Pedro Salazar
El Financiero
29/09/2021
Amplio y contundente ha sido el rechazo desde diversos actores y sectores contra la acción penal intentada por la Fiscalía General de la República –con el respaldo del discurso presidencial– en contra de 31 personas vinculadas con el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico AC. No hay mucho para agregar a ese rechazo que comparto con convicción. Si existen motivos para investigar y, eventualmente, para sancionar a alguna persona, que se haga. Pero la forma, los tipos penales y la estrategia trazada por la Fiscalía –como han dicho muchas voces autorizadas en estos días– es, simple y llanamente, desproporcionada.
Desde el punto de vista jurídico lo mejor que he leído sobre el tema es la columna de José Ramón Cossío en El País intitulada ‘¿Derecho penal al enemigo?’. La tesis central es triste e impecable: el Estado mexicano está utilizando instrumentos de impronta autoritaria y draconiana para perseguir –en este caso– a las personas científicas. Suena fuerte pero es cierto. Mejor decirlo con indignación y clareza.
En ese contexto circula un video de TV Azteca en el que un reconocido conductor de noticiero arremete en contra de las universidades públicas más grandes e importantes del país. Lo hace con saña y mentira. Es verdad que la pandemia –que no es una invención ni un pretexto sino un hecho real y dramático– obligó a las universidades a cerrar sus aulas y durante meses las clases no han podido ser presenciales. Pero es falso que las personas hayan dejado de impartir y acudir a sus cátedras. La Universidad Autónoma Metropolitana ha respondido con contundencia a la calumnia. Su respuesta vale también para lo que ha sucedido en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional: “la comunidad de esta casa de estudios ha permanecido cohesionada y funcionando, con los jóvenes en clases virtuales y la UAM abierta, aun con las instalaciones cerradas”.
La propia UAM nos recuerda el esfuerzo que esta empresa ha significado y que consta a quienes nos dedicamos a la investigación y a la docencia universitarias. Por eso es pertinente y necesario el párrafo con el que cierra el comunicado que, con razón, constituye al mismo tiempo una admonición al telediario: “El trabajo académico desarrollado en las universidades públicas es y ha sido ejemplo de fortaleza social y de debate racional que debe sostenerse con información veraz; lo contrario no abona al desarrollo de la educación superior, ni del país”. Justa indignación.
En medio de tanta zozobra se activa una polémica en redes sociales porque la hija de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México recibió una beca del Conacyt para realizar estudios de doctorado en filosofía en Estados Unidos. No conozco a la académica pero me puedo imaginar su historia.
Somos muchas las personas que, a lo largo de muchas décadas, presentamos nuestra candidatura para contar con un apoyo económico al Conacyt –y también a otras instituciones nacionales e internacionales– para realizar estudios de posgrado fuera del país. En mi caso fui apoyado también para estudiar filosofía –con orientación política– en la Universidad de Turín, Italia. A mi regreso fui contratado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM –que ahora dirijo– gracias a un programa de repatriación del propio Conacyt. Así que le estoy agradecido y reconocido por partida doble.
El proceso de selección al que nos sometimos para obtener la beca supuso un escrutinio de nuestros antecedentes académicos y de la idoneidad del programa que elegimos. Como sucede en la academia fueron los méritos y propósitos los que determinaron nuestra suerte. Como he pasado por ahí y he formado parte de comités de evaluación entre pares asumo que la Dra. Imaz Sheinbaum tuvo los méritos necesarios y suficientes para ser becada. Así que me parece indignante la andanada en su contra y que se cuestione su capacidad por el hecho de ser hija de la gobernante capitalina en turno.
A este país le hacen falta más personas, instituciones, espacios y foros para pensar, enseñar e investigar. Las embestidas policiales, mediáticas o de redes sociales en contra de quienes se dedican a la ciencia, a la tecnología, a la cultura o a las humanidades nos empobrecen como sociedad y como nación.
Lo que estamos viviendo provoca un genuino “enojo, ira o enfado vehemente” contra las personas que las emprenden. Indigna.