Dos veces tuvo que desmentirse, en días recientes, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces. Designada como directora del Conacyt en el próximo gobierno, esa destacada bióloga está comprobando que no basta con tener credenciales como investigadora para encabezar al organismo a cargo de la ciencia y la tecnología.
El 24 de septiembre le solicitó al actual director del Conacyt “que suspenda toda convocatoria abierta” por ese organismo que involucre recursos presupuestales a partir del año próximo. Con ese requerimiento la Dra. Álvarez-Buylla quería asegurar el pleno control en la orientación del Conacyt pero olvidó que ese organismo no nacerá cuando ella se haga cargo de él. No tomó en cuenta que hay millares de investigadores y becarios, dentro y fuera de México, que reciben apoyos a partir de las convocatorias del Conacyt, que tienen contratos pendientes de firmar o que esperan el resultado de las propuestas que han presentado para recibir financiamientos, y que serían afectados si el Consejo se declara en suspensión como ella quería.
Esa solicitud se difundió sin su consentimiento y la doctora se indignó porque consideró que se trataba de una filtración indebida. El 2 de octubre aclaró que no pretendía “suspender” todas las convocatorias “sino sólo aquellas que comprometan recursos” del presupuesto de 2019. Es decir, aclaró que sí había dicho lo que dijo porque a estas alturas del año las convocatorias del Conacyt están destinadas al ejercicio de recursos en 2019 y los años siguientes. Además exigió una investigación para determinar quién fue responsable de la difusión de la carta, sin advertir que la correspondencia de esa índole, en un organismo público, no tiene por qué ser privada.
El director actual del Conacyt, el doctor Enrique Cabrero, respondió el 3 de octubre que las convocatorias seguirán adelante porque, si las cancelara, incurriría en faltas administrativas señaladas por la ley. Dos días más tarde, Álvarez-Buylla aclaró que no pidió suspender los pagos a los becarios del Conacyt (aunque su solicitud sí tenía esa implicación).
Ese episodio puso bajo los reflectores la designación de María Elena Álvarez-Buylla Roces, a quien no le faltan méritos académicos. La vocación científica le viene de familia: su padre, Ramón Álvarez-Buylla fue investigador en fisiología en numerosas instituciones públicas, y su madre, Elena Roces, sigue siéndolo en la Universidad de Colima. Álvarez-Buylla es nieta de Wenceslao Roces, el historiador y jurista que llegó a México después de la guerra civil española y que tradujo El Capital de Carlos Marx.
Álvarez-Buylla es bióloga por la UNAM, botánica por la Universidad de Berkeley e investigadora en el Instituto de Ecología de la UNAM. En abril pasado recibió el Premio Nacional de Ciencias 2017 por su trabajo en dos asuntos: la dispersión de los transgenes de las variedades nativas de maíz y el estudio del cáncer epitelial.
En el primero de esos temas, la postura de Álvarez-Buylla ha sido polémica. Ella sostiene que el maíz transgénico es dañino para la salud. Otros científicos, también de reconocidísimo prestigio, han ofrecido pruebas de lo contrario. El año pasado, por ejemplo, la Gaceta y el área de Comunicación de la UNAM difundieron los resultados de una investigación en la que Álvarez-Buylla y otros colegas suyos encontraron que el 90% de las tortillas en México tiene maíz transgénico y que cerca del 30% de las muestras que analizaron tenían glifosato, un herbicida que ha sido señalado como posible cancerígeno.
Aquella información causó natural alarma en diversos medios. Poco después, el 6 de noviembre, la propia Gaceta de la UNAM difundió una detallada carta de tres científicos que aclaran que el maíz transgénico está autorizado en México, que no hay indicios de que el consumo de organismos genéticamente modificados sea dañino para la salud humana o animal, que hay centenares de publicaciones científicas que así lo acreditan y que en México el maíz de esa índole es tan utilizado que no es sorpresivo que se encuentre en numerosos productos aunque, aclaran, en muchas de las muestras analizadas por Álvarez-Buylla y su equipo la presencia de maíz genéticamente modificado es muy pequeña. El herbicida, por otra parte, se puede utilizar dentro de los límites que establecen las autoridades sanitarias.
Esa aclaración la suscribieron los doctores Francisco Bolívar Zapata, Agustín López-Munguía Canales y Luis Herrera Estrella. Los tres, entre otras distinciones, han recibido el Premio Nacional de Ciencias y el primero de ellos es Premio Príncipe de Asturias.
El intenso interés de la doctora Álvarez-Buylla para denunciar el consumo de transgénicos la ha llevado a cruzar la no siempre bien trazada línea que hay entre la academia y la política. Tiene pleno derecho a ello pero, como funcionaria pública —y más aún, como casi inminente responsable de la política pública destinada la ciencia— está en la obligación de distinguir entre sus posturas personales y las decisiones de gobierno. Martín Bonfil, autorizado divulgador de la ciencia, ha recordado algunos motivos de inquietud debido a la designación de Álvarez-Buylla para el Conacyt: “En parte por su falta de experiencia administrativa, que normalmente se considera necesaria para desempeñar exitosamente un puesto de ese calibre. En parte por su trayectoria como activista contra los organismos transgénicos, en particular de maíz, que ha llevado a extremos difíciles de reconciliar con el rigor científico (ha afirmado públicamente, por ejemplo, que el consumo de transgénicos puede causar cáncer o autismo, ideas que han sido concluyentemente refutadas”.(Milenio, 29 de julio).
El Conacyt abre todos los años docenas, quizá centenares de convocatorias para atender muy variados campos en la ciencia y la tecnología. Sin embargo en su petición del 24 de septiembre, aunque pidió la suspensión de todos los procesos de convocatoria y contratación, Álvarez-Buylla mencionó únicamente cuatro casos específicos. Dos de ellos se refieren a compromisos del Conacyt con el Fondo de Cultura Económica y en la Feria Internacional del Libro (suponemos que se refiere a la de Guadalajara). Los otros dos, están directamente relacionados con la investigación en materia de recursos genéticos. Se trata de la convocatoria SAGARPA-Conacyt y la de Fondos CIBIOGEM. La primera ofrece financiamiento a proyectos que atiendan temas como la conservación de recursos genéticos y el mejoramiento genético. La otra, convoca a ejercer fondos con recursos del Conacyt y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. De todas las convocatorias que expide el Conacyt, las que a la Dra. Álvarez-Buylla le interesaron de manera peculiar son esas dos que se refieren a temas directamente relacionados con sus posiciones académicas y políticas.
En junio pasado, antes de las elecciones, Álvarez-Buylla difundió su “Plan de reestructuración” para el Conacyt, que tiene lineamientos plausibles como la transparencia, el compromiso con la atención de problemas nacionales o la revisión de los criterios de evaluación de los investigadores. Sin embargo allí, además, se proponen medidas que pueden abatir la calidad de la investigación o, de plano, favorecer las simulaciones en detrimento del rigor científico.
Álvarez-Buylla quiere desarrollar la “ciencia ciudadana”, la “ciencia campesina milenaria” y la “valoración del conocimiento tradicional”. Sin duda es útil rescatar elementos del conocimiento popular pero sin confundirlo con el quehacer científico, que tiene otros parámetros. También es riesgosamente ambiguo el cuestionamiento a “el desarrollo de tecnologías peligrosas con poco o nulo contenido científico”. Si se refiere a la grafología, la quiromancia o la homeopatía, esa postura es meritoria. Si es una descalificación de actividades como la biotecnología, resultaría muy cuestionable.
Más preocupante es su iniciativa para “instrumentar la figura del vigilante social autónomo de los programas apoyados por el Conacyt”. Hasta ahora los proyectos que respalda el Consejo son asignados por comités de investigadores que los evalúan en un proceso de dictaminación muy riguroso. Sería catastrófico que el nuevo gobierno promoviera que los proyectos científicos y tecnológicos fuesen justipreciados por grupos sociales sin el conocimiento ni la calificación especializada que requieren esas tareas.
Álvarez-Buylla, por otra parte, sugiere revisar la entrega de recursos del Conacyt a estudiantes y académicos en universidades privadas. La cancelación o el condicionamiento de esos apoyos arruinaría los muy meritorios esfuerzos de instituciones de esa índole que han consolidado posgrados y proyectos de investigación.
Antes de reestructurar el Conacyt sería prudente que quien se haga cargo de él atienda a las propuestas de instituciones e investigadores. En julio pasado, docenas de universidades y centros de investigación, agrupaciones académicas y organismos empresariales, presentaron el documento Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Se trata de una evaluación muy seria del papel y la necesidad de la ciencia en nuestra sociedad, las medidas que hacen falta para impulsarla y se incluye una interesante agenda legislativa. Allí se encuentra el insumo principal para una política de Estado que promueva a la ciencia y no la encajone con cartabones ideológicos.