María Marván Laborde
Excélsior
17/08/2017
La discusión en América Latina sobre el tema electoral ha evolucionado en los últimos años. Ya no sólo se trata de instaurar el pluralismo político, la competencia efectiva entre partidos, la certeza en las reglas y la existencia de autoridades electorales neutrales y confiables. Exigir integridad electoral va más allá. Fue pionera en esto la académica estadunidense Pippa Norris
El 14 y 15 de agosto, México fue anfitrión del seminario Integridad Electoral en América Latina; gracias a los buenos oficios de la exmagistrada Alanís, lo organizaron la Fundación Kofi Annan, todas las autoridades electorales nacionales mexicanas: INE, Fepade, Tribunal Electoral, en IE de la Ciudad de México y el Parlatino, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lamentablemente, los partidos políticos fueron los grandes ausentes, ni siquiera asistieron como público.
Kofi Annan y el expresidente chileno Ricardo Lagos coincidieron en la urgencia de mejorar la calidad de los procesos electorales latinoamericanos para la consolidación democrática.
Paradójicamente, el mismo día, apareció en casi todos los diarios el escándalo de corrupción de Odebrecht. Emilio Lozoya, a la postre director de Pemex, habría recibido cuatro de los diez millones de dólares para la campaña electoral de 2012; posteriormente, esta compañía recibió contratos turbios por parte de la petrolera.
A pesar de que sólo hubo una mesa explícitamente dedicada al tema Dinero y política ¿cómo administrar de manera efectiva el financiamiento público, casi todas las mesas acabaron hablando de esto.
En la mesa participamos Juan Pablo Pozo y Gilmar Ferreira, autoridades electorales de Ecuador y Brasil, respectivamente, estuvo Iván Velásquez, comisionado internacional contra la Impunidad de Guatemala, Daniel Zovatto, de Idea Internacional, y yo, como presidenta de Transparencia Mexicana e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Las conclusiones de la mesa fueron unánimes. Primero, no se puede demonizar la presencia del dinero en los procesos electorales, como bien dice Domenico Fisichella en su libro Democracia y dinero (Tusquets), sin dinero no habría procesos electorales. Segundo, el financiamiento público a los partidos políticos se justifica para asegurar competitividad y atemperar las consecuencias del dinero en la política; evitar, en la medida de lo posible, que las democracias se conviertan en cínicas plutocracias.
Al mismo tiempo se reconoció que el financiamiento ilegal a las campañas políticas proviene mayormente del presupuesto de los gobiernos que es desviado con fines electorales; a pesar de que está prohibido a las empresas (y a cualquier persona moral) financiar partidos o campañas, buena parte del financiamiento ilícito proviene de empresas que posteriormente cobran “el favor” con contratos a modo. El esquema Odebrecht es un modus operandi hartas veces repetido y completamente globalizado.
Como bien señaló el fiscal Santiago Nieto, todos los delitos electorales que se cometen son delitos de corrupción, el peculado electoral, el uso de programas sociales con fines electorales, el cobro ilegal a burócratas para financiar campañas electorales (César Duarte en Chihuahua, Eva Cadena en Veracruz, casos plenamente documentados); sin embargo, ninguno de estos delitos es considerado grave por nuestra legislación. ¿Los legisladores modificarán esto?
En pocas palabras, la corrupción electoral es causa de la corrupción de los gobiernos y viceversa. Estamos frente al típico círculo vicioso del huevo y la gallina; si no atendemos ambos fenómenos de manera sistémica, y no sólo a través de autoridades electorales, estaremos propiciando la perpetuación de la ausencia de integridad electoral.
Punto y no tan aparte: ¿Por qué impugnó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República los lineamientos del INE de “cancha pareja” que regulan la actuación de los aspirantes a candidatos electorales? Estos lineamientos han sido impugnados por más de cien quejosos; el más peculiar, sin duda, la Consejería Jurídica ¿desde cuándo es facultad del Presidente o del Poder Ejecutivo promover candidatos? Y si no pensaba promover candidatos, ¿por qué se siente afectado?