Mauricio Merino
El Universal
14/09/2016
Al finalizar el mes de enero de 2017, habrá concluido la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México. Será el producto de la Asamblea que comenzará a sesionar formalmente mañana, tomando como punto de partida el proyecto presentado por el jefe de Gobierno. Y aunque no hay ninguna norma jurídica que obligue a los constituyentes a hacer suyo ese proyecto, lo menos que puede exigirse a los autores definitivos del texto es que lo estudien con el cuidado que merece y que, en todo caso, no se queden atrás de su visión de largo aliento.
A partir de mañana, habrá que leer con lupa cada una de las propuestas formuladas por el grupo de trabajo que convocó Miguel Angel Mancera para escribir el proyecto de nueva Constitución. Es un texto audaz y prolijo, imaginado para lo que resta del Siglo XXI. No está escrito para respaldar las ambiciones políticas del jefe de Gobierno de la Ciudad; no es la plataforma de una candidatura. Me consta —porque participé en ese grupo que funcionó con autonomía— que la tarea fue coordinada personalmente por Porfirio Muñoz Ledo, cuya trayectoria y momento vital están muy encima de la coyuntura de cortísimo plazo; y me consta, también, que buena parte de las propuestas escritas en ese proyecto, de ser aprobadas, vulnerarían buena parte de los intereses creados en torno del gobierno de la Ciudad.
En todo caso, el mayor riesgo para ese proyecto será que, a partir de mañana, esos intereses creados pretendan echarlo abajo, sin debatir en serio y a fondo sus contenidos, en aras de seguir medrando con el espacio público del que se han adueñado; que la clase política que estará representada en la Asamblea Constituyente prefiera apostar por mantener el status quo que les favorece o por convertirse en una extensión de sus clientelas políticas, pensando más en las elecciones siguientes que en el futuro de la Ciudad. O peor aún, que se propongan `homologar` la nueva Constitución de la CDMX a las reglas periclitadas de México, a las esferas de poder habituales y a las rutinas burocráticas ya establecidas, en vez de tomar la oportunidad para romper los nudos y desatar las amarras que nos están asfixiando.
El proyecto propone parar de cabeza, casi literalmente, al gobierno de la Ciudad. Está construido para devolverle a los ciudadanos la titularidad de la democracia que hoy está mediada por una larga lista de autoridades políticas y jurisdiccionales. No sólo ratifica y protege los derechos ya conquistados por la CDMX —y especialmente los que cobijan a las minorías vulneradas—, sino que les ofrece nuevos medios de defensa para hacerlos valer.
El proyecto exige que el gobierno de la Ciudad y sus alcaldías se pongan a disposición de la calidad de vida de los habitantes de la capital, con reglas explícitas para controlar el ejercicio democrático de la autoridad, no sólo incorporando la transparencia y la rendición de cuentas que poco a poco se han ido expandiendo como conquistas sociales en todo el país, sino para hacer valer el derecho a una buena administración en todos los planos de la gestión pública. El proyecto le entrega a los ciudadanos el control de los medios jurídicos para hacer valer sus derechos, la forma en que serán gestionados y los instrumentos para asegurar que se cumplan. No es un listado de buenos propósitos, sino el diseño de una nueva ingeniería constitucional.
No será fácil que los partidarios de conservar las cosas intactas, ajenos a la necesidad de recuperar el aliento democrático para México, lo acepten sin retobar. Mucho menos quienes vean amenazadas sus confortables áreas de autoridad y poder. Pero ese será el mayor desafío de la Asamblea Constituyente de la Ciudad: abandonar con valentía cualquier actitud reaccionaria. Tendrán una valiosa oportunidad para recordar el futuro que todavía no tuvimos.