José Woldenberg
Reforma
23/04/2015
No pensaba volver a escribir sobre el tema. Pero luego de leer algunos artículos vale la pena hacer ciertas precisiones. Se entiende la indignación que suscita la conducta del PVEM, pero la sola rabia no es una buena consejera. Repito: no quiero ni puedo defender la conducta ilegal del Verde, pero como decía, la «cura» puede ser más nociva que la «enfermedad». Solo 6 notas.
1. Dejar en los electores la decisión de qué partidos permanecen vivos y cuáles deben morir me sigue pareciendo el expediente óptimo. Con ello se garantiza un espacio para las minorías representativas, más allá de filias y fobias. Y en nuestro caso ha funcionado. En los últimos 24 años -desde la fundación del IFE- han perdido su registro, por no alcanzar el mínimo de votos que fija la ley, los siguientes partidos: Demócrata Mexicano, Revolucionario de los Trabajadores, del Trabajo, Ecologista de México (1991), Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, otra vez el Demócrata Mexicano (1994), Cardenista, Popular Socialista y el Demócrata de nuevo (1997), de Centro Democrático, PARM otra vez y Democracia Social (2000), de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social, México Posible, Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana (2003) y Socialdemócrata (2009). Más partidos de los que hoy aparecen en la boleta. Y todos ellos salieron de la competencia no por una decisión administrativa/jurisdiccional, sino porque no lograron suficientes adhesiones ciudadanas en las urnas. Un método claro, democrático y político.
2. En contraparte, no tenemos un solo caso de pérdida de registro por la vía administrativa y para no ser aldeano le pregunté a varios amigos -que de esto saben- qué casos de pérdida del registro por esa vía (o similares) conocen en el mundo. Mencionan al Frente Islámico de Salvación (FIS) declarado ilegal en Argelia (1992), a Herri Batasuna en España por sus nexos con la organización terrorista ETA (2003), a los Hermanos Musulmanes en Egipto luego del golpe de Estado que puso fin a la llamada primavera democrática (2013). Es muy posible que haya más, pero se trata de un recurso excepcional y extremo, como resulta fácil observar.
3. En algunos textos que claman por quitarle el registro al PVEM se plantea el asunto como si en caso de que eso no se hiciera ese Partido quedaría impune. No se atiende a las sanciones que ya se le han impuesto. Por ejemplo, en el mes de abril dicho Partido recibirá cero pesos por financiamiento público para actividades ordinarias cuando el monto que le correspondía era de 26.9 millones de pesos. El total de las multas que ha establecido el Tribunal más la que el INE impuso por desacato ascienden a 188 millones de pesos, es decir, 7 meses de financiamiento ordinario menos o el 58.31 por ciento de ese mismo financiamiento anual. Además no se toma en cuenta que la nueva Ley establece la posibilidad de sanciones progresivas que van desde la amonestación pública, las multas, la reducción de su financiamiento, la interrupción de la transmisión de su propaganda política hasta la cancelación del registro.
4. El PVEM ha obtenido en las dos últimas elecciones -desde que la ley obliga a cada partido a aparecer con su propio logotipo en la boleta- más de dos millones de votos. En 2009, 2.2 millones y en 2012, 2. El 6.52 y 4.06 por ciento de la votación total. Esos ciudadanos le dieron su respaldo al Verde e imagino que algo significan.
5. (Me) llama la atención que en buena parte de las notas que reclaman la pérdida del registro no se hable del litigio actual y de sus antecedentes. La falta fundamental del Verde es que compró espacio en radio y televisión para supuestamente dar informes de la actividad de sus diputados. Es una transgresión de la ley, una conducta reiterada que viola una disposición vigente desde 2007. Pero, como lo ha recordado Ricardo Becerra, esa misma conducta había sido declarada legítima por el Tribunal Electoral en 2009. (Se puede consultar el sólido artículo del hoy consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, «La reforma trastocada: el caso de los ‘informes de labores’ del PVEM», en Democracia sin garantes. UNAM. 2009). Es decir, es una conducta violatoria de la ley, pero que no hace mucho convalidó el Tribunal. Última y definitiva palabra en la materia.
6. Solo espero que en los meses y años por venir no sea en las mesas del INE y el Tribunal donde se resuelva sobre la vida o la muerte de los partidos. Deseo que eso suceda en las urnas. Y que la palabra definitiva la tengan los ciudadanos votando.