Jacqueline Peschard
El Universal
15/05/2017
El mayor riesgo para la inversión económica no es la incertidumbre que existe en la relación comercial con el actual gobierno norteamericano, ni tampoco la volatilidad cambiaria, sino la debilidad de nuestro Estado de Derecho. Está claro que enfrentamos un panorama complicado para la economía mexicana que provoca que los inversionistas sean menos audaces y más precavidos, pero sin instituciones robustas que garanticen el imperio de la ley y la procuración de justicia, de poco servirán los instrumentos financieros para estimular la inversión económica, por buenos que sean.
Muchos coinciden con esta apreciación, pero cada vez más lo apuntan importantes actores sociales. En la reunión de la semana pasada entre el presidente Peña Nieto y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que agrupa a las 50 empresas y cámaras empresariales más importantes del país, su presidente, Alejandro Ramírez Magaña, señaló que las inversiones de esta cúpula empresarial disminuirán en un 6.2% respecto del año pasado, al pasar de 33 mil 500 millones de dólares a 31 mil 430.
Las coyunturas internacional y nacional generan barreras económicas para la inversión, por eso son bienvenidas las medidas que está impulsando la SHCP para diseñar mejores herramientas financieras que respalden nuevos proyectos económicos. Sin embargo, el también presidente del grupo Cinépolis, quien se ha destacado por ser un empresario con visión social y un compromiso declarado con la defensa de los derechos humanos, subrayó que la tarea más relevante para el gobierno actual es combatir la corrupción y la impunidad. Por ello, no debe concluir la administración de Peña Nieto sin lograr la transformación de las instituciones de procuración de justicia en los ámbitos federal y estatales. De manera directa y enfática, Alejandro Ramírez demandó que la Fiscalía General de la República cuente con plena autonomía, con recursos suficientes, con un Consejo Consultivo integrado por fiscales extranjeros y con un órgano interno de control transparente, con expertos ajenos a la Fiscalía. Se trata de impulsar las mejores prácticas internacionales en procuración de justicia y así coadyuvar a reducir la inseguridad, que es el otro gran problema de nuestro país. La Fiscalía General debe ser de “clase mundial” y sustentarse en dos grandes pilares: la fuerza del Derecho y la legitimidad de la sociedad. Parecen obvios estos dos requisitos, pero tampoco el Senado de la República se ha ceñido a ellos para sacar adelante el nombramiento del fiscal especial anticorrupción.
Por mandato constitucional, la Fiscalía General será un órgano constitucional autónomo, pero el estatuto legal no es suficiente; debe contar con todos los instrumentos institucionales para que emprenda la difícil tarea de construir un nuevo andamiaje institucional para que se haga justicia en nuestro país y se persiga y prevenga el delito. Este es un requisito indispensable para resanar el imperio de la ley, para generar confianza entre los inversionistas para crear nuevos y mejores empleos, pero sobre todo para contribuir a abatir los elevados niveles de desigualdad que nos caracterizan.
El tema está en el centro de nuestra agenda, por ello no llama la atención que coincidiera con este objetivo Roberta Jacobson, la embajadora de Estados Unidos en México, al señalar en el foro “True Economic Talks” que los dos temas que afectan el clima de inversión en México son la inseguridad y la corrupción. En su opinión, el gran reto del Sistema Nacional Anticorrupción es “promover la transparencia y el juego limpio”, lo que es otra manera de enfatizar la urgencia de avanzar en edificar una Fiscalía General con autonomía e independencia, con todas las capacidades técnicas y profesionales para que tenga una gestión abierta y mecanismos de vigilancia estricta sobre el ejercicio de sus recursos.