Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
14/12/2015
El presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno sabotearon la oportunidad que tenían para mejorar la vida de los mexicanos que reciben remuneraciones más escasas. El aumento de 2.94 pesos diarios al salario mínimo es un agravio a la sociedad.
Esa afrenta no la comete sólo la nebulosa Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Conasami. Ese organismo, de composición tripartita y de cuyas sesiones no hay actas públicas, determinó que a los trabajadores de menores ingresos les corresponde un incremento inferior a tres pesos diarios.
El presidente de la Comisión, Basilio González Núñez, justificó ese incremento diciendo: “los verdaderamente pobres en México son aquellos que no tienen empleo, los desempleados” y ellos, “¿qué cree usted que preferirían, un salario mínimo o no tener ingresos?”.
Esa artificiosa argumentación sugiere que un mayor aumento a los mínimos habría incrementado el desempleo, lo cual es falso de acuerdo con la experiencia internacional. En muchos países los aumentos en el salario mínimo (al que llamaremos SM en el resto de este artículo), además de resarcir un poco las carencias de quienes ganan menos, han intensificado el consumo y de esa manera la creación de trabajo productivo.
Casi siete millones de mexicanos tienen un ingreso de hasta un SM. De ellos, 3.1 millones tienen empleos regulares: ése es el segmento al que hubiera beneficiado directamente un incremento significativo. Durante años, cuando les preguntaban por qué el SM no aumentaba más, los funcionarios del sector laboral del gobierno respondían que si los incrementos fueran mayores podrían repercutir en el alza de tarifas que dependían de ese indicador. El SM era tomado como referencia para el pago de multas, créditos y contribuciones diversas.
Para eliminar esa dificultad tuvo que recorrerse un tortuoso proceso legislativo. La desindexación del SM fue propuesta por diversos legisladores y partidos. Incluso el presidente Peña Nieto envió al Congreso en diciembre de 2014 una iniciativa para reformar la Constitución con ese fin.
El 10 de diciembre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales para desindexar el salario mínimo y crear la Unidad de Medida y Actualización. La reforma fue turnada al Senado, donde las comisiones revisoras hicieron modificaciones y llevaron su dictamen al pleno el 14 de diciembre de 2014. Allí se decía que el SM “prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas de las leyes, debe ser el primer paso de una estrategia para recuperar el poder de compra de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de nuestra población”.
Casi un año más tarde, el 19 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó la minuta que envió de regreso el Senado. La reforma constitucional fue respaldada con 417 votos a favor y ninguno en contra, con un dictamen donde los diputados consideran: “como un requisito previo al aumento del salario, se propone modificar el término ‘salario mínimo’ solo para efectos de su función como ‘unidad de cuenta’, procediendo a la desindexación del mismo”.
Es decir, el reemplazo del SM por una nueva unidad de medida tuvo el propósito explícito de facilitar el incremento de esa remuneración. Así lo apuntaron legisladores y partidos. En los congresos locales, la aprobación de esa reforma constitucional estuvo acompañada de constantes reconocimientos a la necesidad de aumentar el SM.
La semana pasada concluyó el proceso de aprobación de la reforma constitucional con el aval de más de 18 congresos locales. Sólo faltaba la promulgación del decreto correspondiente, a cargo del presidente de la República. Así quedaba despejado el obstáculo principal para que los mínimos crecieran más que la inflación anual.
El gobierno de la ciudad de México, como es bien sabido, hizo de la demanda por un mejor SM una causa que respaldó con documentada información y en torno a la cual se formó una interesante coalición de organizaciones sociales. Hace varias semanas el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México publicó un libro, coordinado por Miguel Ángel Mancera, en donde abundan argumentos y experiencias para apuntalar el aumento al SM (disponible en http://goo.gl/8NnR5i).
Un grupo de trabajo designado por ese gobierno estudió cuál tendría que ser el incremento adecuado y resolvió apoyarse en un dato del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: en octubre de 2015 el costo de la canasta alimentaria mensual por persona era de $1,295.01 al mes. Para cubrir las necesidades únicamente de alimentación de un trabajador y un dependiente económico suyo se necesitarían $86.33 diarios. Para que el SM, que en 2015 ha sido de $70.01 diarios, llegase a esa cantidad, se requería nada más un aumento de $16.23.
Así se pretendía compensar, aunque fuese un poco, la enorme desigualdad que ha propiciado el aherrojamiento burocrático del SM. Cualquiera que sea el método para compararlo, el SM en México está entre los peores en América Latina. En 2011, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, calculado en dólares corrientes, el SM mensual en México era de 121.5, en Guatemala 277.1, en Brasil 324.9, en Costa Rica 382.1. Si se comparan los dólares de acuerdo con su capacidad adquisitiva, en México el SM valía 173.9 (el peor de la región), en Nicaragua 241.6, en Colombia 396.5, en Paraguay 578.2.
También si se le evalúa a partir de su crecimiento reciente, el SM en México está entre los peores de la región. Tomando como 100 los SM que había en 2000 y según datos de la Cepal, el año pasado en Brasil el salario era equivalente a 204, en Ecuador 196, en Chile 145, Colombia 119. En México, de acuerdo con ese indicador, el SM había retrocedido a 96. Mientras aquí va para atrás, en Centroamérica el salario mínimo aumenta: según la misma escala estaba en 212 dólares en Honduras, 137 en Guatemala, 113 en Costa Rica, 108 en El Salvador. La propia Cepal ha asegurado: “el fortalecimiento del salario mínimo ha sido uno de los motores principales para la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región”. La excepción es México.
Un documento del gobierno de la ciudad de México recuerda que entre 1998 y 2015 la productividad en el país ha tenido un incremento acumulado del 16%. Sin embargo, el SM se encuentra 30% por abajo del nivel que tenía en 1991. Por eso ha caído tan drásticamente su capacidad de compra. La Cámara de Diputados señaló en noviembre del año pasado que desde 1987 el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable tuvo un incremento acumulado del 4,773%, en tanto que el SM creció 949%. Es decir, el precio de los alimentos es cuatro veces mayor en comparación con el aumento al SM.
Argumentos como esos contribuyeron a establecer un amplio consenso para llevar el SM al monto indispensable. El viernes pasado Miguel Ángel Mancera anunció que buscaría un encuentro con el presidente Peña Nieto para dialogar sobre ese tema. Pero inesperadamente, la Conasami anunció el incremento de 4.2% para 2016. El SM aumenta $2.94, para quedar en $73.04 diarios.
La Conasami se apresuró a tomar tal decisión a pesar de que estaba en marcha la promulgación de la reforma constitucional, o para adelantarse a ella. Se trata de un agravio a los trabajadores, pero también al Poder Legislativo y a los grupos sociales y políticos que coincidieron en la urgencia de un mayor incremento al SM.
Esa decisión la Comisión Nacional no la hubiera tomado sin instrucciones de la Secretaría del Trabajo. Y esa dependencia, a su vez, ejecuta una resolución de Los Pinos. El aumento al salario mínimo era la posibilidad para emprender una nueva política de remuneraciones. No ocurrió por el desdén que el presidente de la República y quienes le acompañan en la conducción de la política económica tienen hacia la situación de los mexicanos de menores ingresos.
La Conasami es pretendidamente tripartita, pero la debilidad de las representaciones sindicales la ha dejado en manos de algunos empresarios y de la Secretaría del Trabajo. El presidente de la Comisión es designado por el presidente de la República y está a punto de cumplir un cuarto de siglo en esa responsabilidad. Basilio González Núñez, que preside la Conasami desde 1991, cobra 173 mil 436 pesos mensuales. Un trabajador que reciba el nuevo salario mínimo requerirá seis años y medio para alcanzar la remuneración que el licenciado González Núñez gana en un mes. Las comparaciones son odiosas. La insensibilidad lo es más.