Jorge Javier Romero Vadillo
Sin embargo
05/11/2015
Escribo sin conocer aún el resultado de la discusión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante que, de ser concedido, autorizaría a sus socios el cultivo de mariguana para su consumo personal sin fines comerciales. Con independencia de lo que decidan los ministros, hay un aspecto de la discusión que tiene especial relevancia para los derechos humanos: la no criminalización de los usuarios de mariguana y el reconocimiento de su derecho a consumir con base en el libre desarrollo de su personalidad.
Esta misma semana, en los Estados Unidos, por iniciativa del Presidente Obama, comenzó la excarcelación de infractores menores que estaban en prisión por delitos relacionados con pequeñas cantidades de mariguana u otras drogas y cuya peligrosidad social es baja o nula, mientras que el costo para el erario de mantenerlos en la cárcel resultaba ingente. La medida de Obama rectifica la ruta seguida desde tiempos de la presidencia de Ronald Reagan, quien impulsó la criminalización de los usuarios de drogas como medida para contener la demanda. Esa política se reflejó en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, que recomendó a los países signatarios la criminalización del consumo personal.
La declaración final del Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU sobre el Problema Mundial de las derogas (UNGASS) de 1998 puso de nuevo el acento en el control de la demanda al instar a los países a hacer reducciones significativas en el consumo para alcanzar un mundo libre de drogas. La estrategia adoptada en varios países para alcanzar los objetivos de la declaración no se basó en impulsar campañas de prevención y de tratamiento, sino en el encarcelamiento y la represión. Las penas por delitos de drogas se volvieron desproporcionadas en buena parte del mundo. Varios países mantienen hoy la pena de muerte por delitos de tráfico de sustancias psicoactivas y la posesión es castigada con dureza extrema.
En los Estados Unidos, las cárceles se llenaron de personas que habían cometido delitos menores de posesión de drogas. La inmensa mayoría de ellos han sido afrodescendientes o hispanos pobres, al grado de que las leyes contra las drogas se convirtieron en la nueva versión de las Jim Crow Laws, aquellas que se promulgaron en los estados del Sur norteamericano después de la guerra civil para restringir los derechos de los esclavos negros recién liberados y que estuvieron vigentes hasta que el presidente Johnson promulgó la Ley de los Derechos Civiles en 1964.
En México, contra lo que se suele decir, el consumo de drogas, especialmente el de mariguana, es penado con cárcel en muchos casos. Más del sesenta por ciento de los encarcelados en las prisiones federales por delitos contra la salud, lo están por posesión o transporte de cantidades pequeñas de mariguana. El cultivo para uso personal es tan penado como el cultivo para el comercio, al grado que tener una sola planta de mariguana en el balcón de la propia casa es considerado delito grave.
El gobierno mexicano suele alardear de que en el paquete de la mal llamada ley de narcomenudeo se descriminalizó el consumo, pues se estableció una tabla de umbrales en la Ley General de Salud que establece cantidades de portación de sustancias psicoactivas debajo de las cuales no se ejerce la acción penal contra quienes las posean. Sin embargo, los umbrales establecidos son ridículamente bajos y se han convertido en realidad en un marco para la extorsión, pues en automático poseer cualquier cantidad, por mínima que sea, por encima de lo establecido en la tabla, se convierte en delito de narcomenudeo. Un consumidor de mariguana que se provea de cinco gramos y medio o más, de inmediato pasa a ser considerado como delincuente aunque no se acredite su intención de vender.
De ahí la importancia de que en la discusión sobre la mariguana se haya puesto en el centro el tema del libre desarrollo de la personalidad como un derecho básico de las personas y que de concederse el amparo la Corte obligue a COFEPRIS a otorgar autorización para la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, aunque ésta no tenga efectos generales. El fondo del asunto es que se reconoce el derecho a consumir una sustancia psicoactiva y, por lo tanto, se da un paso relevante para la descriminalización efectiva de los consumidores.
Desde luego que el debate está apenas en un estado inicial, pues existen enormes resistencias a la regulación sensata de las drogas. Si bien entre la opinión publicada y la academia parece predominar una visión reformista que impulsa un cambio sustancial en la estrategia para administrar los consumos potencialmente peligrosos de sustancias psicoactivas, existen grupos importantes de la sociedad que se manifiestan por mantener la estrategia prohibicionista con argumentos que interpretan de manera sesgada la evidencia, como la Unión Nacional de Padres de Familia y otras organizaciones cercanas a la iglesia católica. No ha permeado en ellos la idea de que la peor manera de proteger a los niños y a los adolescentes de los consumos potencialmente dañinos es dejar el control del mercado de drogas en manos de los criminales que hoy lucran sin escrúpulos con ellas gracias a la prohibición.
Espero que cuando lean ustedes esta nota lo hagan junto con la noticia de que la primera sala de la Corte concedió el amparo a SMART y que el primer paso para avanzar a una regulación no prohibicionista de la mariguana en México se ha dado. Con ello se evitará mucho sufrimiento y mucha injusticia, aunque apenas se avance en el asunto mayor: quitarle el negocio de las drogas a los delincuentes para debilitarlos y poder combatirlos más eficazmente, para que los efectos no deseados del consumo de sustancias se aborden desde la salud y la educación y dejen de causar la tremenda violencia que hoy provocan.