Jorge Javier Romero Vadillo
Sin embargo
30/04/2015
Las drogas provocan anualmente la muerte de varios miles de personas en el mundo. Sin embargo, contra lo que la conseja popular suele repetir, la mayor parte de esas defunciones no las producen ni las sobredosis ni las intoxicaciones; no son resultado del consumo de las sustancias satanizadas por los prejuicios y la política pública errada. La gran mayoría de las muertes producidas por las drogas lo son debido a la prohibición y a la persecución policiaca o militar de su comercio y muchas son resultado de las condenas a muerte por delitos de narcotráfico.
El martes, en Indonesia, fueron fusilados ocho condenados por tráfico de drogas. Ciudadanos de Australia, Brasil, Nigeria y de la misma Indonesia que ni siquiera eran grandes narcotraficantes. El brasileño ejecutado, por ejemplo, no era más que una mula que llevaba algo de droga escondida en una tabla de surf y se pasó diez años en el corredor de la muerte. No fueron suficientes ni las presiones internacionales ni las protestas locales para que no se aplicara una de las leyes más severas de prohibición del tráfico de estupefacientes del planeta.
Aquí en México se conoce bien el caso de los tres hermanos sinaloenses condenados a la horca en Malasia. Fueron detenidos en una fábrica de metanfetaminas y aunque ellos arguyen que eran meros trabajadores de limpieza, los tribunales malayos han decidido su ejecución; los recurso judiciales para intentar salvarlos de la muerte se han agotado y sólo queda la posibilidad de clemencia del sultán local.
Las leyes prohibicionistas de los países asiáticos y de mayoría musulmana son extremadamente severas y en muchas de ellas se incluye la pena capital por delitos de tráfico incluso de pequeñas cantidades de drogas, lo que implica una exagerada desproporción entre los delitos cometidos y las penas. Estás legislaciones draconianas se han desarrollado al amparo del sistema internacional de control de drogas, por más que la ONU condene las ejecuciones. Es el clima de histeria colectiva generado en el mundo a partir de la década de 1970, en buena medida debido a la política de los Estados Unidos, lo que ha llevado a diverso países a desarrollar castigos sanguinarios a los traficantes, junto con tratamientos forzosos de nula eficacia, que violan derechos fundamentales y aniquilan la dignidad de los usuarios de sustancias, pero reciben el espaldarazo de las agencias de la ONU encargadas de vigilar la aplicación de la prohibición.
En México la Constitución excluye la pena de muerte por cualquier delito. Se supondría, entonces, que no existen ejecuciones como las de Indonesia. Es verdad que no se hace público el fusilamiento de traficantes, pero no son excepcionales los casos, como el muy conocido de Tlatlaya, donde las fuerzas armadas han ejecutado extrajudicialmente a presuntos traficantes en supuestos enfrentamientos donde el índice de letalidad de las acciones del ejército o la marina resulta sospechosamente alto, pues suele haber muchos más muertos que heridos o detenidos.
La razón argüida de esta persecución implacable al comercio de drogas es el peligro que se le atribuye a las sustancias prohibidas por los tratados internacionales. La guerra contra las drogas se ha librado en nombre de la protección de la salud de las sociedades amenazadas por unos delincuentes sin escrúpulos, capaces de provocar adicciones tremendamente dañinas con tal de obtener ganancias desmedidas. Sin embargo, si se ven con cuidado los efectos sobre la salud que realmente provocan las sustancias perseguidas, salta a la vista que podrían ser mucho mejor manejados desde la política de salud que desde la persecución criminal.
¿Cuántas muertes ha habido por consumo de cocaína o heroína en México durante los últimos ocho años, desde que se exacerbó el combate al narcotráfico? Unos cuantos cientos, muchas de las cuales se pudieron haber evitado simplemente con un adecuado manejo sanitario de las sustancias y si los consumidores no estuvieran condenados al estigma y la marginación. La mariguana, que es la sustancia más consumida y, por tanto, la más traficada, nunca ha causado directamente una sola víctima mortal. En cambio, son varias decenas de miles las muertes provocadas por la persecución desatada al tráfico y muchas de esas son directamente atribuibles a la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, por más que se difunda que se trata del resultado de enfrentamientos “por el control de la plaza”.
Sin duda es indispensable frenar la mortalidad provocada por las drogas. Para ello, lo primero que hay que detener es la guerra declarada hace ya más de cuarenta años y que ha resultado una de las políticas públicas más desastrosas de la historia de la modernidad. Dentro de un año, en abril de 2016, se llevará a cabo el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU dedicado a discutir el tema de las drogas (UNGASS 2016). Ese debe ser un espacio para impulsar la abolición de la pena de muerte —oficial o extraoficial— por delitos de narcotráfico y para que se den los primeros pasos rumbo a la reforma de un sistema internacional de control absolutamente fallido que ha generado muchos más problemas que los que pretende resolver.