Fuente: La Crónica
Ciro Murayama
Ayer se presentó el documento México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo, elaborado y firmado por Eugenio Anguiano, Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera, Saúl Escobar, Gerardo Esquivel, Carlos Heredia, David Ibarra, Leonardo Lomelí, Prudencio López, Mauricio de Maria, Jorge Eduardo Navarrete, Norma Samaniego, Jesús Silva Herzog, Francisco Suárez Dávila, Carlos Tello, Enrique Del Val, así como el autor de esta columna.
Como se desprende de su título, el documento México frente a la crisis… quiere hacerse cargo de la crítica situación en que se encuentra la economía mexicana, al tiempo que presenta un conjunto de propuestas no sólo para reaccionar a la emergencia sino para redefinir el curso de la estrategia económica en pos de un desarrollo digno de tal nombre.
El punto de partida es el reconocimiento de que el mundo se encuentra en una crisis global, profunda y prolongada, que ha exigido a los diversos gobiernos la puesta en práctica de una combinación de medidas de tipo ortodoxo y heterodoxo para hacer frente a la crisis, dejando atrás dos décadas y media de predominio de una visión que en lo fundamental hacía depender el curso de la economía en la mera acción de los mercados. Así, está en curso una reconfiguración del poder económico mundial y de los paradigmas que venían guiando las decisiones de conducción económica.
Si bien en algunos lugares se abre paso a cierta recuperación, la economía mexicana sigue inmersa en la fase recesiva sin que tengamos innovación alguna en la política económica seguida. Esto se explica en el apartado “La macroeconomía de la crisis en México”, que subraya que nuestro país tiene elementos estructurales propios que le hicieron particularmente frágil a la crisis global y que deben ser corregidos, como la baja recaudación fiscal que limita la capacidad de gasto de la economía mexicana, misma que revela un problema no sólo económico sino político de primer orden: la incapacidad del Estado mexicano para hacer cumplir a los ciudadanos, sobre todo a los de mayores ingresos, sus responsabilidades cívicas básicas. La crisis está teniendo efectos negativos sobre todo el tejido productivo, acentuando el proceso de contracción de la industria y, en especial, de la manufactura. Se enfatiza que el problema principal de la economía mexicana no es el déficit de las finanzas públicas, sino la permanencia de una estrategia que induce el desmantelamiento del aparato productivo y perpetúa la desigualdad.
Un tercer nivel de diagnóstico se refiere a “Los saldos sociales de la política económica y de la crisis en México”, donde se hace expresa la forma en que problemas recientes, como la acelerada destrucción de empleo formal y la expansión en el número de pobres entre 2006 y 2008, acentúan rezagos preexistentes: pobreza masiva, aguda desigualdad e incapacidad para generar oportunidades de empleo en un momento clave de la demografía, justo en el momento histórico en que más jóvenes llegan a la edad de incorporarse al mercado de trabajo. El texto documenta las carencias en materia de educación, salud y seguridad social, que aunadas a la escasez de empleo configuran un escenario desfavorable para la cohesión social y propicio para la expansión de riesgos sociales emergentes, que se hacen manifiestos en una creciente vulnerabilidad económica e inseguridad pública.
Las propuestas del documento México ante la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo se refieren a la relación del país con el mundo, a la política económica, a las políticas sectoriales, a la edificación de un Estado de bienestar y a la cuestión juvenil.
Por razones de espacio me refiero sólo a dos apartados: la política económica y la edificación de un Estado de bienestar. En el primero se identifica a la reforma fiscal como la articuladora de otras reformas, en especial, con la de la seguridad social y la laboral. Por ello, la reforma fiscal ha de ser integral, tener una secuencia clara en virtud de que en tiempos de crisis hay medidas contraproducentes, como el incremento de impuestos al consumo, debe mejorar el sistema de administración e información tributarias, así como hacerse cargo de la pobreza y la desigualdad social para revertirlas a través de criterios de progresividad y efectividad. En el documento hay definiciones precisas sobre los impuestos: no debe desaparecer el ISR, sino aumentar sus tramos y tasas, quitando exenciones en la perspectiva de eliminar, sí, el IETU; no incrementar el IVA en la actual coyuntura; generar nuevos impuestos, como a las ganancias de capital y a las transacciones financieras. En materia de gasto, junto con una revisión a fondo incluyendo a los diferentes órdenes de gobierno y a los tres poderes, debe aumentar la transparencia de su ejercicio, robustecerse la capacidad de auditoría y privilegiarse el destino a infraestructura y programas sociales de alto impacto, en especial salud, educación y ciencia y tecnología.
En lo que hace a política monetaria, se propone dar el doble mandato al Banco de México para que se ocupe de promover el empleo y el crecimiento y no sólo de cuidar la inflación. En materia financiera, rescatar la banca de desarrollo.
El incremento de los ingresos fiscales tiene sentido si se tienen claros los fines y el destino. Se propone: 1) crear un sistema universal de salud, 2) edificar un sistema único de pensiones y, 3) introducir un seguro de desempleo para los trabajadores formales. Son estas acciones tangibles, las que contribuirían a reducir la resistencia al incremento gradual en los impuestos.
Las definiciones contenidas en México ante la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo tienen pocas coincidencias con la iniciativa presentada por el gobierno federal, pero será precisa otra entrega para hacer explícitas las diferencias con la propuesta oficial.