Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
01/08/2016
La omnipresencia y la influencia social de las comunicaciones digitales son tan contundentes, pero también tan recientes, que apenas si alcanzamos a reconocerlas con reiterados lugares comunes: nuestras concepciones del mundo se han ensanchado en la misma medida que distancias, fronteras y soberanías se han vuelto más estrechas; la capacidad de los individuos para decir, replicar y saber se ha multiplicado; instituciones y corporaciones se encuentran sometidas a un cada vez más exigente y enterado escrutinio; la incesante y abundante circulación de información obliga a revisar medidas de seguridad pero también nutre la transparencia y la rendición de cuentas.
No obstante esa relevancia cardinal, México no ha tenido una política propia en las deliberaciones y decisiones internacionales acerca de Internet. En algunas ocasiones, durante las últimas dos décadas, han existido posiciones del Gobierno Federal. Pero, a diferencia de muchos otros países, el nuestro ha carecido de una política de Estado permanente, representativa y actualizada, para la regulación de Internet a la vez que para preservar las libertades en la Red de redes.
El gobierno de Internet y los muchos asuntos colaterales al desempeño de las redes digitales ha sido uno de los temas en los cuales el gobierno mexicano ha tenido actitudes veleidosas y contradictorias. Durante los primeros años de expansión de la Red de redes, en la última década del siglo XX, nuestro gobierno no quiso entender la pertinencia de tener una política para los asuntos digitales. Ya entrado el nuevo siglo, en cambio, los preparativos hacia la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que se realizaría a fines de 2003 fueron atendidos con la actitud incluyente que distinguiría a ese encuentro en Ginebra. Aquella fue la primera cumbre mundial en la que se auspició y reconoció la participación de organizaciones de la sociedad civil al lado de gobiernos y empresas.
En México las posiciones que llevaría nuestro país en temas como el carácter abierto y plural que se quería para Internet, las garantías para un pleno acceso a la información, los compromisos y las metas en el uso de esas tecnologías, fueron elaboradas en un interesante proceso de acercamiento con grupos sociales y especialistas académicos interesados en tales asuntos. El área de atención a Organizaciones Sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores que dirigía la embajadora Melba Pría y la dirección de Negociaciones Económicas Internacionales a cargo del maestro Salvador de Lara organizaron una consulta que permitió definir posturas de interés común. Antes, en mayo de aquel 2003, el Senado organizó un foro al que acudieron especialistas de varios países.
En esas reuniones distintas instituciones del Estado, así como organizaciones sociales, afinaron posiciones y coincidencias acerca de la Declaración de Principios y el Plan de Acción que habrían de ser discutidos en Ginebra. Sin embargo la delegación oficial mexicana a la Cumbre fue encabezada por el Secretario de Comunicaciones y Transportes y la agenda de reivindicaciones sociales, así como las propuestas para garantizar las libertades de acceso y contenidos en Internet, quedaron soslayadas. En esa y en la segunda fase de la Cumbre Mundial que se realizó en Túnez, dos años más tarde, las intervenciones de los representantes del gobierno mexicano estuvieron fundamentalmente destinadas a ufanarse del desarrollo de la cobertura y las tecnologías digitales en nuestro país, sin posturas ni voluntad política para influir en los temas sustantivos de aquellos encuentros internacionales.
Desde entonces las posiciones del gobierno mexicano en los foros globales para establecer las reglas de las redes digitales han estado definidas por tres actitudes o decisiones.
En primer lugar, a esos espacios de propuesta y resolución los titulares de las delegaciones mexicanas los han entendido como escenarios para propagandizar las acciones de nuestro gobierno. Las estimaciones que presentan no suelen coincidir con la realidad de la cobertura y la calidad de las conexiones digitales en México, pero lo más inquietante es que esos espacios de deliberación son considerados fundamentalmente para la autopromoción.
Una segunda constante en esas representaciones del gobierno ha sido la desatención, al menos hasta hace poco tiempo, a los puntos de vista de diversos sectores y actores de la sociedad organizada. La defensa de Internet como segmento del espacio público y no simplemente como plataforma para hacer negocios ha estado a cargo de grupos de ya larga tradición como el capítulo mexicano de la Internet Society que encabeza el Dr. Alejandro Pisanty y, más recientemente, grupos de jóvenes enterados y activos como los que integran la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Las voces de esos ciudadanos no suelen formar parte del discurso de quienes, a nombre de México, hablan en los foros en donde se busca dirimir el futuro de Internet.
En tercer término, durante más de una década la política mexicana en esos temas no ha sido definida por la Secretaría de Relaciones Exteriores sino por áreas de la administración pública que tienen posturas fundamentalmente técnicas, y de relación con la industria, pero que no necesariamente recogen la agenda social para la expansión, el aprovechamiento y el gobierno de Internet.
En esas condiciones, México ha carecido de presencia singular en el debate internacional sobre estos temas. El liderazgo latinoamericano es acaparado por Brasil, que tiene posiciones interesantes y vistosas aunque también discutibles (e incluso autoritarias, como sucedió recientemente con la confiscación temporal del servicio de WhatsApp en esa nación). En México, mientras tanto, no conocemos informes, balances y mucho menos los lineamientos de una estrategia que articule las posiciones de nuestro país en este cambiante y estratégico campo. Con esa pobreza conceptual y esa ausencia de participación social, nuestro gobierno será anfitrión del Foro para la Gobernanza de Internet anunciado para diciembre próximo en Guadalajara.
No basta con repetir que las tecnologías de la información abren oportunidades y propician la eficiencia. Hacen falta propuestas y proyectos —y a estas alturas también balances y autocrítica—, para que México tenga una auténtica política digital que sea el cimiento de una posición autorizada y activa en la deliberación global sobre Internet y la Sociedad de la Información.