La reforma legal para los medios, más necesaria que nunca
Vergonzosa capitulación del gobierno y el PAN
Comunicado de AMEDI
28/04/2010
La decisión del Partido Acción Nacional para retirar el compromiso que había asumido con la reforma integral para la radiodifusión y las telecomunicaciones nos parece condenable, desleal y costosa. La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, elaborada con la resuelta participación de legisladores del PAN y el Partido de la Revolución Democrática y que fue presentada en las dos cámaras del Congreso de la Unión el 8 de abril pasado, ha constituido el esfuerzo más completo que se ha realizado para solucionar los antiguos y graves rezagos que padece el régimen jurídico de nuestro país en ese terreno. Esa propuesta podría haber sido aprobada en el Senado si se hubiera mantenido el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y tenía posibilidades de recibir una votación favorable en la Cámara de Diputados. Sin embargo el gobierno federal y los dirigentes nacionales del PAN resolvieron, a último momento, impedir cualquier reforma para los medios y las telecomunicaciones.
El Presidente de la República y su partido, decidieron someterse a los consorcios que dominan dentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, así como a los intereses preponderantes en la telefonía. La iniciativa de reforma integral propicia la competencia y la diversidad en esos sectores y ataja prácticas monopólicas.
Los partidos y grupos sociales que apoyaron esa iniciativa sabían que encontraría resistencias en las corporaciones comunicacionales, pero éstas no tuvieron que presionar demasiado para encontrar la obsequiosa subordinación del gobierno y su partido político.
Esta nueva postergación afecta a la sociedad, en donde cada vez resulta más aguda la exigencia de pluralidad y calidad en los medios y servicios de comunicación. Pero perjudica también a los radiodifusores de todo el país, entre otros motivos porque se mantiene el estancamiento en la renovación y expedición de concesiones.
No podemos soslayar, en este proceso, la intencional ausencia de los dirigentes y líderes parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional. Marginándose de la discusión sobre la iniciativa de reforma integral y promoviendo enmiendas que propiciaban la apropiación del espectro radioeléctrico por parte de los radiodifusores privados, el PRI ha tenido un desempeño cardinal en el boicot a dicha reforma.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información y las organizaciones que componen el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios han respaldado la iniciativa de reforma integral porque reivindica el interés de la sociedad tanto en la administración del espectro radioeléctrico, como en la promoción de servicios y contenidos de calidad en las telecomunicaciones y la radiodifusión, respectivamente. Por otra parte, consideramos inadecuada la reforma parcial que era impulsada en el Senado de la República porque no resolvía problemas de fondo en la estructura mediática que padece nuestro país y atentaba contra la soberanía de la Nación en la renovación de concesiones de radiodifusión sin reglas claramente establecidas.
Sabíamos que la propuesta de reforma integral estaría sometida a la revisión y a negociaciones entre los grupos parlamentarios, de tal manera que jamás apostamos a un maniqueo esquema de todo o nada que, por lo demás, resulta imposible en un Congreso en el que concurren diversas fuerzas. Lamentablemente el proceso de revisión de esa iniciativa, en el transcurso del cual los legisladores de varios partidos hicieron enmiendas importantes, fue atajado por la vergonzante retirada del PAN.
Con el improbable argumento de que hace falta más tiempo para buscar consensos en torno a tales cambios legislativos, los dirigentes y líderes parlamentarios de ese partido se retractaron y arruinaron esta fase del proceso de reformas para los medios. Con esa capitulación al menos temporal contrasta el desempeño de algunos legisladores del mismo PAN, así como de senadores y diputados del PRD, que sí mantuvieron su compromiso con la reforma de los medios.
A pesar de los intereses que se oponen a ella, la lid por la reforma de los medios no comenzó ahora ni termina en este episodio.
Nuestra insistencia en la reforma para los medios no significará complacencia con simulaciones legislativas de ninguna índole, ni con mascaradas que disfrazadas de nuevas consultas pretendan legitimar decisiones a favor de los consorcios comunicacionales. Exigimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados que en el receso de sesiones legislativas que comenzará pasado mañana y durante el cual deben seguir trabajando sus comisiones dictaminen favorablemente la iniciativa de ley integral para las telecomunicaciones y la radiodifusión. Reiteramos que a esa propuesta le hace falta, hoy más que nunca, un organismo regulador plenamente autónomo respecto del gobierno federal.
Seremos muy rigurosos en la fiscalización del trabajo de los legisladores y desde luego, en la observación crítica de los medios de comunicación.
Las fuerzas que predominan en los partidos lo mismo que el desempeño de los medios, parecen empeñadas en persuadir a los ciudadanos de que la política es una actividad repelente y mezquina. A pesar de la conducta de no pocos políticos y de la propagación estridente que esos comportamientos reciben en los medios de comunicación, cada vez más ciudadanos estamos convencidos de que la política no tiene por qué limitarse a la politiquería. Reivindicamos, por eso, el quehacer político desde la sociedad y desaprobamos inconsecuencias de dirigentes partidarios, legisladores y gobernantes cuando se congracian, dándoles la espalda a los ciudadanos, con intereses como los que encarnan en los consorcios mediáticos.
México D.F., miércoles 28 de abril de 2010
Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C.
Consejo Directivo. Dr. Raúl Trejo Delarbre, presidente. Dr. Néstor García Canclini, presidente del Consejo Consultivo. Dra. Aimée Vega Montiel, Directora. Mtro. Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Comité Editorial. Lic. Aleida Calleja Gutiérrez, Comité de Relaciones Internacionales. Lic. Daniel Contreras Henry, Comité de Enlace Institucional. Mtra. Maricarmen de Lara Rangel, Comité de Vinculación Social. Lic. José Agustín Pineda Ventura, Comité Jurídico. Dr. Jerónimo Repoll, Comité de Finanzas. Mtra. Beatriz Solís Leree, Comité Académico. Mtro. Gabriel Sosa Plata, Comité de Investigación.
La AMEDI exhorta al Congreso a aprobar, sin dilaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales
Asociación Mexicana del Derecho a la Información
Exhortación del 20 de abril
Desde que nació la AMEDI se ha propuesto impulsar, como uno de sus objetivos centrales, una nueva legislación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Actualmente el Congreso de la Unión se encuentra procesando un proyecto de ley que podría ser votado en los próximos días en ambas cámaras del Poder Legislativo. Consideramos que nunca antes México había estado tan cerca de contar con un nuevo marco regulatorio en estas materias.
La reforma de radio, televisión y telecomunicaciones, constituye una vieja aspiración de la democracia mexicana. Durante años, se han emprendido diversos intentos que implicaron largos procesos de consultas y negociación sin lograr los resultados esperados. El 8 de abril pasado se presentó de forma simultánea, en ambas cámaras del Congreso, un proyecto que ahora se encuentra en proceso de dictamen en las comisiones legislativas con el compromiso de los legisladores para votarlo en los próximos días. Por ello, la AMEDI enfatiza la importancia del momento actual y apoya la urgencia para su conclusión positiva.
Nuestra asociación y el frente de organizaciones civiles que han impulsado la causa de una nueva ley, consideran que en dicho proyecto se encuentra incluida la mayoría de las propuestas que hemos presentado a los legisladores. Ese proyecto de ley tiene virtudes que se desarrollan en 252 artículos ordenados en 13 títulos: se trata de una visión integral, de vanguardia, que amplía los derechos de los usuarios y consumidores y fortalece la competencia, la pluralidad y el derecho a la información. El núcleo que integra estos objetivos es la visión de que la radio, la televisión y las telecomunicaciones son una actividad de servicio público que utiliza bienes de la nación y necesita ser regulada de forma democrática y transparente por el Estado mexicano.
La AMEDI insiste en que la nueva ley debe tener un organismo regulador con una composición profesional y plural, que actúe con autonomía, sin conflictos de intereses respecto de las empresas y actividades que tendría la responsabilidad de regular. De la misma forma se necesita que cuente con las facultades necesarias para el otorgamiento de las concesiones y la regulación de los sectores obligados, tanto en los aspectos técnicos como en los contenidos que se transmitan a través de esos recursos tecnológicos. Es vital que la nueva ley tenga reglas claras para promover la competencia; por eso no se pueden dejar de lado los temas de la interconexión, así como la regulación del carácter de dominancia entre los prestadores del servicio tanto en radio y televisión como en telecomunicaciones. De esa manera, de acuerdo con el artículo 28 Constitucional, se evitarían fenómenos de concentración contrarios al interés público.
Las nuevas reglas que se discuten en el Congreso fomentan la transparencia para administrar el espectro radio radioeléctrico y crean un Registro Público de las Telecomunicaciones; defienden los derechos de los consumidores y de las audiencias y establecen los cambios necesarios para impulsar la convergencia tecnológica y la competitividad. Además propician la diversidad y la calidad en los contenidos de la televisión y la radio y fortalecen el equilibrio de los intereses sociales frente a los comerciales, entre otros importantes cambios.
Estamos ante un momento crucial. Si se llega a aprobar esta reforma, constituirá una palanca muy importante para cambiar el rostro de la radio, la televisión y las telecomunicaciones y para que México pueda avanzar con certidumbre en su proceso de modernización sin perder el ideal democrático de la sociedad mexicana. Sabemos que las presiones para que esta reforma fracase, o para que sus contenidos sustantivos sean limitados, son enormes. Esperamos que el Congreso de la Unión esté a la altura de este desafío y logre construir, sin dilaciones y sin reducir el alcance de las propuestas ahí establecidas, esta reforma tan largamente esperada que así, dejaría de ser una de las más onerosas asignaturas pendientes de nuestra democracia.
México D.F., 20 de abril de 2010
Telecom y Medios
Ley de telecomunicaciones, aún viva
Gabriel Sosa
El Universal. 23/04/2010
Las negociaciones sobre la iniciativa, 23 de abril
El estruendoso desplegado que la CIRT publicó en contra de la iniciativa de ley de telecomunicaciones, el cabildeo en el Congreso, así como la ambigua y contradictoria posición del gobierno sobre el tema, lograron su propósito:
Postergar la dictaminación de la reforma. Sin embargo, hasta ayer, no todo estaba perdido para su aprobación en el Senado.
Aunque el desplegado está saturado de adjetivos y no de argumentos, caló hondo en algunos legisladores que ahora tienen sus dudas sobre los importantes avances de la propuesta y se muestran temerosos de no salir más en la tv. Si se hubiese publicado la versión original del proyecto del desplegado, mucho más violento, nos dicen, seguramente algunos senadores estuvieran ofreciendo disculpas a los radiodifusores.
Las presiones (o pretextos para ganar tiempo, mientras se intensifica el cabildeo) se han centrado en algunos temas específicos: la independencia del órgano regulador, el refrendo con licitación y los criterios para considerar a una empresa como dominante. También se han puesto sobre la mesa la inversión extranjera con o sin reciprocidad, la posibilidad de que quitar el candado a Telmex para que ofrezca tv restringida y algunos ajustes al articulado de interconexión.
Si realmente hubiese un ánimo reformista de los legisladores, sin la bota del gobierno, sólo bastaría hacer algunos ajustes a la iniciativa. Por ejemplo, al Instituto de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales (que sustituiría a la Cofetel) podrían pasarle, sin problema alguno, todas las atribuciones en la materia, incluida la supervisión de contenidos, pese a la oposición de algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la SCT.
Si se hace ese cambio, el PRI apoyará la reforma, según ha prometido el senador Manlio Fabio Beltrones. Que se le tome la palabra.
La incorporación de un transitorio para otorgar los refrendos a las concesiones vencidas de radio, podría dar la anhelada certeza jurídica de los radiodifusores y también atendería otra demanda del PRI. Como lo anunció el senador Santiago Creel ya existe una propuesta de redacción al respecto. Una especie de borrón y cuenta nueva. Es una excelente oportunidad para los empresarios radiofónicos que se encuentran en esa situación y evitar así la licitación.
Para el caso de la inversión extranjera directa, hay duda sobre si se amplía a las redes cableadas hasta en 100 por ciento, pero con reciprocidad. Telmex estaría a favor de la reciprocidad, pero Telefónica, como es de suponerse, se opone. Se trata de una decisión de política pública que, independientemente de esta reforma, se debió haber tomado desde hace mucho tiempo.
En el tema de la dominancia y la retransmisión de canales, es donde Televisa ha cargado sus baterías en contra, pero pone de pretexto, por ejemplo, que con la iniciativa podría desaparecer la programación juvenil. Suena a broma, pero así es. La iniciativa advierte que se considerará dominante a un operador de radiodifusión cuando 90% de su programación lo constituyan contenidos de su producción, cuando tenga al menos 25% de audiencia a nivel nacional, 25% de las estaciones o canales dentro de una misma área de cobertura o 25% de los ingresos de publicidad. Las críticas, incluso de operadores más pequeños, se han hecho a dichos porcentajes porque consideran que deben ser más elevados. Puede ser. También ahí se podría hacer un ajuste con el propósito de avanzar en la aprobación del proyecto.
CONCENTRACIÓN Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Pero ojo. Como se ha documentado, la iniciativa queda pequeña frente a lo que ocurre en otros países.
En Inglaterra, la suma de licencias no puede superar 15% de la audiencia. En Francia, una empresa de TV sólo puede operar un servicio nacional y uno de carácter local (hasta 6 millones de habitantes). En Italia se autoriza sólo hasta una licencia por área de cobertura y hasta 3 en total. Y para radio se admite una licencia por área de cobertura y hasta 7 en total. Además no se puede cruzar la titularidad de las licencias locales con las nacionales. En Estados Unidos, socio comercial de México, las licencias de radio no pueden superar 15% del mercado local, la audiencia potencial nacional no puede superar 35% del mercado y no se pueden poseer al mismo tiempo licencias de TV y radio.
Ayer, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta, divulgó un confuso comunicado para afirmar que “se opone a toda forma de monopolio, sea privado o estatal”. Pero más adelante, como que da a entender que no debería existir una regulación específica para radiodifusión porque debilita o precariza a “los medios privados e independientes”. ¿En qué quedamos entonces?
En cuanto a la retransmisión de canales abiertos de tv en los sistemas restringidos (el must carry) empresas de tv restringida se muestran muy optimistas de la propuesta incorporada en la iniciativa, más aún porque desde hace algunas semanas Televisa ha aumentado sus tarifas por cada suscriptor y está obligando a diversos “cableros” a retransmitir más canales de la llamada “telebasura”.
Hasta el cierre de esta columna, estaba por conocerse los resultados de una reunión entre los líderes de las bancadas en el Senado y algunos secretarios del gobierno para abordar el tema de la iniciativa. Me gustaría pensar que ahí prevaleció una visión de Estado, pero también sabemos que indirectamente estaban representadas las más fuertes empresas del sector. El destino de la reforma está en el aire, pero los retos mayores estarán, todos lo sabemos, en la Cámara de Diputados.
Nueva Ley de medios
Javier Corral
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
Explicación de la iniciativa
Como casi siempre, los intereses monopólicos de Televisa intentarán desvirtuar los contenidos de la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que presentamos un grupo de legisladores. Van a tratar de impedirla y presionarán a los miembros de la propia industria, para que ni siquiera nos demos la oportunidad de discutir la reforma. Porque saben que dentro de la iniciativa también hay beneficios para los mismos operadores de Telecomunicaciones y/o radiodifusores y que de discutirse, se podría concretar un gran acuerdo a favor de la competencia y la seguridad jurídica.
Es la hora de que los operadores de Telecomunicaciones y concesionarios de la radio y la televisión ya no permitan que Televisa siga con intromisiones en el proceso legislativo.
El reto de esta iniciativa es que se conozcan y discutan sus contenidos. Los ciudadanos y periodistas deben saber que la iniciativa protege la libertad de expresión. Porque ésta plantea una ley moderna, integral y convergente que incentiva la competencia y la apertura de oportunidades a nuevos operadores. Concibe a las telecomunicaciones como servicios públicos que el Estado deberá proteger y vigilar. Crea un órgano regulador que responderá con independencia. Promueve la participación social a través de un Consejo Consultivo. Fomenta la transparencia en la administración del espectro y crea el Registro Público de Telecomunicaciones y del Registro de Usuarios a fin hacer pública toda la información que en este sector se genera. Obliga la retransmisión de señales abiertas de Televisión en sistemas restringidos. Impone límites a la concentración y evita la propiedad cruzada de medios a los agentes dominantes.
Regula la inversión extranjera y la obliga a una reciprocidad. Homologa las autorizaciones para uso de espectro a la figura de la concesión, destacando las de uso comercial con fines de lucro y las de uso social sin fines de lucro. Reconoce en las concesiones para uso social a los medios comunitarios y se les generan derechos. A las concesiones de uso público y a los medios de Estado se les determinan funciones específicas. Para las asignaciones de uso público y las concesiones de uso social se incorpora la posibilidad de recibir ingresos por donativos, venta de productos y/o servicios, patrocinios y publicidad.
En materia de telecomunicaciones se regula la interconexión entre los prestadores de servicios. Se termina con el redondeo en las tarifas de los servicios telefónicos. Establece obligaciones específicas que impidan conductas anticompetitivas. Profundiza en la promoción de la cobertura social a partir de la creación de un fondo para el estimulo de la prestación de servicios de telecomunicaciones y el acceso social para la población en particular de zonas marginadas.
Establece derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Concibe a los contenidos mediáticos como el instrumento necesario para el ejercicio de libertad de expresión y el derecho a la información. Asume la responsabilidad de proteger a la niñez de los contenidos, lo que incluye regular la publicidad.
Estimula la producción nacional, con una transmisión del 50% de contenidos nacionales. Al menos el 20% de la misma deberá ser contratada a productores independientes. El Estado incentivará la producción audiovisual nacional a través de la creación de un fondo. Establece la obligación de que la población con discapacidad auditiva tenga las mismas oportunidades que las demás personas al incorporar el sistema de subtitulado de acceso opcional. Los prestadores del servicio deberán poner a disposición del público su Código de Ética y designar a un defensor de la audiencia. Establece que los profesionales de la información pueden negarse a elaborar contenidos contrarios a los principios del código de ética, sin que ello suponga una sanción. Integra los tiempos gratuitos en radio y tv a una hora diaria por canal, prohibiendo que se usen para promoción personal de funcionarios.
La publicidad deberá diferenciarse claramente del programa mediante un texto superpuesto que permita reconocerla como tal. Promueve la continuidad de la programación. Establece procedimientos para la atención del derecho de réplica en los medios electrónico, así como sanciones en caso de no cumplirse.