Ricardo Becerra
La Crónica
10/08/2021
Con el formidable cúmulo de información que nos ofrecen con tanto cuidado, lo mismo el INEGI como el CONEVAL, es posible proyectar la película rápida del año social y económico de la pandemia.
Primero. Un país que ya no crecía, que no generaba empleos, de repente, entró en coma autoinducido, en un gran confinamiento que paralizó su actividad económica, expulsando a 1.7 millones de personas de su trabajo en dos meses. Para entonces, nuestro gobierno había destartalado al seguro popular (una llave de acceso al sistema de salud) para sustituirlo por una quimera (el INSABI) y en plena hecatombe, se negó a proteger empresas y empleo en una coyuntura que los destruía por decenas, cada segundo.
Capítulo aparte es la gestión propiamente sanitaria, la de la pandemia, pero en conjunto, esta situación rompió una tendencia histórica y México volvió a ser un masivo productor de pobres: 10 mil 410, cada día el año pasado.
Aclaremos: no era una fatalidad del coronavirus. Hay naciones que, como Brasil, con política económica, incluso sacaron a miles de la pobreza durante la crisis sanitaria. En México ocurrió todo lo contrario: decenas de miles de muertos junto a centenas de miles de pobres cada mes, el año pasado.
Segundo. Las fuerzas que acabaron empobreciendo a los mexicanos en conjunto (no sólo a esos 3.8 millones de nuevos pobres) son dos: la pérdida de ingreso (7 por ciento menos en promedio en nuestros bolsillos) y el hecho de que 15.8 millones de mexicanos perdieran su llave para tener acceso a la salud (sobre todo, por la destrucción del seguro popular). Estos dos factores (ingreso y salud) explican el 89 por ciento del retroceso social que ha vivido México en los últimos dos años. Si nos tomáramos en serio las cifras del INEGI y del CONEVAL, México tendría dos grandes asignaturas inmediatas: una política salarial activa y la rehabilitación el sistema de salud.
Tercero. A lo largo de la década se ha puesto mucha atención al papel que los programas sociales juegan a la hora de contener la devastación social que generan las crisis. En esta ocasión, además hemos comprobado cómo la destrucción de los padrones de Prospera ha traído una peor asignación de los recursos hacia los más pobres, por esa vía. Es más, este gobierno está dando más a quien más tiene, en un ejemplo de regresividad que constituye un nuevo y grave error técnico y político.
Cuarto. Al terminar el gran confinamiento -en junio- 5.7 millones de personas volvieron a sus trabajos. De ellos, 3.5 millones entraron a trabajar para ganar entre uno y dos salarios mínimos. Ninguna maravilla, algo muy precarizante. Pero como el salario mínimo -por primera vez en décadas- se sitúa arriba de la línea de pobreza alimentaria, ese regreso por sí solo, evitó la caída en la pobreza extrema a esos 3.5 millones de compatriotas. El mecanismo del salario mínimo fue con mucho, uno de los principales amortiguadores contra la pobreza en esta coyuntura dramática (salida y entrada del mercado laboral, procesos masivos de recontratación) y es algo que debe decirse. No obstante, a falta de política de empleo, esta institución (el salario mínimo) pierde asimismo alcance y poder.
Cinco. La encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares implica la aceptación y el tiempo de más de cien mil hogares mexicanos. Decenas de miles de encuestadores. Miles de trabajadores de la estadística y la economía. Un saber institucional acumulado por décadas, la discusión de centenas de académicos que han diseñado la muestra y los métodos para ofrecernos el retrato más fiel con el que la sociedad mexicana nunca antes había contado para reconocerse a si misma.
Gracias a ello, México nunca tuvo mejor información ni mejores datos que hoy. Nunca tuvo mejores instituciones que los producen, por lo tanto, nunca estuvimos mejor preparados para elaborar los diagnósticos y las políticas para combatir desigualdad y pobreza. Por todo eso, nadie tiene derecho a desdeñar, fingir y volver a ejercer la violencia política de “los otros datos”.
N.B. este texto se benefició de las exposiciones de Gonzalo Hernández Licona y Enrique Provencio, en el Seminario Pobreza, datos y política social en México: 2018-2021, organizado por el IETD, el sábado 7 de agosto.