Mauricio Merino
El Universal
02/03/2016
La polémica que ha desatado el así llamado City Manager de la delegación Miguel Hidalgo no tiene desperdicio. ¿Tiene sentido que haya un funcionario dedicado a detectar y exhibir, por medios electrónicos y en tiempo real, a cualquier persona que esté cometiendo una falta a los reglamentos locales bajo la seductora denominación de Vecino Gandalla? Y si lo tiene, ¿es lícito que el gobierno exhiba públicamente a quienes cometen faltas contra los reglamentos? Por lo demás, ¿no tendría el gobierno local de marras que medirse con la misma vara con la que mide a los ciudadanos de la demarcación?
Habrá que reconocerle a Xóchitl Gálvez la capacidad de generar esta polémica que, por otra parte, ya ha merecido una llamada de atención de Perla Gómez, la titular de la Comisión de los Derechos Humanos de la CDMX, quien ha considerado que los funcionarios están ceñidos al principio de legalidad y que, por lo tanto, no pueden hacer cumplir las normas de la delegación como se les ocurra y de cualquier manera, sino de conformidad con los límites que establecen las leyes citadinas.
Esos argumentos no carecen de valor: exhibir las malas conductas de los prepotentes puede parecer simpático cuando los prepotentes son auténticos mirreyes -para usar la feliz expresión ya sancionada por Ricardo Raphael- o servidores públicos como el jefe la Oficina de la Presidencia; pero lo cierto es que la vergüenza pública no está registrada en ninguna ley como recurso válido para la autoridad. ¿Qué sucedería, pregunto, si ese mismo recurso se comenzara a utilizar por todos los gobiernos para exhibirse mutuamente? ¿Quién o cómo certificaría que no lo harían de manera selectiva, como un medio para vulnerar la reputación de otros y aumentar la propia? ¿Quién me puede asegurar que el señor Ame aus den Ruthen Haag no selecciona discrecionalmente a los destinatarios de sus filmaciones?
Anticipo la respuesta: si todos se portaran bien, nadie podría ser exhibido. Y estoy de acuerdo.
Pero mi punto es que los reglamentos de convivencia de la Miguel Hidalgo tendrían que establecer, de manera explícita, que una de las posibles sanciones a su vulneración será la exhibición y la vergüenza pública aleatoria aleatoriedad que ya sería, de suyo, arbitraria. De no ser así, el riesgo inminente es que una ocurrencia empática con los malos humores populares acabe sien do, como casi siempre, un arma arrojadiza para ganar notoriedad y votos, al margen de la ley. Pero el argumento que más me inquieta es, de lejos, el de la paja en el ojo ajeno. ¿Cuántas cámaras tiene el City Manager para filmar y exhibir la conducta de los servidores públicos de la Miguel Hidalgo? ¿Cuál es la aplicación electrónica que emplea para grabar y producir vergüenza pública sobre los errores, las dilaciones o los abusos de los funcionarios de esa delegación? ¿Sería igual de hábil para producir escándalos si los despropósitos se cometieran tras las ventanillas de esa demarcación? ¿Hay grabaciones de todos los puntos de contacto que hay entre los ciudadanos y los servidores públicos de la delegación? La jefa de la Miguel Hidalgo tendría que reconocer que las posturas moralistas son siempre unbumerang: `el buen juez, por su casa empieza`.
Otra cosa es que los ciudadanos se vigilen mutuamente y creen conciencia colectiva de civilidad. Si Xóchitl Gálvez hubiera convocado a una acción colectiva para evitar las arbitrariedades, de cualquier naturaleza y de cualquier origen comenzando por las cometidas por los propios funcionarios de la demarcación quizás esta polémica jamás habría nacido. Pero una vez puesta a rodar, me atrevo a sugerirle a Xóchitl que cambie el foco de sus cámaras para empoderar de veras a los ciudadanos, en vez de buscar medios para aumentar su propia autoridad.