José Woldenberg
Reforma
18/01/2018
Me asomé al Programa para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Me interesaba tener una idea de la magnitud de los daños físicos y del número de afectados. Y los datos no dejan de certificar la dimensión alarmante de los estragos que dejó el sismo. Solo algunas cifras que dan cuenta de la dimensión del desastre: la búsqueda, rescate y salvamento se llevó a cabo en 38 puntos. Se han demolido 102 inmuebles. Se instalaron 50 albergues para los damnificados y a la fecha siguen funcionando 4. En los comedores comunitarios se ofrecieron más de 300 mil raciones alimentarias. 2,544 negocios fueron afectados. 24,403 familias han recibido apoyos para renta. Se verificaron 1,484 escuelas de las cuales 9 demandan reconstrucción total, 269 necesitan «obras parciales» y 178 algunas reparaciones. Esas cifras nos hablan de dramas colectivos pero por supuesto también lo son individuales.
El Programa asume que luego de la situación de emergencia es obligado transitar a una fase de reconstrucción que tiene que ser modelada desde diferentes plataformas. Y el documento expone con claridad cuáles son los derechos de los afectados, contiene una explicación consistente de las características del sismo, describe cuál fue la primera respuesta frente a la emergencia y los planes para atender a las familias afectadas. Explica por qué la Ley de Reconstrucción establece un apoyo diferenciado para los afectados dependiendo de sus necesidades y las capacidades de cada grupo, es decir, una política que conjuga dos criterios: la situación socio-económica y habitacional de los damnificados, en el entendido de que existen pérdidas totales, daños graves, parciales o superficiales. Para ello se plantean fórmulas de atención diferentes que van desde el otorgamiento de una nueva vivienda hasta la generación de créditos «blandos». Contiene una especie de instructivo que informa de los procedimientos para resolver muy diferentes situaciones: desde qué ayuda esperar del gobierno hasta cómo recuperar las pertenencias en los edificios que quedaron deshabitados pero que siguen en pie.
Los miembros de la Comisión hicieron más robusto el documento presentando textos sobre asuntos específicos pero estratégicos. Sergio Alcocer escribe un muy ilustrativo texto sobre la historia de las reglas de construcción en la ciudad y las que deberían estar en curso; y en otro apartado un plan para incrementar la resiliencia ante los sismos, un programa que debe reforzar edificios, sistemas de suministro eléctrico, agua potable, telecomunicaciones, etcétera; Mauricio Merino expone por qué se optó por integrar un fondo único para la reconstrucción; Katia D’Artigues argumenta a favor de una reconstrucción incluyente y Loreta Castro presenta un sugerente ensayo sobre la historia, los dislates y los retos en relación a la gestión del agua.
El comisionado informa de las principales demandas que le han presentado: certeza jurídica sobre la condición de los inmuebles, recuperación de las pertenencias, diálogo y atención permanente por parte de las autoridades y conocer alternativas para recuperar su patrimonio. Y al final, se presentan 45 programas específicos.
Lo cierto es que a diferencia de 1985 hoy parece existir una sociedad no solo más demandante sino más consciente de sus derechos. Y por ello cualquier programa tiene que pasar por el diálogo, la negociación y el acuerdo con los damnificados. Eso hace más compleja la tarea, pero también es una oportunidad para reforzar y/o reformular los lazos entre gobernantes y gobernados. En la introducción al Programa se dice: «El sismo del 2017 puede profundizar los problemas de legitimidad y desconfianza que quiebra desde hace tiempo, a las relaciones de la sociedad con gobiernos, políticos y los partidos políticos. Pero el Programa de Reconstrucción…puede ser un instrumento para reducir esa brecha, a condición de que cumpla otras exigencias fundamentales: pertinencia, sintonía y empatía con la etapa por la que atraviesan los afectados; cumplimiento estricto con lo que se compromete ante ellos; diálogo franco, reconocimiento de lo que no se puede ofrecer…; ofrecer siempre varias alternativas, diversas, ante afectados y daños, también muy diversos; trabajo sin descanso, sin parar… claridad día a día en el uso de los recursos». Ojalá así sea.