Jacqueline Peschard
La Crónica
30/09/2020
De muy poco sirvió el ejercicio de Parlamento Abierto que se realizó en la Cámara de Diputados para discutir y evaluar la razón de ser de los fideicomisos de apoyo a la investigación científica y la cultura, entre otros. Al final, se impuso la subordinación del Legislativo a la decisión de la Presidencia de la República de extinguir los fideicomisos públicos sin distinción, con el argumento genérico de que fomentan privilegios y corrupción. En lugar de aprovechar los foros abiertos con académicos y especialistas para hacer un análisis detallado de los distintos tipos de fideicomisos y distinguir cuáles han sido fuente de ocultamiento de recursos, o de falta de transparencia y rendición de cuentas, para corregirlos o eliminarlos, respaldando a aquéllos que sí cumplen con los objetivos establecidos y que son fiscalizados rigurosamente, se optó por la extinción lisa y llana.
Ahí quedó sepultada la deliberación documentada y puntual. Tal parece que el debate que se suscitó en el Legislativo sobre los objetivos que persiguen los fideicomisos, las maneras como operan y los resultados que se obtienen, sólo buscaba cubrir la apariencia de que se escuchan las distintas voces de las comunidades de científicos, artistas, deportistas, o defensores de derechos humanos y que no había intención alguna de traducirlos en modificaciones a los proyectos legislativos.
Es cierto que no es nueva la aversión del presidente López Obrador hacia los fideicomisos en general y, en particular hacia los que apoyan la investigación científica y tecnológica; es parte del desprecio abierto que ha mostrado hacia las comunidades académicas e intelectuales. De hecho, la propuesta de eliminar los fideicomisos fue parte de sus promesas de campaña y la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada en noviembre de 2019 contempla la prohibición de constituir nuevos fideicomisos, salvo si los autoriza la SHCP.
Es cierto, también, que en el pasado se abusó de la figura de los fideicomisos y que muchos han sido fuente de dispendios enormes en un mar de opacidad y muy escasa fiscalización, tal como lo señaló el estudio de 2018 de Fundar, Centro de Análisis y de Investigación, titulado “El arte de desaparecer dinero”, que da cuenta de cómo sirvieron para ocultar el destino de recursos públicos, o para desviarlos para fines diferentes a los establecidos. Además, la práctica común era que el presupuesto ejercido en dicho rubro fuera muy superior al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y en 2017, el sobre ejercicio alcanzó la escandalosa proporción del 600%. Las recomendaciones de Fundar son que es necesario fortalecer la vigilancia y el control sobre la utilización de los recursos de los fideicomisos, transparentando su manejo de manera desagregada y no sólo con cifras generales, como se hace en buena parte de ellos.
Haciéndose eco de la reprobación presidencial a los fideicomisos, en mayo pasado, la diputada Dolores Padierna, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras, para eliminar 44 fideicomisos y fondos que iban desde los de investigación científica y desarrollo tecnológico hasta de inversión y estímulos al cine y que planteaba obtener un ahorro de cerca de 36 mil millones de pesos para destinarlos a enfrentar la crisis económica por la pandemia. El pasado 9 de septiembre, la bancada de Morena presentó una nueva iniciativa para complementar la lista de fideicomisos a extinguir con 9 fondos más, incluyendo el Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, que es una disciplina hacia la cual la actual directora de Conacyt ha mostrado un rechazo abierto, lo cual la llevó a cancelar la comisión de evaluación en dicha área dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Un claro ejemplo de la aversión como resorte de gestión de la ciencia.
Los gobiernos que, como el actual, cuentan con mayoría absoluta en el Congreso, tienen la oportunidad de impulsar sus políticas públicas sin necesidad de hacer concesiones a otras fuerzas políticas, pues es parte de la decisión del electorado. Sin embargo, pretender que un gobierno de mayoría implica aniquilar las funciones deliberativas de los órganos colegiados de representación, so pena de hacerlos irrelevantes y de convertir al legislador en caja de resonancia del Ejecutivo, es un contrasentido. Si de lo que se trata, en el caso de los fideicomisos es de someterlos a una mayor exigencia de transparencia y fiscalización, hay que recordar que los Centros Públicos de Investigación, cuyos proyectos son apoyados por fideicomisos públicos que ahora están en riesgo de desaparecer, están sometidos al más riguroso escrutinio permanente por parte de Conacyt y, por esa vía, de la SFP y la SHCP.
Resulta muy preocupante que, en aras de la lealtad al Ejecutivo, el Legislativo ignore que una responsabilidad central del Estado Mexicano es asegurar recursos para fortalecer su capacidad de generar conocimiento científico y tecnológico que es indispensable para vislumbrar un futuro de desarrollo para el país.