Salomón Chertorivski
El Financiero
24/02/2015
Sostengo que México necesita una política, un cambio, una nueva cultura para naturalizar la idea de dignificar la empresa, multiplicar la economía legal, mejorar el ingreso y la distribución de la riqueza en nuestro país. Me explico.
Nuestra tarea principal consiste en proteger las condiciones en las que se desenvuelve la economía legal; ella debe estar protegida, fomentada, acompañada por instituciones eficaces y flexibles, desde su nacimiento hasta su expansión. La economía legal, por su parte, debe ofrecer mejores condiciones de trabajo y de ingreso. Y este es un asunto que discutimos poco.
Mientras la economía formal pague poco, seguirán creciendo a su lado, los bolsones de informalidad donde los mexicanos, encuentran mayores percepciones. Empresas y empresarios deben empezar a reconocerlo: los bajos salarios se han vuelto productores de la informalidad que ahora nos abruma.
En ese sentido, los gobiernos deben asumir con todas sus consecuencias, que la actividad económica legal es un bien público y que debe ser tutelado. Quien arriesga su dinero en la economía legal, se convierte en un agente del bienestar y del orden social. Por eso la empresa y la actividad económica deben ser objeto de la protección y el acompañamiento del Estado, nunca de su obstrucción, freno o entorpecimiento.
Como consecuencia lógica, me parece que en el nivel subnacional -allí y donde arraiga y se establecen las empresas- deben instaurarse, lo que en el DF hemos llamado el “Ombudsman de la inversión”: autoridades especializadas en informar, orientar, proteger, acompañar las inversiones y los negocios y de ser el caso, enfrentar y denunciar aquellas autoridades que la entorpecen o la bloquean.
Por eso mismo, hemos propuesto en la Ciudad de México, tipificar como delito la obstrucción de la inversión y de la actividad económica legal en nuestro país.
Dada la coyuntura económica nacional, parece oportuno proponer la idea de una “amnistía” a todos aquellos establecimientos de bajo impacto que hoy están abiertos, pero no han completado los requisitos de ley, de modo que cuenten con un plazo suficiente y perentorio para regularizarse mientras siguen trabajando. México no está para clausuras, si ello no representa un riesgo para la vida o la convivencia social.
En esta misma tesitura, imagino un mecanismo de transparencia efectiva para desburocratizar la actividad económica en México: que todo proyecto de inversión o de negocio desde su declaración de apertura, sea publicado y ampliamente conocido en plataformas estatales y/o federales en donde se registre el cumplimiento de cada trámite exigido. Y que esa plataforma habilite una “guillotina” a favor del emprendedor y el empresario. La afirmativa ficta (evitar las tardanzas burocráticas) en esta materia es ya indispensable.
Finalmente, en el terreno de la justicia cotidiana, se deben generalizar las ventanillas únicas en donde se concentran todos los trámites de todas las autoridades que exigen requisitos para abrir o expandir un negocio.
En resumen. Para la actividad económica, justicia cotidiana significa: economía legal como ejemplo, siempre mejor que la economía informal; un tipo de economía -más distributiva- un bien público merecedora de tutela y protección; el empresario como actor central de nuestra convivencia y nuestra prosperidad; que necesita de instancias efectivas que los respalden a la manera de un ombudsman actuante y previsor; por tanto, bloquear la economía legal, debe ser condenado socialmente y tipificado como un delito, y por eso mismo, todo proyecto de la economía legal debe estar acompañado y protegido con la mayor transparencia, reduciendo la burocracia y la tramitología, echando mano de la tecnología, la máxima publicidad y las mejores prácticas que hemos echado a andar en diversas partes de nuestro país.
Estas, me parece, son las bases, de una simple, buena, política económica, cotidiana y terrenal.