieran hacerse cargo de la jornada electoral no surgen de la pobreza o el analfabetismo (443 mil), sino la negativa a participar (587 mil), sobre todo de quienes se ubican en el percentil más privilegiado; es ahí donde es mayor el desprecio a participar en la “cosa pública”. Una vez más, la desigualdad socioeconómica es fuente de problemas, pero esta vez por la negativa de los más acomodados para dedicar su tiempo a las tareas democráticas. Pese a ello, la buena noticia es que estamos en condiciones de instalar casillas en cada palmo del país para que los ciudadanos decidan quién los gobierna y los representa.