Los que seguimos el futbol conocemos a un cierto tipo de jugador, entrenador, aficionado y hasta comentarista que jamás pierde por la buena. No importa que la derrota de su equipo sea por goliza, la culpa, invariablemente, es del árbitro. Esa figura todopoderosa proclive a la trampa y a beneficiar a los enemigos. No es un recurso novedoso ni original, resulta más bien cansino, pero sirve para evadir la responsabilidad propia y convertir a una entidad ajena en la culpable de todos los males. «Que si no marcó la falta, que si la expulsión fue rigorista, que si el balón fue a la mano y no la mano al balón…», siempre encontrará una excusa para esquivar lo que su equipo hizo o dejó de hacer. Es una receta probada, simple y en ocasiones eficiente. Aunque el tiempo y su sobreuso la van desgastando.
Ese resorte también se encuentra bien aceitado en la política. Al grado de que la atención en muchos casos ya ni siquiera se coloca en los jugadores y sus equipos, sino en el árbitro; no en la política, en sus complejidades y vericuetos, sino en el que regula la contienda. El caso de los precandidatos independientes es una muestra triste y elocuente que, si no fuera porque tiende a enturbiar aún más el ambiente, sería para emitir una sonora risotada. Porque ahora resulta que algunos que quieren ser, ni más ni menos, presidentes de la República (¡poca cosa!) ya encontraron que quizá no lograrán su objetivo por la ahora famosa app del INE.
La ley -no el INE- establece que se requiere del 1 por ciento de avales ciudadanos en relación a la lista nominal para poder ser registrado como candidato a la Presidencia. No parece mucho, tratándose de la aspiración de convertirse en el titular del Poder Ejecutivo. Si la ambición fuera arribar a la Presidencia de una sociedad de alumnos sería un despropósito. Es más, en términos relativos, aquellos que quieren ser senadores o diputados independientes necesitan del 2 por ciento de firmas de los ciudadanos inscritos en la lista de su respectiva circunscripción (del estado para los senadores, del distrito para los diputados). Además, para Presidente, se demanda que los avales sean recabados en por lo menos 17 entidades de la República. Tampoco parece descabellado, porque quien desee ser Presidente debe tener un mínimo arraigo territorial.
He escuchado y leído que los requisitos para ser candidato a la Presidencia son más elevados que aquellos necesarios para registrar un partido. Y por supuesto que no es cierto. Para registrar un candidato a la Presidencia se requiere la firma del 1 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y para un partido solo el 0.26 por ciento. Pero se olvida mencionar que la obligación más difícil para el registro de un partido es la realización de 20 asambleas estatales con un mínimo de 3 mil afiliados cada una o de 200 asambleas distritales con 300 afiliados que deben comparecer en un día, una fecha y un lugar determinados. Ese es el requisito más severo.
Llama la atención que varios precandidatos independientes a las Cámaras federales estén avanzando de manera consistente en lograr las firmas necesarias para aparecer en la boleta. Hasta el martes, 5 precandidatos a diputados federales ya lo habían logrado en distintos estados (Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y Michoacán). Es decir, es posible ser candidato independiente. Lo que cada individuo debe sopesar es para qué le alcanza la organización, el reconocimiento y la implantación que tiene. Y es muy probable que de los 48 precandidatos a la Presidencia que andan recolectando apoyos, muchos de ellos no hubieran logrado las firmas necesarias ni para ser diputados locales o presidentes municipales de una pequeña ciudad.
Salvo la precandidata del CNI-EZLN que se asume como representante de dos colectivos, lo que estamos observando es cómo cada candidato arma su propio partido (una parte de la sociedad que se organiza para intentar ocupar cargos de elección). Pero la novedad es que estamos frente a partidos con un fuerte tinte personalista. Los partidos serán pequeños (para diputados locales o federales o presidentes municipales), medianos (para senadores o gobernadores) o grandes (para Presidente), pero subordinados, cada uno, a la voluntad de su respectivo jefe. Una persona y sus súbditos. ¡Bonito invento!