José Woldenberg
Reforma
08/10/2015
Empezó siendo un asunto de derechos: todo ciudadano debe tener la posibilidad de votar y ser votado. Y se ha convertido en un talismán, en la fuente de la virtud. Ahora ser postulado a un cargo público por fuera de los partidos es, de entrada, una buena nueva. El descrédito de los partidos y una retórica elemental son el caldo de cultivo del fenómeno.
Quizá valga la pena volver al bosque para no perderse en el árbol. El bosque sería el tipo de sistema político al que aspiramos y el árbol los novísimos candidatos independientes.
La apuesta original, casi indiscutida, de que un sistema político democrático requería de grandes partidos nacionales, dio sus frutos. La idea era elemental pero fundamental: un país como México, masivo, contradictorio, profundamente desigual, en el que laten y se manifiestan diferentes intereses, ideologías, sensibilidades, reclamaba una fórmula para que su diversidad pudiera expresarse, recrearse, convivir y competir de manera institucional y pacífica. Y los partidos surgirían de esa diversidad y le ofrecerían cauce: agregarían intereses, ordenarían el debate público, crearían grandes referentes; en su dinámica construirían pesos y contrapesos, conectarían con distintas franjas de ciudadanos y en conjunto expresarían al México multicolor que nadie es capaz de exorcizar. No era una ocurrencia nacional, en todo caso una fórmula probada por la experiencia democrática.
Un sistema de partidos nacionales, digno de ese nombre, se construyó hace muy poco tiempo. De 1988 en adelante se empezó a edificar un régimen competitivo, de partes representativas en el cual ninguna de ellas puede hablar por el conjunto. No obstante, su erosión está a la vista. Desconfianza y malestar se conjugan para desgastar el aprecio por esas figuras estratégicas del arreglo democrático. Sus direcciones, en buena medida, tienen responsabilidad: su comportamiento y la espiral de descalificaciones mutuas -fundadas e infundadas- son leña para una hoguera bien encendida. Además, nos preguntamos poco y mal por los problemas que el entorno genera, por los diques normativos, políticos, financieros, de correlación de fuerzas y de fenómenos globales que inciden sobre las posibilidades y límites del mundo de la política. Preferimos convertir a los políticos y «sus instituciones» en las fuentes de todos los males. Es más sencillo, catártico y consolador.
Por ello no debe extrañar la fuga hacia adelante que representan las candidaturas independientes. La ola de retórica antipolítica, que construye artificialmente dos campos, la de los políticos corruptos e ineptos y los ciudadanos virtuosos y lúcidos, fue la plataforma discursiva que abrió paso a la nueva figura. Con ella podrán incorporarse a la política nuevas caras y se fortalecerá el contexto de exigencia en el que viven y se reproducen los partidos. Pero es menester recordar que cuando un ciudadano aparece en la boleta electoral se convierte en un nuevo político y que cuando se dota de una organización lo que está construyendo es un partido (pequeño o grande; personalista o no; regional o nacional; efímero o permanente, pero partido en fin). Leo en Reforma del 27 de septiembre que «Crean red para lanzar candidatos ciudadanos. La organización llamada Grupo 86+ integrará redes ciudadanas para promover candidaturas independientes rumbo a los comicios de 2016 y 2018». Adelante, pero lo que pretenden armar en español se llama partido aunque ellos, por el desgaste del término, lo denominen «Grupo». No se trata de un asunto nominal. Ahora tendremos un partido de independientes.
Un problema es que mientras nuestros Congresos se han ocupado de legislar para alentar y permitir las llamadas candidaturas independientes (bienvenidas), paulatinamente han puesto más diques para la construcción de partidos. Antes la puerta para el registro se abría cada 3 años, es decir, cada ocasión en que se iban a celebrar elecciones federales, mientras ahora se abre cada 6. Si hoy una corriente de mexicanos quisiera armar su propia organización, tendría que esperar la convocatoria que se emitirá hasta el año 2019 para poder participar en las elecciones del 2021. Más fácil, por supuesto, optar por candidatos independientes.
Si deseamos que en la política participen organizaciones estructuradas de carácter nacional, capaces de agregar intereses y ordenar la vida pública, ¿no sería conveniente diseñar una legislación que facilite el acceso de nuevas ofertas políticas y no sólo de «líderes carismáticos»?