Pedro Salazar
El Universal
29/01/2015
Creo que —entre tanta nebulosa y crisis institucional— la SCJN merece un reconocimiento. La elección de su actual presidente fue complicada como nunca antes y, sin embargo, en buena medida por el sentido de responsabilidad del ganador y, sobre todo, del segundo más votado, en nuestro tribunal constitucional imperan la estabilidad y el trabajo. Se trata de una buena noticia si consideramos —como creo— que lo que estaba en juego no era sólo la designación de quién administrará al Poder Judicial en los próximos años, sino una genuina “disputa por el Derecho”. Sobre la mesa había dos formas de concebir al ordenamiento jurídico, dos proyectos diferentes de SCJN y dos visiones disímiles del papel que deben jugar los jueces en el Estado y de cara a la sociedad. Por ahora se impuso una de ellas, pero la disputa sigue y seguirá abierta.
En realidad se trata de una querella que se expresa en muchas sedes —la academia, los colegios de abogados, los despachos— y que se libra en muchas pistas. Por un lado se defiende una concepción nacionalista, parroquialista, formalista y conservadora del Derecho y, por el otro, se promueve un proyecto universalista, interpretativista, garantista y liberal del mismo. Podemos decir que, por una parte, resisten los pupilos del maestro Ignacio Burgoa y, por la otra, pujan los alumnos del maestro Héctor Fix Zamudio. Se trata de dos tradiciones respetadas, pero significativamente distintas en sus fundamentos, orientaciones y efectos. Es cierto que en medio hay muchos grises, pero también lo es que no es fácil conciliarlas. Enfrentamos una verdadera dicotomía. Quizá la única tercera vía sea la de los juristas técnicos, casi mecánicos, que saben poco de teoría y cuya ideología consiste en pensar que es posible no tenerla.
Con el lamentable fallecimiento del ministro Valls y el inminente retiro de los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza, en los próximos meses, se abren tres ruedos para recrear el diferendo. El presidente Peña y los senadores deben tener presente lo que está en juego. A mi juicio los principales retos y riesgos de las designaciones en puerta son los siguientes.
En primer lugar es necesario garantizar el equilibrio ideológico al interior de la Corte. Quienes dejan al tribunal constitucional son ministros liberales y eso debe tomarse en cuenta. Ello, sobre todo, cuando el país atraviesa por una crisis en materia de derechos humanos.
En segunda instancia, debe garantizarse la capacidad jurídica de los ministros. Los jueces constitucionales deben tener sensibilidad política pero, ante todo, deben ser juristas, no políticos.
Además, es fundamental garantizar la perspectiva de género. No sólo designando mujeres, sino garantizando que quienes lleguen a la Corte estén comprometidos con esa agenda.
Evitar la partidización —algo que, hay que reconocer, se logró con los presidentes panistas— es indispensable. Una Corte partidizada sería una Corte desfondada en su credibilidad y estéril en su capacidad como árbitro de controversias.
Lo mismo vale ante los poderes privados. Al tribunal constitucional no deben llegar personeros de los grandes intereses económicos. México necesita una Corte para los ciudadanos, no al servicio de los poderosos.
Finalmente —y en esto abro mis cartas pro Fix Zamudio— necesitamos ministros que entiendan que, en el mundo actual, el derecho internacional es derecho nacional. Sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales.
En suma, lo que debemos exigir al Presidente y al Senado es que, al igual que se hizo con el nombramiento del presidente de la CNDH —negarlo sería mezquino— se coloque el interés nacional por encima de los intereses del gobierno y de los partidos. Necesitamos una Corte sólida y para la democracia; capaz de inyectar serenidad y estabilidad en un momento de crisis. Quienes realizarán las designaciones y, sobre todo, quienes serán designados, no pueden ignorarlo. No deben hacerlo.