Si una noción (aspiración) se ha abierto paso hasta convertirse en hegemónica es la de la justicia. Por lo menos retóricamente está descalificada la justicia por propia mano y se aspira a que las instituciones del Estado sean capaces de sancionar (y con ello inhibir) conductas consideradas como faltas o delitos. Es al mismo tiempo una condición y una consecuencia de eso que de manera nebulosa llamamos vida civilizada.
No obstante, lo sabemos, para que la justicia sea tal y no simple venganza o fórmula atrabiliaria, es necesario que cumpla con determinados estándares. La idea del debido proceso que por fortuna se abre paso entre nosotros, supone reglas de comportamiento para las autoridades y derechos para los presuntos inculpados. Las primeras no pueden ser discrecionales ni caprichosas ni jugar con su poder como si no tuvieran limitantes. Y los segundos están amparados por una serie de mecanismos y procedimientos que en teoría (por desgracia no en la práctica) deben tutelar que todo mundo sea inocente hasta que un juez determine lo contrario.
Todo lo anterior se escribe con una avasalladora sencillez. No obstante, todos los días esos supuestos son vulnerados y por ello (no descubro nada) el déficit que cargamos en materia de impartición de justicia. La larga y quizá innecesaria introducción viene a cuento porque a un muy comprometido y eficaz funcionario público (además de amigo) los responsables de impartir justicia lo colocaron, por un momento, en una situación difícil y el caso puede servir para ilustrar con claridad cómo un procedimiento para supuestamente generar justicia se puede convertir en su contrario. De él, como de muchos otros, deberíamos sacar conclusiones para que, como decía Chabelo, sepamos lo que se debe y no se debe hacer (porque por desgracia y como veremos si se puede hacer).
Un buen día dos serios e importantes diarios publicaron, el mismo día, que, entre otros, Ricardo Becerra era investigado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por supuestos desvíos del fondo para la reconstrucción por los sismos del 19 de septiembre de 2017. Las notas tenían la misma fuente: eran producto de una filtración de la Procuraduría. Sobra decir que hasta ese momento el presunto inculpado no sabía absolutamente nada del asunto.
El quid es que ese tipo de filtraciones, realizadas por aquellos que presuntamente están desarrollando las investigaciones del caso, desvirtúan de manera radical el proceso de impartición de justicia. Infringen un daño a los señalados (sin que éstos siquiera se puedan defender), pero además estropean de manera considerable las propias pesquisas, al darlas a conocer y poner en alerta a quienes son investigados (y que en efecto pueden haber cometido un delito) y al mezclar a unos con otros (sobra decir que los ministerios públicos, por ley, no pueden hacer del conocimiento público sus indagatorias por lo antes señalado).
De inmediato Ricardo Becerra aclaró las cosas. Informó que él no había “recibido solicitud de información alguna de ninguna autoridad”, que, en efecto, había encabezado la Comisión para la Reconstrucción, pero que su renuncia había sido pública a partir del 15 de febrero de 2018, señalando precisamente “las anomalías en el manejo de los recursos… que habían sido asignados indebidamente desde la Asamblea Legislativa”, y lo más desquiciado y fantasioso era que el fideicomiso que supuestamente se estaba indagando había sido “creado el 7 de junio de 2018, es decir, cuatro meses después de mi renuncia”. Quien había realizado la filtración ni siquiera había tomado en cuenta que la acusación era fácilmente desmontable.
Al final la propia Procuraduría, en conferencia de prensa, aclaró que no había ninguna investigación contra Ricardo Becerra, pero el daño en términos de opinión pública estaba hecho. Hasta donde yo alcanzo a ver, el asunto no puede quedar así. La propia Procuraduría debería investigar quiénes fueron los filtradores porque no se puede ni debe “dormir con el enemigo».