Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
20/02/2023
Silenciar, censurar, amordazar: el grupo en el poder descalifica, intenta enfrentar con mentiras y, cada vez que puede, amaga a la opinión crítica. La intolerancia forma parte del ADN de lo que llaman cuarta transformación. El presidente de la República desacredita sin evidencias a medios, instituciones y ciudadanos que no coinciden con él. En tal escenario, brotan los intentos para coartar el derecho a la verdad.
La Ley de Imprenta amenaza a la libertad de expresión desde hace más de un siglo. A través de su diputada Bennelly Hernández, cercana a Ricardo Monreal, Morena quiso incrementar las sanciones económicas a delitos como faltas a la moral e injurias a funcionarios públicos. Son faltas a la moral “discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones…” con los que “se ultraje u ofenda públicamente al pudor, a la decencia, o a las buenas costumbres…” Eso ha dicho la Ley de Imprenta desde que Venustiano Carranza la promulgó, el 12 de abril de 1917. Los ataques a la moral pueden ser castigados no solamente con multas en efectivo, sino con “arresto de ocho días a seis meses”.
Entre los ataques “al orden o a la paz pública” que esa Ley sanciona se encuentra cualquier manifestación que “injurie a las autoridades del país con el objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo”. Tales ataques pueden ser sancionados “con arresto de ocho días a seis meses y multa de veinte a quinientos pesos”.
Morena pretendía actualizar esas multas, pero dejó intactas las sanciones de cárcel. La enmienda que tuvo más notoriedad planteó castigar las injurias al presidente de la República con multas de 5 a 40 UMAS, es decir, hasta 4150 pesos.
El hecho de que existan sanciones a quienes cuestionen a cualquier autoridad, vulnera la libertad de expresión. La calificación como injurioso de un señalamiento público siempre tiene una carga subjetiva. Otra cosa son las calumnias, que son imputaciones falsas.
La Ley de Imprenta castiga con prisión de entre seis meses y año y medio (y multa de cien a mil pesos) las injurias al presidente de la República. Las “injurias” a otros funcionarios están sancionadas con diversos periodos de cárcel.
Los periodistas y medios que en días recientes se escandalizaron con la modificación de las multas no advirtieron que, por encima de ellas, la ley permite el encarcelamiento de quienes publiquen opiniones que un juez pueda considerar injuriosas.
Nada de eso se dijo en la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados que, el 14 de febrero, aprobó el proyecto de decreto que reformaría las sanciones monetarias, pero que mantuvo las penas de cárcel en la Ley de Imprenta. El presidente de esa Comisión, el dirigente priista Alejandro Moreno, votó contra el dictamen pero no mencionó una sola palabra acerca de su contenido. Ningún diputado lo hizo. La propuesta fue aprobada por 20 diputados, con el voto en contra de nueve.
El escándalo por las multas se propagó tan rápido que el propio López Obrador, cuando entendió que tal exceso le resultaría publicitariamente desventajoso, dijo que estaba en desacuerdo con esa reforma. Morena rectificó y retiró la iniciativa.
Desde que fue creada hace 106 años para censurar a la prensa, la Ley de Imprenta ha permanecido con pocos cambios. En 2012 fue derogado su primer artículo, que establecía el delito de ataques a la vida privada, pero siguieron tipificados otros delitos de opinión.
Lo que hace falta no es actualizar, sino derogar esa Ley. Así lo reconoció la misma Cámara de Diputados en noviembre de 2020 cuando, con el respaldo de 470 de sus integrantes, resolvió abrogarla. Sin embargo, la Ley de Imprenta sigue vigente porque el Senado no ha respaldado ese dictamen.
También quiere sancionar a la libertad de expresión el historiador Pedro Salmerón, que asegura que 4 empresas y 25 personas le ocasionaron daño moral por reproducir las acusaciones de acoso sexual que presentaron en su contra varias alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Hace un año el presidente López Obrador propuso a Salmerón como embajador en Panamá, pero la canciller de ese país rechazó el nombramiento debido a tales denuncias. Salmerón había renunciado al ITAM por esas mismas acusaciones.
Salmerón se considera agraviado y, con todo y las mayúsculas aquí transcritas, dice que “el eje de esas calumnias estriba en señalar que he sido DENUNCIADO en instituciones académicas, en un partido político y hasta en las instancias judiciales correspondientes, de ACOSO e incluso abuso sexual”. Él mismo reconoce que los periodistas, académicos, medios y personajes políticos a los que demanda judicialmente, no han hecho más que comentar denuncias que ya habían sido públicas.
Protegido del presidente que lo hizo director del Registro Agrario, Salmerón quiere politizar los señalamientos acerca de tales denuncias: “han formado parte de campañas aún mayores contra la izquierda, contra el movimiento de que formo (sic) y sobre todo contra su dirigente, el actual Presidente de la República”. Pero quienes cuestionaron su designación como embajador no lo hicieron por su desempeño político, sino debido a las querellas por acoso. Ahora quiere que le paguen 18 millones de pesos. Se trata de un acoso más de Salmerón, ahora contra la crítica pública.
La ministra Yasmín Esquivel participa de esa persecución al escrutinio de los personajes públicos. Aunque había asegurado que confiaba en la decisión de la Universidad Nacional en la investigación del plagio que cometió con su tesis, ahora quiere prohibirla con una suspensión dictada por un juez.
Con tal demanda Esquivel, favorita de AMLO, subraya su culpabilidad. Si no hubiera plagiado la tesis, no tendría por qué impedir el dictamen del Comité Universitario de Ética. La ministra impugna el derecho y la obligación de la UNAM para indagar y sancionar ese plagio e informar sobre él.
La UNAM ha respondido, con absoluta razón, que “la censura siempre será contraria a la esencia de la Universidad”. Impedir que circule información y perseguir a quienes tienen opiniones críticas es, siempre, un recurso autoritario.