08 febrero 2023
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República se había comprometido a escuchar directamente las razones que 84 organizaciones civiles mexicanas expusieron en público, en enero pasado, en las que argumentaron su rechazo a las modificaciones a la legislación electoral que está a punto de votarse.
Se trataba de un ejercicio democrático y de una forma de subsanar la falta de diálogo, evaluación y acuerdo del que adolece la propuesta conocida como “Plan B”. Era, quizás, un último intento para mostrar a las y los senadores el carácter inconstitucional de la reforma y de alertarlos sobre las consecuencias de un desmantelamiento institucional que dejará a México sin la seguridad de contar con elecciones limpias y de garantizar la autenticidad del sufragio.
Sin embargo, a pocas horas de celebrarse ese encuentro –normal y rutinario en cualquier democracia- fue cancelado esgrimiendo la falta de acuerdo y complicaciones internas entre varias fracciones parlamentarias que controlan la mayoría simple en el Senado.
Queremos hacer del conocimiento de la opinión pública este nuevo hecho que vuelve a demostrar el carácter vertical e inconsulto de esos cambios electorales. A la presunción de inconstitucionalidad del “Plan B” por no respetar el proceso legislativo como por su contenido destructivo, se suman la cerrazón y la falta de argumentos que está en el fondo de esa decisión. La opacidad es manifiesta y lesiona la legitimidad del proceso legislativo.
Las 84 organizaciones no pretendíamos sorprender a nadie, sino exponer de viva voz y de frente las razones y las evidencias ante una destrucción que pone en jaque al trabajo de todas las autoridades electorales en México. Es decir, explicar los motivos del pronunciamiento que fue conocido por la opinión pública a finales de enero de este año.
Ratificamos aquí el contenido de nuestro pronunciamiento (se anexa con la firma de las organizaciones) y reivindicamos el valor del diálogo y el peso de la razón, en esa última oportunidad que tienen las senadoras y los senadores para no causar un daño irreparable a la República.
Responsable: Carlos Flores Vargas, IETD.
