Pedro Salazar Ugarte
El Universal
05/05/2016
En las últimas semanas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha estado involucrado en procesos y proyectos vinculados con iniciativas de poderes del Estado. Me parece interesante recuperar cuatro ejemplos para, después, ofrecer una reflexión sobre el papel de la academia —en este caso de los estudios jurídicos— en la vida pública del país.
El debate sobre la legalización (o no) del consumo de la marihuana se convirtió en un asunto de relevancia pública indiscutible. Nuestra comunidad académica, además de abrir espacios de análisis y estudio en nuestras instalaciones, participó activamente en los foros convocados por el Senado y por la Presidencia de la República. Llevamos a esos ámbitos nuestras reflexiones, propuestas e ideas. Algunas de ellas quedaron plasmadas en las iniciativas que se discuten para regular el tema.
La Justicia Cotidiana es uno de los más grandes pendientes en nuestro país. Día a día, en todo el territorio nacional, las personas enfrentan situaciones que no logran procesarse de manera expedita, institucional y satisfactoria. Por eso el rostro de nuestra sociedad es el de la injusticia de todos los días. Para superar esa condición inaceptable el gobierno de la República convocó, junto con el CIDE (que había tenido una participación destacada en meses anteriores sobre el mismo tema) y el IIJ-UNAM, a los Diálogos por la Justicia Cotidiana. Durante 14 semanas, junto con otras 200 personas de 26 instituciones, siete investigadores de mi comunidad pensaron, deliberaron y propusieron cambios para mejorar cuestiones cruciales en materia de justicia. No todas sus ideas fueron recogidas pero todas fueron escuchadas y ponderadas. Al final, el Presidente de la República presentó un ambicioso paquete de reformas que, en buena medida, es el resultado de esos diálogos. Las propuestas, como todo en la vida, son perfectibles y merecerán un estudio puntual en el futuro, pero sería mezquino escatimar la relevancia del conjunto.
La corrupción ofende e indigna. Además erosiona a las instituciones y corroe al tejido social. Por eso un grupo de actores sociales —dentro de los cuales me cuento— trabajamos una iniciativa que se conoció como 3de3 y que pretende ser pieza clave de un Sistema Nacional Anticorrupción sólido y eficaz. Ya lo sabemos: más de 630 mil personas sumaron su firma al proyecto. El documento ha generado polémica dentro y fuera del Senado pero se trata del `saque` más serio que yo conozca en la materia y, de hecho, ha servido de base para los proyectos que —ojalá— serán materia de análisis legislativo.
El mundo ha cambiado, México ha cambiado y, sin embargo, la política exterior se sigue orientando por principios constitucionales aprobados en el siglo pasado pensando en desafíos de esa centuria. Para pensar qué hacer con esos principios y con los intereses que México debe promover y defender en el mundo, el IIJ-UNAM, junto con el CIDE y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores convocamos a la conferencia `México Global`. El evento, en el que participaron funcionarios, académicos y diplomáticos, fue un éxito de principio a fin. Próximamente existirá un documento con las conclusiones del encuentro.
¿Es correcto que la academia tenga una vinculación tan próxima con las autoridades del Estado? Esta cercanía, ¿podría comprometer la autonomía e imparcialidad que deben orientar el quehacer universitario? Creo que la mejor respuesta para ambas interrogantes es: `depende`.
Si los académicos mantienen un espíritu crítico, profesan independencia de criterio y se orientan por la promoción del interés común (y no del beneficio privado), su interacción con el poder político debe valorarse en positivo. La clave está en realizar aportaciones técnicamente sólidas, políticamente imparciales y socialmente útiles. Ese es su deber con el país. A los políticos les toca tomar las decisiones y asumir las responsabilidades. Cada quién su chamba.