Como dice el refrán: no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. El 30 de julio, en estas mismas páginas, escribí luego del grosero y anticonstitucional intento del Congreso de Baja California por alargar el período del gobernador electo, después de que ya se había celebrado las elecciones: “estoy seguro que si el tema llega a la Corte el resultado será de 11 votos en contra del extravío cometido en el estado norteño”.
Pues bien, el momento ha llegado. Eso sí, después de un proceso de degradación que parecía no tener límites. Porque los “ingeniosos” que pretendieron burlar la ley y la voluntad de los votantes, todavía se atrevieron a desatar algunas triquiñuelas dignas de la picaresca de baja laya. Como si la votación en el Congreso de Baja California no les acarreara suficiente desprestigio, fueron por más, porque en materia de oprobio no parece existir fondo.
Recordemos: Retrasaron la publicación de la “reforma” en el Diario Oficial de la entidad intentando que no hubiese tiempo suficiente para que se impugnara ante la Corte. La reforma se aprobó en julio y hace apenas unos días fue publicada. La maniobra era rústica y deleznable: dejar en la indefensión a los eventuales impugnadores, de tal suerte que pudieran consumar su pillería. Un recurso ominoso de parte de dos legislaturas que, sin el más mínimo pudor, congelaron, sin razón alguna, su propia resolución. Además, realizaron una supuesta consulta popular, que no fue consulta y menos popular. No contó con un marco normativo que la regulara (fue antojadiza), fue organizada por los propios diputados que carecen de facultades para ello, se instalaron apenas 250 mesas receptoras de votos cuando en las elecciones constitucionales se instalaron 4,804 (es decir, no existió la posibilidad material para que votara la mayoría de los ciudadanos), no se utilizó la lista nominal de electores del INE por lo cual podían votar personas no habilitadas para ello e incluso se dio el fenómeno de que una misma persona sufragara varias veces, los funcionarios que recibieron y contaron los votos fueron designados sin protocolo alguno a diferencia de lo que sucede con los auténticos comicios donde esos funcionarios son sorteados y capacitados, nadie controló las boletas y los resultados no pudieron ser monitoreados. Y al final, según cifras de los propios organizadores, sufragó menos del 2 por ciento de los electores, cuando para que una consulta sea vinculante se requiere que por lo menos hayan votado el 40 por ciento de los electores potenciales. Total, un circo, sin fundamento legal, sin garantías de imparcialidad y equidad, organizado por una parte interesada; vamos, ni en primero de primaria se realizan simulacros tan inescrupulosos. Pero, repito, “no hay fecha que no se cumpla”.
Ahora, el asunto está donde debió estar desde hace varios meses: en la Corte. Distintos partidos (PAN, PRI, MC y PRD) han impugnado la actuación del Congreso de Baja California. Y la Corte, creo, no tienen más que refrendar que las condiciones en las que los ciudadanos fueron a votar, son las que deben prevalecer. No se pueden cambiar las reglas una vez terminado el proceso comicial. Porque de no hacerlo entraríamos (o fortaleceríamos) al reino del capricho y el abuso. Pero, además, la Corte está obligada a meter el acelerador. Ya sabemos que sus tiempos suelen ser dilatados, pausados, flemáticos. No obstante, ante el grosero intento de no dejar tiempo para la impugnación (repito: apenas el jueves 17 se publicó el acuerdo del Congreso local) y dado que la toma de posesión del nuevo gobernador está programada para el primero de noviembre, la Corte está obligada a actuar con celeridad.
Y mi pronóstico es que la votación ya no será 11 a 0 sino 10 a 0 (por la renuncia de un ministro), porque quien se atreva a darle la razón a quienes pretendieron modificar la duración del mandato luego de celebrada la elección, se habrá colocado en tal situación que no merecerá (seré leve) ni el saludo de sus colegas.