Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
26/04/2021
Los gobernantes autoritarios consideran que las leyes les estorban porque no se ajustan a sus ambiciones y caprichos. Los gobernantes populistas —que son una expresión del autoritarismo— esgrimen una coartada para desconocer las leyes que no les gustan: si no les convienen al pueblo, esas leyes son injustas y no hay que acatarlas. Claro, el pueblo se expresa en esos mismos gobernantes. Con tal pretexto el régimen populista desatiende las normas que le estorban.
El coordinador de los diputados de Morena ofreció una transparente descripción del desprecio por la ley y de la excusa populista de ese partido. Avanzada ya la madrugada del viernes 23, cuando se discutía la reforma al poder judicial que fue enturbiada con el anticonstitucional artículo transitorio que extiende dos años la gestión del presidente de la Corte, Ignacio Mier Velazco dijo: “entre derecho y justicia, un transformador, un liberador, un revolucionario, opta por la justicia. Claro, la supremacía entre derecho y justicia depende de un pensamiento político – ideológico. El conservadurismo opta por el derecho. El liberador, y somos parte de un movimiento liberador, opta por la justicia, por la felicidad y/o por lo que es necesario”.
La ley entonces, para el líder de los diputados de Morena, puede ser cumplida al contentillo de los justicieros. ¿Y quienes son ésos? Pues precisamente ellos. La idea de que el respeto al derecho es una actitud conservadora resulta de una palmaria ignorancia. En realidad no hay justicia, sin derecho. De otra manera la justicia está supeditada a la benevolencia o conveniencia de los poderosos —es decir, no es justicia porque depende de los intereses subjetivos de unos cuantos—. Por eso todos los movimientos por la justicia social, cuando son democráticos, buscan crear y defender leyes que propicien la equidad y sometan al orden jurídico las conductas arbitrarias.
El pensamiento auténticamente conservador es el que defiende el diputado Mier. A las posiciones progresistas les interesa siempre que la justicia social sea garantizada por instituciones apuntaladas en la ley y en la sociedad. Quienes prefieren el autoritarismo y la discrecionalidad son los conservadores. Pero las posiciones de unas y otros pueden coexistir gracias a las leyes. Por eso la tesis de que la justicia tiene preeminencia sobre la ley resulta tan disparatada a estas alturas del desarrollo democrático. Sin leyes no hay justicia porque la justicia, para ser tal, no puede depender de las ocurrencias o el ánimo de algunos iluminados.
La confesión de su menosprecio por la legalidad, el diputado Mier la hizo después de la extensa alocución que ofreció Porfirio Muñoz Ledo. Marginado por Morena, con cuya orientación tiene crecientes discrepancias, ese legislador se excedió notoriamente en el tiempo que podía ocupar la tribuna gracias a una argucia parlamentaria. En el transcurso de su intervención aceptó preguntas de una docena de legisladores de otros partidos y, al responderles, se explayó por más de una hora con 20 minutos. “Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria, a este insensato proyecto de violar la Constitución Política del país”, dijo.
Más tarde, Muñoz Ledo alcanzó a contestar la formulación de Mier Velazco sobre la justicia como excusa para rehuir la ley: “El fin justifica los medios es el origen de todas las tropelías, de todas las invasiones, de todas las vejaciones al ser humano. Quien lo dice, se auto condena”.
La idea de que los fines justifican a los medios ha sido argumento de dictadores, abusadores, cínicos y antidemócratas de todos los colores políticos. El coordinador de los diputados de Morena reprodujo la postura del presidente López Obrador que a diario insiste “no somos iguales”, al pretender que a diferencia de todos los que no comparten sus apreciaciones y prejuicios él sí representa al pueblo —y que por eso, lo que hace y dice tiene esa legitimación simbólica y política—.
Formulada por un legislador esa aceptación de su desapego respecto del orden jurídico es alarmante. La expresión de Mier, sin embargo, se perdió en medio de tanto estruendo, de tantos abusos como los que saturan la vida pública en esta malhadada época que algunos llaman “cuarta transformación”.
Según el diputado Mier Velazco, el liberador “opta por la justicia, por la felicidad y/o por lo que es necesario”. El mismo argumento ha sido utilizado en el intento para justificar toda índole de tropelías, crímenes y golpes contra la ley. “Lo que es necesario” deja abiertas todas las posibilidades, incluso violentar la ley.
La búsqueda de la felicidad es una de las grandes causas de la humanidad. Pero ese propósito es subjetivo. Como advertía Hans Kelsen, a menudo la felicidad de unos propicia la infelicidad de otros. Por eso existen las leyes. Las personas tenemos variados y con frecuencia contrapuestos intereses. Lo que para mí es bueno, para otros muchos no lo es. No podemos confiar en la virtud de todos los demás porque entre ellos hay tramposos de toda índole y eso incluye a los gobernantes.
Por eso tenemos leyes e instituciones. Las normas jurídicas se aplican a todos y en toda circunstancia. Junto a nuestra diversidad de ideas, posturas políticas e intereses, tenemos un compromiso común: reconocemos que el orden jurídico enmarca y regula esa convivencia. Sabemos que nuestras acciones, aunque no siempre nos guste, están sujetas por el Derecho. Podemos tratar de cambiar las leyes y para eso también hay procedimientos y normas. Pero si desde el poder político hay quienes consideran que las leyes injustas no hay que acatarlas, es claro que ese compromiso elemental con el orden jurídico está fracturado.
En esa actitud se ubica la ausencia de argumentos de los dirigentes de Morena, comenzando por el presidente de la República, sobre el aumento de la gestión del presidente de la Corte. Después de un complejo proceso de discusiones y acercamientos el Poder Legislativo y la Suprema Corte definieron la reforma judicial que, en opinión de muchos, fortalece a las instituciones encargadas de la justicia. Se trató, valga la redundancia, de un reforzamiento de esas instituciones.
Sin embargo a última hora los legisladores aprobaron la enmienda que extiende el plazo del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN por dos años adicionales a los cuatro que indica la Constitución. Si algo garantizan las instituciones, cuando marchan bien, es su funcionamiento más allá de las personas que las encabezan. Ni López Obrador, ni los senadores, ni los diputados de Morena, han podido explicar por qué la presencia de Zaldívar al frente de la Corte es necesaria para que funcione la reforma judicial. La imposición del transitorio confirmó el desprecio del partido en el gobierno por la norma constitucional y de paso propició que a la reforma judicial, que quizá merecía mejores expectativas, ahora se la llame “Ley Zaldívar”. El presidente de la Corte, lamentable y vergonzosamente, se negó a rechazar esa reforma que le beneficia personalmente.
La demagógica justificación del diputado Mier pudo resultar prosopopéyica pero pierde sentido si se recuerda que ocurrió en medio del debate sobre el artículo transitorio. ¿Por qué la extensión en dos años favorece a la “justicia” aunque perjudique al derecho? ¿Qué relación hay entre las convicciones liberadoras de las que se ufana Mier y la permanencia, más allá de su mandato constitucional, del presidente de la Corte? Evidentemente no se trata de razones, sino de una arbitrariedad para la que buscan pretextos, así sea con exaltada retórica.
La convicción y el discurso justicieros del diputado Mier, por cierto, son bastante frágiles. Unas horas antes de esa apasionada cuan hueca apología de la justicia incluso en contra del derecho, el coordinador de los diputados de Morena defendió a uno de los suyos, el legislador poblano Benjamín Saúl Huerta a quien un jovencito acusó de abuso sexual.
El diputado Mier dijo que respeta “las decisiones personales y la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo”. Cuando le preguntaron si propondría el desafuero de Huerta para que las acusaciones lleguen a juicio, dijo que no “porque no lo hizo en su función como diputado, lo hizo en su vida personal”. Esa disculpa a favor de un individuo acusado de pederasta no coincide con la ampulosa explicación que horas más tarde ofrecería el diputado Mier de su concepción sobre la justicia y el derecho. O quizá sí, siempre y cuando la “justicia” en ese caso no sea la atención a los derechos de un menor de edad que denuncia abusos, sino la defensa de un diputado del partido en el poder.
En los años recientes México había creado y/o solidificado instituciones que reglamentaron el poder excesivo y establecieron contrapesos (entre otras, la hoy desacreditada presidencia de la Corte) al Poder Ejecutivo. Porfirio Muñoz Ledo les recordó a sus colegas diputados la extensa tradición autoritaria del poder político —de la que él sabe mucho porque por largo tiempo la compartió— que hemos padecido. Durante largo tiempo se impusieron caprichos e intereses del presidente. “México es un país… que tiene una tara… ser machista, ser autoritario, ser centralista, ser discriminatorio y ser chicharronista. Este es el país de sólo mis chicharrones truenan”, sentenció Muñoz Ledo. A ese México estamos involucionando.
Ahora sabemos que el chicharronismo es la fase superior del obradorismo.