Jacqueline Peschard
El Universal
29/05/2017
Dice Woodrow Wilson, en su libro, ¿Qué es el gobierno constitucional? que “la opinión es la atmósfera del gobierno constitucional; es el ambiente que respira y del cual procede su fuerza”, es decir, no hay orden constitucional sin una sociedad que con su voz ejerza un constante escrutinio sobre la actuación del gobierno. De ahí emana su fortaleza y, por supuesto, su legitimidad.
Este es el pilar del “gobierno abierto”, esa nueva forma de hacer política pública a través de la intervención activa de la sociedad civil en las decisiones y acciones gubernamentales. No basta que los ciudadanos sepan qué hacen los gobiernos, por vía de la transparencia, sino que deben ser actores directos de las decisiones y políticas que aquéllos adoptan. Se trata de una relación distinta entre sociedad y gobierno y para que prospere el “gobierno abierto” es indispensable que exista una sociedad civil con capacidad para comprender el desempeño de las autoridades y para decidirse a tener incidencia en el diseño y puesta en operación de las políticas públicas.
En los últimos quince años en México, las organizaciones de la sociedad civil han ganando relevancia social porque han desarrollado capacidad de investigar el quehacer gubernamental para, desde ahí, demandar intervenir en las políticas públicas. Este es el origen de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que es una plataforma internacional de la que México fue socio fundador entre otros siete países en 2011 y que está basada en tres principios: 1) el uso extensivo de las tecnologías de la información, 2) el acceso amplio a la información gubernamental y 3) una fuerte participación ciudadana.
A lo largo de cinco años, mediante un esquema novedoso de coordinación, el Secretariado Técnico Tripartita, integrado por la Secretaría de la Función Pública, el Inai y 10 organizaciones de la sociedad civil, se han elaborado tres Planes de Acción para impulsar políticas de transparencia que ayuden a la rendición de cuentas y a ofrecer información útil a la ciudadanía, usando las tecnologías de información. Por ello, es muy grave que el martes pasado, las 10 organizaciones ciudadanas abandonaran el Secretariado, en protesta por la violación de la privacidad de las comunicaciones de activistas vinculados al sector salud. El silencio de las autoridades ante la denuncia hecha en febrero pasado del espionaje que sufrieron tres promotores del incremento al impuesto a las bebidas azucaradas, es una muestra de que el gobierno está incumpliendo las reglas básicas de colaboración entre sociedad civil y gobierno. Es inadmisible que la autoridad eche mano de herramientas de vigilancia informática que son de uso exclusivo del gobierno (la información sobre el software utilizado proviene de Citizen Lab, un instituto de la Universidad de Toronto, Canadá), violando la esfera privada de las personas para amedrentar a organizaciones ciudadanas.
El núcleo de organizaciones están analizando solicitar a la directiva internacional de AGA que considere la pertinencia de que México siga siendo parte de la alianza. El Inai y la SFP han sugerido a los afectados que presenten su denuncia ante el gobierno mexicano. El problema es que le han perdido la confianza y cualquier acción que se tome no contará ya con la validación de la sociedad civil. Tal parece que el gobierno sigue apostando a que, en el contexto de recurrentes violaciones a derechos fundamentales, nuevas denuncias dejen en el olvido a las anteriores. No es un buen cálculo.
El Estado mexicano ha venido perdiendo legitimidad no sólo interna, sino externa, por su incapacidad para garantizar el ejercicio libre del periodismo. En este contexto, ¿puede darse el lujo de abonar a dicha pérdida con la salida de las organizaciones ciudadanas de la alianza multilateral que es AGA y de la cual fue socio fundador?