Jacqueline Peschard
El Universal
17/04/2017
Por desgracia, Javier Duarte no es el único ex gobernador mexicano acusado de corrupción, pero sí es el emblema, el ícono, de una historia de corrupción y de impunidad. De ahí la importancia de su detención en Guatemala el sábado pasado. Detrás de los delitos que se le imputan por el uso patrimonialista de recursos públicos, hay más de 15 mil veracruzanos desaparecidos.
Duarte es el símbolo del abuso y del mal uso del poder público en beneficio de su persona y allegados, tanto por el volumen de dinero del erario defraudado, que según el Informe de la Cuenta Pública de 2015 de la ASF, asciende a 4 mil 600 millones de pesos, como por el relieve mediático que despertó su caso, al ser la encarnación viva de la burla a la justicia mexicana. En medio de investigaciones por licitaciones públicas asignadas por su gobierno a empresas fantasmas por más de 645 millones de pesos; de denuncias por adquisiciones de terrenos con recursos públicos a nombre de sus familiares y colaboradores y de auditorías del SAT a sus cuentas bancarias, un día después de pedir licencia a su cargo de gobernador y de que un juez dictara orden de aprehensión en su contra, Duarte se dio a la fuga, evidenciando la ineficiencia o la protección de las autoridades. Duarte es la prueba de que la corrupción no es obra de una sola persona, sino de una red de nexos y complicidades que involucra a personas públicas y privadas. No es casual que estén inculpados con la red de tráfico de influencias y peculado desde su esposa y su primo el piloto aviador, Mario Medina, hasta varios colaboradores como el gobernador interino, Flavino Ríos, o el ex tesorero de su gobierno y actual diputado federal, Tarek Abdalá, entre otros.
Al igual que en el caso del arresto de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, durante la Semana Santa en Italia, la de Duarte fue producto de varios meses de trabajo de inteligencia que involucraron tanto a la PGR y a autoridades policiacas de Guatemala, como a agencias internacionales de investigación como la Interpol. La eficacia sumada de la PGR en estos días seguramente encuentra explicación en los tiempos político-electorales que corren, que hacen urgente para el gobierno generar buenas noticias.
El arresto de Javier Duarte es sólo el primer paso de un largo proceso. Vienen ahora los retos mayores, procesar adecuadamente la solicitud de extradición a las autoridades guatemaltecas para traerlo a México y que se arme el caso jurídicamente y con pulcritud para identificar con claridad sus responsabilidades y las de sus cómplices. El gobierno mexicano debe activar el proceso acusatorio, presentar las pruebas suficientes y no poner en riesgo el debido proceso. Sabemos que la investigación del caso no inicia ahora, sino que se viene realizando desde octubre del año pasado. El gobierno debe demostrar que cuenta con los instrumentos legales y de procedimiento, además de la determinación para castigar a los culpables y para recuperar el dinero mal habido que es propiedad de los contribuyentes.
Los tiempos de la captura de Duarte sugieren que el gobierno mexicano tiene claro que si quiere mejorar los niveles de desaprobación social de la población hacia él, que sin duda impactarán sus rendimientos electorales, es indispensable ser eficaz en el castigo a la corrupción, que es un problema que no sólo mina nuestro desarrollo económico y erosiona nuestro tejido social, sino que daña la confianza en las autoridades.
No puede pretenderse que la detención de Duarte sea suficiente para sanar nuestras instituciones públicas y sus actores centrales. Es indispensable que todo el proceso que sigue para derivar en una sanción ejemplar sea eficaz y eficiente, para que siente la pauta de las demás investigaciones por corrupción que ya están en curso.