Jorge Javier Romero Vadillo
Sin Embargo
09/12/2021
El 2 de diciembre, en la sesión inaugural del 10º Seminario Internacional Corrupción y Política en América Latina, organizado por la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino dio un discurso memorable dedicado a desmontar las mentiras presidenciales respecto a la complicidad y el silencio del CIDE con la corrupción de los gobiernos pasados. Merino se dirigió personalmente a Andrés Manuel López Obrador y le mostró, con las publicaciones en la mano, todo el trabajo de investigación y los estudios de académicos del CIDE no solo para evidenciar la corrupción, sino para proponer las reformas necesarias para desmantelar, desde sus raíces institucionales, ese terrible mal de nuestra vida pública, que el Presidente de la República ha convertido en cantaleta demagógica para atacar a sus enemigos, pero que sigue tan arraigado como siempre en la maneras de hacer las cosas de la política y la administración mexicanas.
Fue el CIDE, por iniciativa del propio Merino y del anterior director Sergio López Ayllón, el convocante, hace ya más de una década, cuando todavía era Presidente de la República Felipe Calderón, a la formación de la Red por la Rendición de Cuentas, como una organización de segundo piso que agrupara a organismos públicos y a organizaciones de la sociedad civil para proponer políticas y reformas institucionales que hicieran cada vez más transparente y responsable al Estado mexicano, con mecanismos eficaces que elevaran sustancialmente el precio de la corrupción en un país que vive el fenómeno en todos sus niveles de decisión.
El argumento presidencial de la complicidad y la derechización del CIDE, como justificación de su andanada destructiva contra el pequeño centro público de investigación, quedó expuesto por Merino como una más de las añagazas que López Obrador les pone a sus seguidores, ávidos de chivos expiatorios de los males nacionales. La paparrucha repetida de que se trata de una cueva de neoliberalismo se desmorona cuando se exhiben las evidencias de la pluralidad y el rigor del trabajo de su claustro académico, integrado por mujeres y hombres con sólidas formaciones profesionales y constantemente evaluados en sus desempeños por comisiones dictaminadoras integradas por pares.
Ya antes he escrito en defensa del CIDE, donde tuve una generosa recepción como profesor visitante durante mi último sabático de la UAM. Participé entonces, entre 2014 y 2016, en el Programa de Política de Droga, único en América Latina y diseñé y dirigí el diplomado sobre el tema que atraía año con año a estudiantes de toda la región a discutir las alternativas a la prohibición de las drogas con el enfoque puesto en la salud y los derechos humanos, pero que en 2022 ya no se llevará a cabo, como resultado del desmantelamiento del fideicomiso a través del cual se canalizaba el financiamiento externo que lo hacía posible. Lo que encontré en el CIDE fue una multiplicidad de visiones, la mayoría de ellas claramente preocupadas por la desigualdad y la injusticia, que dedicaban su trabajo a la búsqueda de nuevo conocimiento para enfrentar los problemas nacionales, siempre sustentando sus propuestas en evidencia, no en retóricas ideológicas huecas y en animadversiones irracionales, frecuentes en otros ámbitos de la academia mexicana.
Mi experiencia en el CIDE fue muy enriquecedora, pues no solo coincidí con científicos sociales rigurosos, sino que encontré compañeros de causas en las que hasta ahora milito: la de la reforma a la política de drogas, la del combate a la corrupción y al clientelismo en los nombramientos de ministros de la Suprema Corte o la de la denuncia de los muchos males causados por la militarización. Siempre con evidencias sólidas, trabajé con colegas de la talla de Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo, Rebeca Calzada, entre otros, para mostrar los desastres de la guerra contra las drogas y los abusos y crímenes cometidos por las fuerzas armadas en tareas inconstitucionales. Desde ahí criticamos ferozmente las políticas de seguridad de Calderón y Peña Nieto y con ellos he seguido trabajando en la denuncia de la exacerbación de la militarización durante este gobierno. Como bien dijo Merino el jueves pasado, el presidente miente cuando afirma que en el CIDE todos callaban como momias. Ni entonces, ni ahora.
A López Obrador le incomoda el CIDE porque su crítica es sólida y tiene prestigio internacional. De ahí su empeño por destruirlo, tarea que le ha encargado a su comisaria de ciencia y tecnología, la señora Álvarez Buylla, quien no ha encontrado mejor manera para cumplir con la tarea que imponiendo a un director de evidente incompetencia para enfrentarlo a la comunidad de profesores y estudiantes.
La retahíla de decisiones arbitrarias del doctor José Romero Telleache, que comenzaron con la destitución de Alejandro Madrazo como director de la sede del CIDE en Aguascalientes, pero que alcanzaron su punto culminante con el cese de la profesora Catherine Andrews como secretaria académica por insistir en la reunión estatutaria de las comisiones dictaminadores que decidirían sobre la permanencia de varios profesores, entre ellos Madrazo, ha llevado tanto a la comunidad estudiantil como a la académica a cerrar filas contra la estulticia y el maltrato del director impuesto y ratificado en medio del conflicto en un procedimiento de más que dudosa legalidad, denunciado, entre otros, por el representante del INE en el Consejo Directivo encargado de legitimar la designación, pero cuya votación ni siquiera fue tomada por la directora de CONACYT.
La respuesta de la comunidad estudiantil del CIDE ha sido notable. Se han movilizado en defensa de la calidad de la educación que reciben y de sus profesores. El gobierno creyó que con ofrecerles la gratuidad de sus estudios podría comprar su simpatía, pero en una muestra de que la formación que reciben es crítica y no tiene nada que ver con la esponjosa absorción ideológica que el director impuesto les atribuyó, los estudiantes han estado dispuestos a debatir con argumentaciones sólidas, al grado de dejar como una iracunda balbuciente a la pretendidamente brillante científica, ella sí seguidora de consignas huecas, como esa de que bastará con acabar con la corrupción para contar con los fondos suficientes que permitan eliminar los pagos de matrículas de los estudiantes.
En todo este injusto conflicto, me quedaba la duda de por qué un académico respetable, al final de su carrera, estaría dispuesto a convertirse en el ejecutor de una purga estalinista contra sus pares. Me bastó leer un artículo suyo publicado en el Trimestre Económico ya de la era de Taibo para entenderlo. Un texto plagado de dichos sin sustento, absolutamente carente de evidencia sólida, lo muestra como un creyente decidido a jugar el papel de cruzado de la causa, única manera de darle sentido a una carrera sin sustancia.