Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
16/04/2018
En una cosa tienen razón los cuatro magistrados electorales que incluyeron a El Bronco en la boleta electoral. La tienen cuando dicen, en voz del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que ese tribunal “no hace política”.
En efecto, no la hace. La tarea de los magistrados es interpretar y aplicar la ley. Pero, al cumplir con ese cometido, tienen la responsabilidad de comprender y aquilatar las consecuencias políticas de sus decisiones. Toda resolución judicial, mucho más aún cuando se trata de asuntos electorales, tiene significados políticos. Si los magistrados no se han dado cuenta de esas implicaciones, deberían dedicarse a otra cosa. Por lo pronto el daño que han ocasionado a la institucionalidad electoral, comenzando por el propio Tribunal, es de consecuencias incalculables.
La decisión de cuatro de sus magistrados para desconocer las muchas irregularidades que cometió Jaime Rodríguez Calderón y hacerlo candidato presidencial no tiene asidero jurídico respetable. Con una sentencia que será ejemplo de imposturas con coartadas pretendidamente legales, colocan en la elección presidencial a un individuo tramposo que no cumplió los requisitos que establecen las normas electorales. En el intento para justificar ese despropósito, los cuatro magistrados han querido descalificar el trabajo del Instituto Nacional Electoral.
Indalfer Infante Gonzales, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez aprobaron y defendieron la ponencia que presentó Fuentes Barrera para hacer candidato a El Bronco.
En contra votaron Janine Otálora Malassis (presidenta del Tribunal), Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón. Sus razonamientos indican que no hay homogeneidad en el Tribunal. Sin embargo, la mayoría que conforman los cuatro primeros permite desconfiar no sólo de la imparcialidad, sino también de la prudencia de las decisiones que tienen por delante.
Jaime Rodríguez es candidato presidencial sin haber reunido las adhesiones que la ley establece. El gobernador con licencia entregó 2 millones 34 mil 403 firmas. De todas ellas, el INE únicamente aceptó 835 mil 511. Para obtener la candidatura independiente a la Presidencia se requieren 866 mil 593 respaldos, que corresponden al uno por ciento de la lista nominal de electores.
Es decir, de los 2 millones de registros que Rodríguez dijo haber reunido, la autoridad electoral rechazó un millón 198 mil 892. Entre las firmas no aceptadas había, en números redondos: 737 mil en fotocopias o en documentos distintos a la credencial de elector, 266 mil repetidas, 34 mil correspondientes a personas que no están en la lista de electores y más de 158 mil registros con documentos falsos.
Durante el periodo de recolección de firmas, entre diciembre y febrero, los representantes de Rodríguez acudieron a doce reuniones con funcionarios del INE para revisar las adhesiones que ya habían sido cotejadas por la autoridad electoral. Los representantes de ese aspirante decidieron revisar 392 mil registros. En esa revisión lograron aclarar más de 48 mil firmas.
Más tarde, cuando el INE dio a conocer el resultado de la revisión de todas las firmas entregadas con los datos antes mencionados, Rodríguez tuvo cinco días para verificar los registros de personas que se encontraban en la lista nominal. Gracias a ello aclaró algo más de 14 mil. Después de ese cotejo Rodríguez quedó con 849 mil 937 firmas en respaldo a su solicitud de registro. Le faltaron 16 mil 656, es decir el 1.92%, para alcanzar los apoyos que requiere la candidatura presidencial.
La sentencia del Tribunal enumera cada una de las doce reuniones que los representantes de Rodríguez tuvieron en el INE. Esos representantes seleccionaron cuáles de los registros rechazados querían examinar. En marzo hubo otras cuatro audiencias. De todo ello da cuenta, fecha por fecha, el dictamen del Tribunal.
Sin embargo cuatro de los magistrados electorales consideraron que no se respetó la garantía de audiencia de Rodríguez. Pero ésa no es la peor contradicción en su sentencia. A pesar de que ellos mismos, citando informes del INE, mencionan la cantidad de firmas revisadas y los motivos por los cuales el resto fueron descartadas, sostienen que de haberlas examinado todas ese aspirante hubiera podido alcanzar el número de adhesiones requerido para la candidatura.
Allí se encuentra la maroma retórica y la ilegalidad patente que cometieron los cuatro magistrados. Se tomaron la licencia de suponer que, con los registros sin revisar, Rodríguez habría alcanzado las firmas que le faltaban: “es evidente que hubiera podido recuperar el 1.9% de apoyos”. Pues no lo es. En rigor, no faltaron adhesiones por verificar. Los representantes de Rodríguez examinaron todas las firmas que eran susceptibles de ser corregidas. El resto, eran registros de personas inexistentes o que no se encuentran en el padrón electoral.
En la sesión del Instituto Nacional Electoral que, en acatamiento a la sentencia del Tribunal, aprobó la candidatura de Rodríguez, el consejero Ciro Murayama explicó de manera muy clara esa incoherencia de los cuatro magistrados:
“…Permítaseme señalar cuáles fueron las irregularidades realmente insubsanables para el INE: los muertos (¿o qué, había que revisar si los 7 mil o algunos de ellos habían resucitado?), o aquellos cuyos nombres nunca han estado en el padrón (¿querían que afiliáramos fuera de módulo y de norma a quien nunca ha tramitado una credencial?), ¿o ver si los 266 mil duplicados con el mismo nombre y misma clave de elector se habían convertido de una persona en dos diferentes?”.
Los magistrados que hicieron mayoría en el Tribunal dicen que la revisión de firmas a cargo del Instituto “estuvo plagada de irregularidades que vulneran el derecho de audiencia” de Rodríguez. En cambio los otros tres magistrados estiman que ése es un señalamiento “insostenible” y que en cada fase del proceso de recolección y revisión de firmas ese aspirante pudo “defender sus intereses”.
En la decisión de los cuatro magistrados no valieron evidencias, ni razones, sino simplemente el claro propósito de favorecer a un aspirante que no cumplió los requisitos legales para ser candidato. A partir de la ya señalada pirueta argumental, cuando sostienen que a Rodríguez el INE tendría que haberle permitido examinar registros en los que no había nada que revisar, los cuatro magistrados consideran que, entonces, hay que presumir que entre esas firmas habría las necesarias para llegar a la cuota de adhesiones que exige la ley.
La manera como tratan de justificar esa decisión debe formar parte de una antología del disparate: “dado que es la autoridad la que posee todo el material relativo al proceso para recabar los apoyos respectivos y que se generó una confianza legítima en el actor, de que sus firmas validadas alcanzarían el umbral necesario para obtener el registro, es que se alcanza la convicción de que los apoyos recabados por el actor son de buena fe y deben, en principio y para efectos de tal registro, considerarse válidos”.
En otras palabras: cuando encontró que Rodríguez tenía casi todas las firmas necesarias para alcanzar el registro, el INE le dio esperanzas y él pudo creer que sería candidato. Pero esa afirmación, absolutamente subjetiva, no tiene el propósito de lamentar la desilusión que sufrió el pobrecito Bronco cuando más tarde se enteró de que no alcanzaba las adhesiones necesarias para obtener la candidatura. A partir de esa circunstancia, el Tribunal dictamina que las firmas entregadas por ese aspirante son legítimas porque han sido obtenidas “de buena fe” y por eso hay que suponer que son auténticas.
Si de eso se trataba, les hubieran avisado a los centenares de trabajadores del Instituto Nacional Electoral que durante varias semanas cotejaron, en ocasiones una por una y con una seriedad que nadie ha podido contradecir, más de 5 millones de registros entregados tan sólo por los tres aspirantes presidenciales que recabaron más firmas. Si el Tribunal iba a considerar que esas firmas eran legítimas porque supone que fueron obtenidas de buena fe, entonces no hacía falta revisión alguna.
Lo más escandaloso es la indolencia que lleva al Tribunal a sostener que Rodríguez actuó “de buena fe” cuando el INE documentó multitud de trampas de ese personaje. No hay que olvidar que de más de 2 millones de firmas que entregó, sólo el 42.7% eran legítimas. Es decir, casi seis de cada diez firmas que presentó Rodríguez eran irregulares, duplicadas o de plano, falsas.
En contra de la ley y a pesar del esmerado trabajo de revisión a cargo del Instituto, la banda de los cuatro magistrados le regaló a Rodríguez la candidatura presidencial.
Además los magistrados le prohibieron al INE revisar cuántas de las firmas que le fueron reconocidas a Rodríguez se duplican con las que entregó la otra candidata independiente, Margarita Zavala. Al haber no sólo una sino dos candidatos independientes, el Instituto tendría que haber comparado los registros entregados por Zavala y Rodríguez para que las adhesiones a cada uno de ellos no se repitieran. La ley electoral indica que si un ciudadano apoyó a más de un aspirante, su respaldo debe ser adjudicado al candidato para el que firmó primero. Ahora el Tribunal dispuso que el INE no puede hacer esa verificación para identificar la duplicidad de respaldos a los candidatos presidenciales. Es altamente posible que, de haberse realizado ese cotejo, se habría caído la candidatura de Jaime Rodríguez y quizá también la de Margarita Zavala. Hay que recordar que tan sólo entre las firmas que entregó El Bronco había 266 mil repetidas en favor suyo. Y entre las que entregó Zavala había más de 132 mil firmas duplicadas a favor de ella misma.
Si no fue por mentecatos, los cuatro magistrados sólo pueden haber aprobado esa sentencia por consigna. Si fueron persuadidos por la Presidencia de la República estamos ante una oprobiosa expresión de debilidad de esos magistrados pero, también, ante una intromisión ilegítima que no podría haber ocurrido sin la decisión expresa del presidente Peña Nieto.
Si la incorporación de El Bronco en la boleta presidencial tiene el propósito de quitarle votos a López Obrador se trataría de una maniobra torpe y desafortunada. La consecuencia inmediata es el desprestigio del Tribunal que calificará la elección presidencial. Tienen razón los integrantes de la banda de los cuatro magistrados cuando dicen que no hacen política. Apenas han alcanzado a hacer politiquería.