Mauricio Merino
El Universal
06/05/2015
La entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una excelente noticia: buena parte de sus disposiciones ya están vigentes y el reloj ha comenzado a correr para cumplir todos sus transitorios. No obstante, en el evento del lunes pasado, donde “toda la representación del Estado” se reunió para concelebrar la promulgación de esas nuevas reglas, no sólo hubo un deliberado soliloquio de nuestra clase política, sino un ominoso distanciamiento de las organizaciones de la sociedad civil que participaron de esa mudanza.
Con toda justicia, el senador Luis Miguel Barbosa reconoció el trabajo que hicieron algunos de sus colegas legisladores para diseñar una ley de vanguardia. Pero todos los oradores —incluyendo a Barbosa— se refirieron a la sociedad civil solamente como un concepto, como una entelequia. Nadie dijo que Ana Cristina Ruelas, Gabriela Morales y Natalia Calero dedicaron centenas de horas a redactar esa ley, junto con los equipos de los senadores nombrados, exigiendo párrafo a párrafo que se honraran los principios ya consagrados en la Constitución Política —gracias a la labor de las mismas organizaciones que estaban representadas en esa mesa—. Ellas lo hicieron sin recibir pago alguno por esa tarea ni mención alguna en el reparto de las medallas. ¿Pero quién reconocería, entre la clase política mexicana, a quienes acabaron siendo una piedra dentro de sus zapatos?
Ninguno de los oradores recordó el complejo proceso que llevó a la renovación del IFAI, en el que varias organizaciones decidieron colaborar con la mejor buena fe y a pesar de todos los riesgos, ni la participación permanente y las constantes aportaciones de organizaciones como Fundar, Artículo 19, Transparencia Mexicana, Imco, México Evalúa, GESOC, Sonora Ciudadana, México Infórmate, Iniciativa Ciudadana o el Colectivo por la Transparencia, entre muchas otras, para construir la agenda que el lunes pasado se presentó como la hechura exclusiva del Presidente de la República y el Congreso. Les fue más fácil hablar de la “sociedad y los académicos”, incidentalmente, para marcar con nitidez la distancia que separa a los dueños del poder de sus súbditos. ¿Cómo agradecerles a todas esas personas su trabajo por la transparencia y la rendición de cuentas en México, si tendrían que ser ellas las agradecidas porque la clase política ha tenido a bien escucharlas?
De haber permitido que esos igualados se les sumaran, el tono de la celebración habría modificado sus tiempos verbales. Lo que presentaron como un hecho ganado, tendría que haberse reconocido como el principio de un largo camino que todavía está por andarse para conjurar la opacidad, la impunidad y la corrupción que siguen inundando al país. La voz de esas organizaciones quizás les habría aguado la fiesta y habría comprometido su urgente necesidad de ganar legitimidad, en medio del desencanto y del hartazgo que están marcando estos momentos tristes de México.
Lo único rescatable fue un párrafo dicho por el senador Luis Miguel Barbosa, quien hizo notar que todavía falta “la construcción de la Ley Federal de Transparencia y Protección de Datos, la Ley de Archivos, así como los ordenamientos que deriven de la Reforma Constitucional Anticorrupción: dos nuevas leyes y modificaciones a seis ya existentes”. Y quien también subrayó que esos proyectos: “…escuchen lo que voy a decir, formarán la Agenda Ciudadana por lo que resta de 2015 y 2016. Esa va a ser la Agenda Ciudadana. Esa va a ser la agenda de las organizaciones civiles. Esa va a ser la agenda de la sociedad”. Y tiene razón: los despropósitos de la clase política inyectan, cada día, más incentivos y más razones para seguir adelante. Hace falta mucho más que un desaire para que la “sociedad y los académicos” rindan sus causas.