Pedro Salazar
El Financiero
01/11/2017
El crimen acecha y el estado se desmorona. Los datos de incidencia criminal y las proyecciones de los homicidios dolosos para este año son impresionantes y la respuesta institucional es desoladora. Hoy no tenemos procurador(a) general de la República, tampoco fiscal anticorrupción y, por si nos faltaba, tampoco titular de la FEPADE. La renuncia del primero, la ausencia de nombramiento del segundo y la destitución del tercero, han dejado acéfalas a todas las instituciones encargadas de procurar justicia a nivel nacional. Ello en medio de la crisis de seguridad ya aludida y con el proceso electoral ya iniciado.
Son muchos los analistas que advierten que no existen condiciones políticas para superar en el corto plazo este socavón institucional. El razonamiento es convincente porque para nombrar a los funcionarios ausentes es necesaria una mayoría calificada de senadores. En el momento actual, con los tiempos electorales activados, lograr un acuerdo legislativo de tal envergadura parece imposible. Además, las fracturas partidistas en la oposición –sobre todo, pero no sólo en el PAN– dificultan cualquier acción de coordinación estratégica para negociar con el gobierno.
El propio Presidente de la República ha adelantado la hipótesis de que el nombramiento del procurador (porque del fiscal anticorrupción no habló y el fiscal electoral todavía estaba en funciones) se realizará hasta después de las elecciones. Lo cual, dicho sea de paso, le sirve para evadir el reclamo ciudadano y académico que exige la creación de una fiscalía nacional políticamente autónoma y técnicamente capaz. Lo que hoy tenemos –ahora sí– es exactamente lo contrario. El encargado de despacho está maniatado por los poderes internos de la Procuraduría, es designado por el Presidente –sin la aprobación del Senado–, y no cuenta con los instrumentos necesarios para investigar y perseguir los delitos. El peor de los mundos.
Algunos podrán suponer que el propio gobierno gana con esta situación porque la impunidad forma parte de sus intereses. En lo personal pienso que los costos podrían resultar mucho más altos que el eventual beneficio político de corto plazo. Lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano –no solamente del gobierno en turno– para monopolizar la violencia y ejercerla a través del derecho. Nadie gana –tanto menos el gobierno– si se consolida la tendencia creciente hacia la violencia privada, el abandono de la vía institucional para dirimir conflictos y la colonización del Estado por el hampa. Bueno, en realidad, gana el hampa.
Pero los que más perdemos somos los ciudadanos de a pie. Después de todo, somos es el eslabón más débil de la cadena de la inseguridad. Así que, más allá de cálculos y coyunturas políticas, debemos de ser los más interesados en que las cosas cambien y los más demandantes para que ello suceda. No podemos tolerar la omisión de los gobernantes ante sus deberes constitucionales. Nombrar a los funcionarios que hoy no existen y modificar las instituciones para procurar justicia civil y eficaz no son asuntos potestativos, son responsabilidades irrenunciables. No tienen el derecho a posponer las decisiones de las que pende nuestra seguridad personal y patrimonial.
Para eso están en dónde están y deben actuar en consecuencia.
Hace algunos meses, ante las energías ciudadanas involucradas en dinámicas de Parlamento Abierto potestativos, en concreto en el caso de la Ley General de Archivos y tras los jaloneos entre sociedad civil y legisladores que dejó a sus espaldas el nombramiento de una vicepresidenta del Inegi, un senador lanzó a sus colegas una proclama definitiva: “Si (los ciudadanos y académicos) quieren legislar, que se ganen su curul”.
Entonces pensé y sigo pensando que estaba equivocado. Las ONG y la academia están para hacer propuestas, generar insumos, criticar y exigir. Por eso, por ejemplo, hace algunos días, el IIJ-UNAM, el CIDE y el INACIPE presentaron el informe final de la consulta nacional @ConstruyamosJusticia, que contiene insumos técnicos para reformar la procuración de justicia a nivel nacional. Se trata de una serie de propuestas coherentes, sistemáticas y ambiciosas. El ejercicio se realizó a petición –entre otras instituciones– de las cámaras de Diputados y Senadores. Sin embargo, aunque parezca increíble, al evento de presentación en Palacio Nacional simple y llanamente no llegaron los legisladores. Usted dirá.