Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
21/03/2016
A las 5 de la tarde del lunes 14 de marzo la concentración de ozono en la zona suroeste de la Ciudad de México alcanzó 203 puntos. A esa hora la Comisión Ambiental de la Megalópolis estaba decretando la contingencia que durante tres días estableció restricciones adicionales a la circulación de vehículos.
Por lo menos después de la emergencia se han tomado medidas pertinentes para enfrentar el deterioro en la calidad del aire. El programa de contingencias será modificado, presumiblemente, para disminuir los umbrales a partir de los cuales se establecen medidas más estrictas, los equipos de monitoreo ambiental serán renovados y el gobierno federal mantendrá el compromiso de invertir 250 millones de pesos destinados al proyecto para que la Línea A del Metro llegue hasta Chalco.
Para que eso sucediera fue necesaria la contingencia ambiental que significó un retroceso de una década y media en el esfuerzo para mejorar la calidad del aire en el Valle de México.
De esa tragedia ambiental son corresponsables el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el Presidente de la República, que han tomado medidas a destiempo, en ocasiones con criterios clientelistas, y han dejado el cuidado del aire en manos inexpertas.
El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, que promovió amparos para que los propietarios de automóviles viejos eludieran el Hoy No Circula, comparte la culpa por el deterioro de la calidad del aire. También es culpable la Suprema Corte de Justicia, que ciñó su resolución sobre la circulación de automóviles a un criterio estrecho, privilegiando el derecho individual de los propietarios de carcachas por encima del interés de la sociedad.
En esta tragedia de errores sucesivos es imposible no recordar las —en todos sentidos— costosas decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que a través de la expansión de vías rápidas fomentó el uso de automóviles en detrimento del transporte público. El gobierno de Marcelo Ebrard corrigió esa política, pero con una línea del Metro mal diseñada y peor construida.
Esa retahíla de equivocaciones tendría que haber sido reconocida por Miguel Ángel Mancera, que ya cumplió 40 meses como jefe de Gobierno. Pero en vez de señalar con suficiente énfasis el riesgo que cada día aumentaba para la calidad del aire en la Ciudad de México se resignó a la inercia que impusieron decisiones de otros y no quiso o no pudo resolver la corrupción en las verificaciones, la contaminación que causan el transporte de carga y los microbuses e incluso los vehículos propiedad del gobierno a su cargo.
Los vehículos en la Ciudad de México, que hasta hace algunos meses eran alrededor de 5 millones, crecían a un ritmo de 3.8% cada año. Pero desde julio pasado hay 600 mil más que circulan todos los días. La mayoría de ellos no deberían tener esa autorización.
Los automóviles viejos contaminan más. El Centro Mario Molina explica: “Un vehículo de más de 20 años de edad, puede contaminar hasta 20 veces más que uno con tecnología de última generación, independientemente del mantenimiento”. Pero, al mismo tiempo, hay automóviles nuevos “con tecnologías obsoletas y muy contaminantes, que se comercializan para acceder a segmentos de la población de ingreso medio”.
De ahí la necesidad del programa Hoy No Circula que, de acuerdo con el mismo Centro, “reduce entre 25% y 70% la emisión de contaminantes atmosféricos”, dependiendo del contaminante.
Por eso la resolución de la Suprema Corte en julio pasado tuvo efectos tan desastrosos. Unos días después, el 9 de julio, el gobierno del DF tuvo que cambiar las reglas para que la verificación vehicular tomara en cuenta la emisión de contaminantes y no el año del automóvil. El gobierno de la ciudad pudo haber enfrentado esa decisión promoviendo la modificación de los indicadores de esas mediciones. Pudo haber puesto especial cuidado para impedir que la corrupción, y no la verificación, permitiera circular vehículos notoriamente contaminantes.
El Centro Molina encontró, gracias a mediciones realizadas con sensor remoto, que “cerca del 45% de los vehículos con holograma cero y más del 80% de los que tienen holograma dos rebasa los límites permitidos por la normatividad actual. Esto es de por sí grave, pero aún más si se considera que esos límites son demasiado laxos y deben ser actualizados”.
Esa no es la única simulación. Cada vez hay más automóviles con placas de otras entidades que son registrados fuera de la Ciudad de México para no pagar tenencia. La búsqueda de placas del Estado de México o de Morelos ha sido alentada por otra decisión desafortunada del gobierno del DF, que no les cobra las infracciones grabadas por sus videocámaras a los automóviles con matrícula de otra entidad. Con decisión y algo de inversión se podrían cobrar las multas a esos vehículos, como ayer explicó Arturo Ramos Ortiz en estas páginas.
El Gobierno de la Ciudad de México ha dejado esos problemas a cargo de Tanya Müller García, secretaria del Medio Ambiente. Esa ingeniera agrónoma tiene credenciales en asuntos de horticultura y ha sido promotora de la creación de jardines en azoteas y de la transportación en bicicleta, actividades muy loables, pero insuficientes para resolver el menoscabo en la calidad del aire.
En julio de 2014 la ingeniera Müller consideraba que tenían que salir de la circulación 560 mil autos de 9 o más años. Pero un año más tarde, consideró que la nueva situación del Hoy No Circula, que llevaría a las calles 600 mil autos viejos todos los días, “no incrementará la emisión de gases en la Ciudad de México y las otras cinco entidades, porque son un serio esfuerzo de acordar políticas públicas en beneficio de la salud y equidad social”.
Ese esfuerzo no fue serio, pues los gobiernos que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis no tomaron decisiones a tiempo, como Miguel Ángel Mancera reprochó hace unos días. En los informes de la secretaria Muller, el tema de la contaminación del ambiente ha tenido cada vez menor importancia, además de que en esos documentos se repiten párrafos idénticos de un año a otro, como ha documentado El Universal. La prioridad de esa funcionaria es el programa Ecobici, que es interesante, aunque los ciclistas tengan que sufrir una calidad del aire cada vez peor.
En el plano federal, el presidente Enrique Peña Nieto también ha subordinado los asuntos ambientales a la improvisación y, además, a las conveniencias políticas. Desde agosto del año pasado la Secretaría del Medio Ambiente está a cargo del ingeniero industrial Rafael Pacchiano Alamán, que ha sido gerente de Mercadotecnia de la empresa automotriz BMW, gerente de la farmacéutica Pfizer y empleado de Booz Allen & Hamilton, empresa especializada en temas de defensa militar. En 2009 fue diputado federal por el Partido Verde y en 2012 el presidente lo designó subsecretario para la Protección Ambiental. Pacchiano es esposo de la coordinadora de Estrategia Digital del gobierno federal, Alejandra Lagunes. La alianza con el PVEM y los intereses personales, y no la experiencia de ese funcionario, explican que Pacchiano sea titular del Medio Ambiente.
El cuadro de impericias que nos obliga a respirar aire de mala calidad lo completó el desplante despótico del gobernador del Estado de México. Cuando Miguel Ángel Mancera se quejó porque en los estados vecinos la circulación de vehículos no tiene reglas tan estrictas como en la Ciudad de México, Eruviel Ávila cerró el paso a los basureros en el Edomex. Será imposible olvidar el berrinche de ese gobernador cada vez que se hable sobre su futuro político —si es que lo tiene, después de esa exhibición de prepotencia e intolerancia—.
Ineptitudes, abusos y simulaciones han desembocado en una política errática para enfrentar el deterioro del aire. Y todavía, insensibles, hubo políticos que se tomaron selfies en estaciones del Metro para mostrarnos, pobrecitos, cuán sacrificados son. Nos ha quedado —por lo pronto— el recurso de la rechifla.