Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
17/04/2017
Lo realmente escandaloso en el caso de Javier Duarte no son los 185 días que estuvo prófugo ni su previsible fuga en octubre pasado. Lo auténticamente grave es que haya permanecido cinco años con 10 meses al frente del gobierno de Veracruz. Lo más cuestionable es que en todo ese tiempo haya contado con respaldo del gobierno federal y del PRI, que haya cometido abusos notorios, que se desempeñara con tanta impunidad.
La aprehensión del ex gobernador de Veracruz, escondido en un apartado hotel en Guatemala, no implica mérito para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ese gobierno, por negligencia en el menor de los casos, permitió que Duarte escapara hace medio año. La captura del sábado por la noche y, antes, su anticipada salida del gobierno de Veracruz fueron resultado del clamor nacional para que ese lamentable personaje quedase a disposición de la justicia.
Los grupos activos de la sociedad veracruzana, que denunciaron tropelías de Duarte a pesar del fortísimo control que su gobierno imponía para evitar o disimular la protesta pública, contribuyeron de manera significativa para que se extendiera la imagen de corrupción que se habían ganado ese personaje y sus colaboradores.
Los familiares de centenares de personas desaparecidas en Veracruz durante el sexenio anterior que han exigido averiguaciones profesionales y que han contribuido a la ubicación de más de 250 fosas clandestinas, hicieron evidente el descuido de la administración de Duarte en la persecución a la delincuencia. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas incluye los nombres de 535 individuos no localizados en Veracruz entre 2011 y fines de 2016. De esos, 366 casos eran del fuero común y 169 del fuero federal (Milenio, 7 de noviembre de 2016). Otras fuentes aseguran que los desaparecidos en el gobierno de Duarte fueron 2 mil 340 (El Universal, 28 de diciembre de 2016).
Más allá de las dificultades estadísticas se tiene la certeza de que, bajo la administración de Duarte, fueron asesinados 17 periodistas de Veracruz. Además hay tres desaparecidos: Gabriel Fonseca de El Mañanero (2011), Miguel Morales de Diario de Poza Rica (2012) y Sergio Landa de Diario Cardel (2013).
En 2011 fueron asesinados Noel López Olguín de Noticias de Acayucan, Misael López Solana y Miguel Ángel López Velasco de Notiver y más tarde Yolanda Ordaz de la Cruz también de Notiver.
En 2012 fueron asesinados Regina Martínez de la revista Proceso, Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y Gabriel Huge de Veracruz News y Víctor Manuel Báez de Milenio Veracruz.
En 2013 fue asesinado Gregorio Jiménez, de Notisur.
En 2015 fueron asesinados Moisés Sánchez de La Unión, Armando Saldaña de Exa FM y Juan Mendoza Delgado de Escribiendo la verdad. El fotógrafo Rubén Espinosa de Proceso y Cuartoscuro, que había salido de Veracruz porque lo amenazaron, fue asesinado en la Ciudad de México.
En 2016 fueron asesinados los periodistas Anabel Flores de El Sol de Orizaba, Manuel Torres González de Noticias MT y Pedro Tamayo de Al calor político y El piñero de la cuenca.
El gobierno de Duarte hizo poco para esclarecer esos crímenes. Cuando se le preguntaba sobre esos casos pendientes de la justicia veracruzana el gobernador les restaba importancia e incluso sugería que algunos de esos periodistas no fueron asesinados por su labor informativa sino por estar vinculados a la delincuencia. Esa no es la opinión de grupos de defensa de periodistas, como la organización internacional Artículo 19, que siguen exigiendo justicia ante la desaparición o la muerte de los periodistas antes mencionados.
Todos esos periodistas veracruzanos, de una manera u otra, rompieron las murallas de silencio y miedo que se extendieron en Veracruz durante el gobierno de Duarte para obstaculizar el trabajo de la prensa. La censura, la manipulación de los medios y la persecución a informadores han sido distintivas de la relación entre el gobierno local y los periodistas desde hace largo tiempo en Veracruz, pero se extendieron entre 2010 y 2016.
La proliferación de bandas criminales, vinculada con la corrupción en las corporaciones policiacas y en la administración de justicia, hicieron de Veracruz una entidad dominada por el temor. Duarte fue por lo menos descuidado para enfrentar a la delincuencia organizada. No sorprende que lo fuera, porque las evidencias de latrocinios cometidos durante su administración indican que estaba atareado en otros asuntos.
A la Universidad Veracruzana, el gobernador Duarte le escamoteó recursos por 2 mil 250 millones de pesos. Una parte de ese dinero era de origen federal. Para exigir su reposición los universitarios de Veracruz se movilizaron el año pasado con peculiar arrojo en vista del clima de intimidación que había en esa entidad.
Tan sólo en 2015, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Duarte desvió y malversó recursos, que debían haber sido destinados a educación, por 2 mil 292 millones de pesos. También se encontraron irregularidades en el manejo de 2 mil 338 millones de pesos para servicios de salud. Y fueron desviados 874 millones de pesos inicialmente presupuestados para tareas de seguridad pública (Animal Político, 16 y 17 de febrero de 2017).
No puede decirse que todo ese dinero haya ido a parar a los bolsillos del gobernador y sus colaboradores. Pero la existencia de anomalías de tales dimensiones era conocida desde años atrás. El gobierno federal se desentendió de las frecuentes advertencias sobre la corrupción en el gobierno de Veracruz.
La construcción de empresas fantasma a las que entregaban recursos públicos con simulacros de licitaciones fue develada en la cuidadosa y profesional investigación que el sitio Animal Político publicó en mayo pasado. Gracias al trabajo del reportero Arturo Ángel, del equipo encabezado por Daniel Moreno, se pudo conocer la manera como el gobierno de Veracruz entregaba grandes montos de dinero a empresas registradas a nombre de personas humildes que no tenían idea de que sus datos habían sido utilizados de esa manera. Con esos contratos simulados fueron desviados al menos 646 millones de pesos.
De los dispendios del gobernador y su familia se tuvieron evidencias durante su administración. Pero cuando se dio a la fuga aparecieron documentos de derroches como los gastos de su esposa, Karime Macías, que en una tarde de verano en 2011 hizo compras por 111 mil dólares en un almacén de la Quinta Avenida en Manhattan (Reforma, 8 de marzo de 2017).
El descubrimiento, en una bodega en Córdoba, de muebles y enseres entre los que estaba la libreta en donde aparentemente Karime Macías de Duarte anotaba sus impresiones, permitió conocer el mantra que se ha convertido en emblema de corrupción y cinismo: “sí merezco abundancia, sí merezco abundancia” escribió con patológica obsesión.
Más se sabrá de los excesos de Duarte, su familia y su administración. En el fondo, sin embargo, difícilmente se revelarán abusos que los veracruzanos no hayan conocido hasta ahora. Durante años, desde el inicio de su gobierno, los atropellos de Duarte eran conocidos y comentados en Veracruz pero se decía poco en voz alta. La sociedad veracruzana estaba amagada por el miedo a sufrir represalias. Una gran parte de los periodistas, académicos, miembros de organizaciones sociales e incluso partidos de oposición que tenían algo que decir sobre las trampas de Duarte, se lo callaban.
A muchos de ellos el gobierno estatal les debía pagos atrasados por salarios, contratos o servicios profesionales. En otros casos, Duarte los hacía partícipes o beneficiarios de sus redes de corrupción. Todavía están por precisarse, por ejemplo, las ligas de los partidos políticos en Veracruz con el entonces gobernador.
El contexto para denunciar y cuestionar lo fueron recuperando los veracruzanos a fuerza de grandes sacrificios. Ahora que Duarte sea sometido a juicio quizá resultará pertinente también evaluar causas y consecuencias del silencio, en ocasiones complaciente aunque las más de las veces forzadamente resignado, que mantuvieron importantes segmentos de la sociedad civil ante los abusos de ese gobernante.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional sólo se deslindaron de Duarte hasta que transcurrieron las elecciones en Veracruz y la derrota del PRI era irremediable. ¿Qué habría ocurrido si el candidato de ese partido hubiera ganado la elección para gobernador en junio del año pasado? ¿La PGR hubiera denunciado las tropelías de Duarte, el PRI lo habría expulsado y Peña Nieto le habría retirado la protección que le dispensó hasta entonces?
La persecución que ha desembocado en el arresto en Guatemala es resultado de la exigencia de una sociedad hastiada, que ha encontrado en Javier Duarte y sus cómplices el emblema de las bribonerías que muchos mexicanos quieren erradicar del poder político.
En la creación de ese clima de opinión tuvieron gran mérito los activistas veracruzanos y sus organizaciones que a pesar de amenazas y represalias mantuvieron la crítica contra los abusos de Duarte, la tenacidad de los familiares que han exigido el hallazgo o la identificación de sus desaparecidos, el sacrificio de los periodistas asesinados durante ese gobierno, el periodismo de investigación que mostró con claridad la mecánica de las tropelías del gobierno en Veracruz. La caída de Duarte y su previsible destino es un logro de todos ellos.