María Marván Laborde
Excélsior
13/04/2017
Es probable que las detenciones de Tomás Yarrington y de Javier Duarte puedan responder a un riesgoso cálculo de oportunismo electoral, aunque es difícil creer que convenzan a muchos a votar por el mismo partido que los cobijó. Aun cuando hayan sido detenidos por esa razón, lo cierto es que es una buena noticia que ambos estén tras las rejas. La Procuraduría General de la República, es decir Raúl Cervantes, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir Luis Videgaray, están obligadas a demostrar que los procesos de extradición serán exitosos y expeditos.
De acuerdo con López-Dóriga (Milenio) hay 16 exgobernadores presos, procesados o prófugos. Encarcelados son siete: Javier Duarte, Tomás Yarrington, Mario Villanueva, Andrés Granier, Jesús Reyna, Guillermo Padrés y Flavino Ríos. Dos sujetos a proceso y en libertad, gracias a sendos amparos: Luis Armando Reynoso y Rodrigo Medina. Cuatro están bajo investigación: César Duarte, Roberto Borge, Fidel Herrera y Gabino Cué. Sigue prófugo Jorge Torres.
Mientras, seguimos sin fiscal Anticorrupción. Pareciera que finalmente ya aceptaron los senadores del PRI quitar el transitorio del artículo 102, que le daba pase automático al procurador en turno para ser el primer fiscal, y aparentemente con eso será suficiente para que puedan llegar a un acuerdo con el PAN y finalmente nombrarlo. Es posible que la semana que entra, antes de que termine el periodo de sesiones del Congreso, haya humo blanco.
Si bien, es dramático saber que hay 16 gobernadores en la picota, lo cierto es que se abre una gran oportunidad para echar a andar, con toda la fuerza ética de sus miembros, al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, pero, sobre todo, a su Comité Coordinador. No olvidemos que Jacqueline Peschard preside ambas instancias. A pesar de la falacia, muchas veces repetida, de que el SNA nacía descabezado por la ausencia de fiscal Anticorrupción, sí hay cabeza, tenemos presidenta.
Es urgente que, en el caso de Javier Duarte, el Comité Coordinador asuma, con toda la fuerza posible, el liderazgo que le corresponde. El Comité Coordinador no es fiscal, no recae sobre sus espaldas llevar el caso hasta que se entregue la Carpeta de Investigación (averiguación previa) al juez; pero sí cae dentro de sus responsabilidades, por ejemplo, asegurarse de que la Fiscalía de Veracruz esté trabajando en sintonía con la PGR. Tanto el procurador Raúl Cervantes como el fiscal veracruzano deberán mantener debidamente informada a la presidenta Peschard y, a través de ella, al Comité de Participación Ciudadana.
Si la función principal del Comité de Participación Ciudadana es crear inteligencia para diseñar reformas sistémicas que eviten la reproducción de las redes de corrupción, tiene frente a sí 16 casos de estudio para una profunda investigación de largo alcance. Se me ocurren al menos tres líneas de trabajo.
Primero, habría que estudiar qué empresarios y poderes fácticos, incluidas ligas con el crimen organizado, apoyaron las campañas de cada uno de ellos. Esto podría servir para entender los compromisos adquiridos y analizar las decisiones tomadas en conflicto de intereses; obras innecesarias, licitaciones sospechosas y hasta su red de prestanombres.
Segundo, es indispensable darle seguimiento a las transferencias federales y el gasto que se hizo de ese dinero. Un buen punto de partida son los últimos informes de la Auditoría Superior de la Federación que le ha hincado el diente con mucha responsabilidad a este tema. El auditor portal es miembro del Comité Coordinador.
Tercero, habrá que estudiar el origen de la debilidad de los congresos locales y sus propios organismos de Auditoría Superior. Es indispensable entender por qué el sistema de división de poderes no funciona. El Poder Legislativo ha sido inútil para controlar al Poder Ejecutivo, no han podido, quizá ni siquiera han querido, contener la ambición y denunciar la deshonestidad de sus gobernadores.
Es una desgracia para la República tener 16 gobernadores perseguidos, aprovechemos el momento para encontrar soluciones sistémicas que desarticulen el modus operandi de estas redes de complicidades y evitemos su repetición.