Mauricio Merino
El Universal
31/05/2017
Se le atribuye a Álvaro Uribe, quien fuera presidente de Colombia hasta el 2010, la metáfora de la sangre del sapo para explicar la actitud de los mexicanos ante los problemas que nos rodean. Sucede que esos batracios no perciben los cambios de temperatura en su entorno, de modo que si se les coloca dentro de una olla con agua y esta comienza a hervir, no se darán cuenta sino hasta que sea demasiado tarde. No entiendo mucho de biología, pero la metáfora es casi perfecta.
En medio de los escándalos de corrupción que están hundiendo al país y creando, a su vez, nuevas y mayores dificultades en casi todos los planos —incluyendo la guerra campal que se avecina en el Estado de México—, la insensibilidad del gobierno mexicano es análoga a la de los susodichos animalitos. En el momento justo en que el combate a la corrupción tendría que ser su propósito estratégico principal, el gobierno de la República prefiere hacer pies de plomo e incluso crear conflictos donde había colaboración.
El pasado 23 de mayo, las diez organizaciones que formaban el “núcleo de la sociedad civil” en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), abandonaron la nave en la que habían bregado con el mejor de los ánimos desde que ese proyecto nació en el sexenio anterior. Gracias a esa colaboración se diseñaron y se pusieron en marcha ideas de apertura de la información y de estrategia digital, que incluso le permitieron a México presidir esa organización internacional durante un año.
Por cierto que al asumir esa presidencia en septiembre de 2014, el presidente Peña Nieto prometió en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, ante su entonces homólogo Barack Obama —promotor principal de la iniciativa— “llevar a la práctica los principios del gobierno abierto, mediante herramientas operativas que permitan el desarrollo incluyente; consolidar el concepto de gobierno abierto a través de una alianza sólida y amplia entre sociedad y gobierno, la cual esté basada en la confianza; y hacer de esta alianza una verdadera plataforma de cooperación e intercambio de experiencias exitosas”.
La promesa duró poco. Tras el espionaje y la intervención electrónica que sufrieron al menos dos de los integrantes del núcleo de sociedad civil de la AGA en México, Artículo 19, Cidac, Contraloría Ciudadana, Cultura Ecológica, Fundar, GESOC, Imco, Observatorio Nacional Ciudadano, SocialTIC y Transparencia Mexicana, anunciaron su “decisión unánime de concluir su participación en la secretaría técnica tripartita de esa organización, por la pérdida de confianza y la falta de condiciones de co-creación y diálogo con el gobierno federal para continuar dentro del proceso”.
La decisión no sólo obedeció a la falta de respuesta del gobierno mexicano ante el agravio del espionaje, sino al hecho de que “distintas dependencias del Ejecutivo federal buscaron disminuir el alcance o modificar sustantivamente, de manera unilateral, los compromisos y líneas de acción acordados en las mesas de trabajo del año pasado para llevar a cabo la agenda planteada para el Tercer Plan de Acción” que, dicho sea de paso, coincidirá con el proceso electoral de 2018.
La sangre del sapo. Precisamente en el momento en que la temperatura del agua política está subiendo al hervor y cuando el gobierno mexicano está más necesitado que nunca de argumentos para limpiar la cara de las acusaciones que se le hacen, uno de los proyectos centrales de este sexenio en materia de transparencia se ha derrumbado en medio de la inacción del Estado. Y esto, mientras la Plataforma Nacional de Transparencia tropieza y el Sistema Nacional Anticorrupción necesita fórceps para acabar de nacer. Si alguien cree que esos errores garrafales se pueden corregir con discursos a modo, el agua se calentará mucho más. Y de ser así, los batracios políticos ni siquiera habrán notado su propia extinción.