Jacqueline Peschard
El Universal
09/02/2015
Estamos apenas en periodo de precampañas y ya vivimos una invasión mediática y de nuestros espacios públicos, de parte de los partidos políticos y sus aspirantes a una candidatura a diputado federal. Es cierto que los actos y los gastos de precampaña están permitidos por la ley electoral, el gran problema es el exceso de propaganda y, sobre todo, la vacuidad de los mensajes. No hay noticiero, o programa de radio y televisión que en sus pausas no transmita la lista de promocionales de los 10 partidos políticos que hoy cuentan con registro, los cuales, a falta de propuesta concreta, enfatizan el color que los distingue, verde o turquesa, o simplemente su orientación “de izquierda” o de partido que confía en la gente trabajadora, o que es la alternativa al partido en el gobierno. Todos mensajes huecos, pero repetidos al cansancio, apostando al recordatorio fácil, atentando contra la inteligencia del elector.
La regulación de las precampañas surgió como reacción al fenómeno que ocurrió en el 2000 con “Amigos de Fox”, asociación civil que, aprovechando la falta de legislación en la materia, desplegó una campaña anticipada para promover la figura de Vicente Fox entre la población, al margen de las acciones del partido político que después lo postularía como candidato a la Presidencia. Legislar sobre las precampañas tuvo como propósito evitar la concentración de los espacios mediáticos en manos de aquéllos con mayores medios y apoyos económicos y fomentar la equidad entre los contendientes. La regulación de precampañas fija plazos para las contiendas internas de selección de candidatos, establece fórmulas de financiamiento, topes de gasto y la rendición de los informes sobre las mismas.
Aunque la ley permite que los mensajes de precampaña se transmitan por los diferentes medios, que van de radio y televisión hasta bardas, espectaculares, salas de cine e internet y cada aspirante puede gastar este año hasta 224 mil 074 pesos, con recursos tanto públicos como privados, se han saturado ya los espacios de comunicación política. A cerca de diez días de que concluyan las precampañas, sabemos que son una farsa, porque se pretende que con la leyenda de “mensaje dirigido a militantes” se cumpla con circunscribirlo a dicho público, cuando se somete a toda la población a la tortura de una propaganda sin contenidos.
Sin duda, el Partido Verde ha sido el que más ha explotado las precampañas, pero no para alentar su proceso interno de selección de candidatos, sino para darle relieve a su partido, violentando los tiempos y topes legales establecidos. El Verde ha invadido casi con exclusividad las salas de cine y las pantallas del transporte público en la ciudad de México, plagándolas de su promocional machacón sobre las promesas cumplidas, desde mucho antes de que iniciaran las precampañas el 10 de enero pasado. Ha incurrido en actos anticipados de campaña que están prohibidos por la ley.
A pesar de que el INE dictó medidas cautelares para retirar sus promocionales en las salas de cine, el Partido Verde no las ha acatado y siguen transmitiéndose. Además, sabe que el procedimiento ordinario para sancionarlo que la autoridad ha iniciado tomará tiempo, así que aunque al final se le imponga una sanción y tenga que pagar una multa, los beneficios que ha obtenido dicho partido en las intenciones de voto, habrán valido la pena y el fraude a la ley estará consumado.
Tal parece que los partidos no se han hecho cargo de que vivimos una crisis grave de credibilidad en la política y que es urgente que tiendan puentes de comunicación con la población y sus demandas. Los partidos siguen encerrados en sus ambiciones particulares y de muy corto plazo, carentes de sensibilidad y de capacidad para siquiera imaginar qué hay después del 7 de junio.