Rolando Cordera Campos
La Jornada
28/02/2016
El gobierno insiste en que sus decisiones recientes sobre la economía son responsables, pero los destinatarios no parecen conmoverse. Ya nos enteraremos del calado que tendrá el recorte en Pemex, una empresa productiva cuyo consejo de administración sigue con presteza y sin chistar los dictados del secretario de Hacienda, cuya visión productiva y/o empresarial dista de ser conocida o reconocida por el mundo de los negocios y la inversión. Lo que ya sabemos, en medio de la opacidad retórica que las acompaña, es que no han sido consideraciones sobre el desarrollo futuro del país las que guiaron las mencionadas decisiones hacendarias.
Los órganos colegiados representativos del Estado no han logrado encontrar el lugar que deberían ocupar en las discusiones y resoluciones que sobre la economía les corresponden. Los legisladores responden más bien a las instrucciones de sus respectivos gobernadores, quienes no quieren quedar mal con Hacienda; o, de plano, reciben órdenes de algún funcionario designado por el secretario cuando de cuadrar el círculo financiero se trata.
No hay ciencia ni habilidad tecnocrática en este juego, mucho menos formalidad republicana y democrática. Más bien, su destino se hace depender cada vez más de la paciencia del respetable que ya somos casi todos. Trátese de proveedores o usuarios de los bienes públicos cuya producción es responsabilidad del Estado; trátese de empleados o beneficiarios del quehacer estatal; y hasta de los desbalagados inversionistas financieros que apuestan a la estabilidad de las finanzas públicas, todo su horizonte y conducta está regido por la convicción de que se podría estar peor y que, por tanto, hay que aguantar y con prudencia moverse al ritmo y con las pautas que marque la autoridad.
Algunos hasta lo agradecen, cuando víctimas de alguna incertidumbre acuden al mensaje oficial de que después de todo no estamos tan mal como los vecinos. El mal de muchos vuelto virtud política.
Se trata de un círculo hostil a toda idea de innovación o promoción de la expansión productiva; no se diga del bienestar o la justicia sociales. Encerrados en un autismo que paradójicamente se expande y reproduce en y desde el estancamiento estabilizador, los actores políticos y las fuerzas sociales organizadas que han sobrevivido cultivan el «desamparo aprendido» que se ha implantado entre nosotros como resignación histórica y reflejo cultural: una esfera no sólo hostil al intercambio creativo que se supone es propio de la democracia, sino del todo contraria al mejoramiento cívico e intelectual que sólo puede darse en un entorno de deliberación comprometida con la crítica y la evaluación permanentes.
No sabemos, porque nadie lo ha tratado siquiera de explicar, lo que estos nuevos tijeretazos implicarán para las comunidades, las regiones y los grupos sociales. Qué tanto afectarán a la empresa que se ha vuelto financiadora a la orden del sector público o los planes de rehabilitación de esa vergüenza nacional que es la infraestructura educativa básica, o los proyectos de ampliación y reparación de caminos, canales, puertos u hospitales. O el abasto fantasmal de medicamentos del que nadie sabe, ni supo ni sabrá.
Se recortó a ciegas o por hipótesis, pero no hubo examen previo y detallado, porque lo que se buscaba no era optimizar el gasto o programar a mediano plazo unas finanzas de por sí abolladas. El nombre del juego era tranquilizar a la alta finanza y, tal vez, sin hablar claro, darle otro jalón a la demolición del Estado y sus ya tristemente célebres empresas productivas.
Tal vez sea por esto que el secretario quiere que lo veamos como el paradigma de la responsabilidad. No falta mucho para que nos aseste aquello de la «honestidad intelectual» que tanto cultivan los servidores de la sabiduría convencional… que muy poco tiene de sabia y hasta de convencional: se ha vuelto práctica reiterada y socorrida en esta república de la informalidad.